Pronunciamiento: Rechazamos el intento de vacancia presidencial por adolecer de vicios de nulidad insalvables

Ante la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, cuyo debate y votación se realizará el  viernes 18 de setiembre, el Instituto de Defensa Legal considera que este pedido adolece de un vicio de nulidad. También consideramos que la verdadera motivación no es más que la convergencia de intereses subalternos, que no tienen que ver con las necesidades reales de un país que hoy afronta su peor crisis sanitaria.   

1. Estamos ante un ejercicio de poder de facto porque se busca ejercerlo al margen de la Constitución y el  ordenamiento jurídico. Toda decisión adoptada por las instituciones del Estado, debe estar fundamentada, motivada y acorde con el interés público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cada vez que alguna autoridad del Estado desee ejerce poder sancionador, deberá aplicar las garantías del debido proceso.

2. Creemos, firmemente, que es necesaria una investigación de los hechos que se le atribuyen al presidente de la república, pero asimismo consideramos que llevar a cabo un proceso de vacancia presidencial, sin tener en consideración los principios de taxatividad y de debido proceso, vulnera la democracia y los principios e ideales sobre los cuales se construye un Estado Constitucional de Derecho.

3. El concepto de “permanente incapacidad moral”, establecido en el artículo 113 de la Constitución, que fundamenta el pedido de vacancia,  no define con precisión qué debe entenderse por tal tipo de incapacidad. Por tal razón, no existe un parámetro claro y preciso que indique cuando se configura este tipo de incapacidad. Esta ambigüedad resulta incompatible con el llamado principio de taxatividad, cuyo objetivo es proteger del ejercicio abusivo del poder sancionador.

4.  Los principios de taxatividad y de ley previa, reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, establecen que nadie puede ser sancionado por una conducta que no se encuentre previamente establecida en la ley, y que la conducta a sancionarse se encuentre clara e inequívocamente descrita. El Tribunal Constitucional también ha señalado que las garantías del debido proceso se aplican a todo tipo de procesos, sean judiciales, administrativos o políticos. 

5. De igual manera, el principio de taxatividad es una garantía indispensable del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, sin la cual todo proceso judicial, administrativo o político o de cualquier otro tipo, deviene en injusto; y cuya violación ocasiona la nulidad, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 31 de nuestra Constitución.

6.  La ambigüedad e imprecisión existente en relación al concepto de “incapacidad moral” como causal de vacancia presidencial, ha llevado a que el Tribunal Constitucional requiera al Congreso, regular su contenido.

7. Exhortamos al Congreso a deponer sus intenciones de vacancia presidencial, y al presidente de la república, a someterse a las investigaciones que sean necesarias, a fin de garantizar la democracia y gobernabilidad del país.