Propuestas a tomar en cuenta por las nuevas autoridades a cargo de la Seguridad Ciudadana

Desde el IDL consideramos que este proceso de transformación debe empezar con ideas muy claras y efectivas sobre la seguridad ciudadana a nivel nacional. Por ello, ponemos a disposición de quien asuma en el nuevo gobierno esta tarea  los puntos fundamentales comprendido en el análisis desarrollado en el Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2020. 

Recomendaciones:

– El fortalecimiento de las instituciones políticas, los poderes del Estado y entidades autónomas es imprescindible para construir confianza en la ciudadanía. En un país que no puede sostener la gobernabilidad en mínimos imprescindibles, se pueden producir vacíos de autoridad aprovechados por quienes transgreden la ley. Por ello, es importante establecer una conexión entre la estabilidad política y la transparencia del Estado con los problemas de la seguridad ciudadana. También es importante mejorar los canales de comunicación  y la imagen del Estado y sus organismos de seguridad pública. Esto solo es posible mediante un acercamiento a la ciudadanía más comprometido y menos represivo.

– Resulta imprescindible potenciar la lucha contra los delitos que vienen teniendo alta incidencia en tiempos de pandemia, a pesar de que ha habido un relativo retroceso de la delincuencia por la inmovilización social. Por ello, resulta necesario diseñar nuevas estrategias para combatir las nuevas modalidades del ciberdelito, la estafa, la usurpación, etcétera. La migración delictiva de la criminalidad exige que la Policía tenga mayores recursos, sumado a una mayor capacidad de comunicación con la ciudadanía para prevenir el delito.

– El incremento de la violencia contra las mujeres se ha hecho evidente en tiempos de pandemia. El subregistro de casos denunciados puede resultar preocupante si se le compara con otros canales de denuncia. Por ello, resulta imprescindible un acercamiento a la ciudadanía, desde una estrategia de prevención, así como la disuasión de estos delitos. Es importante incidir en un trabajo de campo promovido por comisarios, policías comunitarios y los propios CEM, triangulando esfuerzos con la población y sus organizaciones de base (como las  juntas vecinales), que son las que conocen sus barrios.

El nuevo gobierno debe tomar posición en torno al Plan Mariano Santos 2030 y las Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú que fueron elaboradas durante el gobierno del presidente Sagasti,como consecuencia de las irregularidades cometidas por las fuerzas policiales durante las marchas de noviembre de 2020. Nuestra recomendación es que el nuevo gobierno asuma la implementación de estas bases y fortalezca los componentes vinculados a la relación entre la Policía y la comunidad.

Fortalecer y garantizar la sostenibilidad de los programas emblemáticos del sector Interior y de la Policía: la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) del MININTER y la Estrategia Institucional Vecindario Seguro de la PNP. Ambos programas han presentado resultados variados en los últimos años, pero tienen bastante potencial y espacio para optimizar su impacto.

Fortalecer y expandir el Programa de Cárceles Productivas (Decreto Supremo N.º 025-2017-JUS). Asimismo, se deben considerar mejoras a la política penitenciaria del país que permitan reducir el hacinamiento extremo que existe en el sistema a través de alternativas como la masificación de grilletes electrónicos para personas sin condena y con imputaciones por delitos leves.

Prevención contra la delincuencia y el papel de las organizaciones comunitarias

1.- La prevención del delito y la participación de la población son puntos muy importantes que debemos tener en cuenta para poder hacerle frente a la inseguridad y la violencia que se vive en las calles.

La “mano dura” y  la represión son propuestas inconclusas o vacíos que no alcanzarían a sostenerse en el tiempo. En ese sentido, creemos importante tener en consideración algunos puntos sobre la participación de la ciudadanía y la prevención del delito.

La prevención debe enfocarse en tres niveles:

a) Combatir las causas garantizando condiciones básicas de vida a través de la educación, el trabajo y el bienestar social, así como la prevención temprana de la violencia familiar.

b) Evitar la reproducción de prácticas delictivas y violentas de grupos de riesgo a través de programas de atención a jóvenes en riesgo, atención de niños y niñas en situación de abandono, programas de empleo, programas lúdicos y deportivos, formación de grupos de seguridad y la recuperación e incentivación del uso de espacios públicos.

 c) Fortalecer las políticas de seguridad que deben ser integrales. Se debe trabajar estrategias orientadas a la prevención, reinserción y resocialización de personas que hayan cometido delitos para evitar su reincidencia y discriminación social.

2. Promover la participación ciudadana como una política pública es una alternativa viable, legítima y oportuna que permitirá a la ciudadanía contribuir decididamente a mejorar la seguridad a la que aspiran todos los ciudadanos.  Deben participar en la identificación, planificación, prevención, solución y fiscalización de la inseguridad ciudadana.

Los representantes de las juntas vecinales y las rondas campesinas deberían ser miembros del Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana y  de cualquier tipo de planes y proyectos que vinculen sus funciones de seguridad. Además, se les debería tomar en cuenta para fiscalizar las funciones de la policía y los gobiernos locales en las tareas de seguridad ciudadana.

Se debe contar con escuelas de formación y fortalecimiento de capacidades para las juntas vecinales, rondas campesinas y colectivos ciudadanos, que sirvan como elementos para mejorar sus liderazgos y emprendimientos, así como capacitarlos en temas de democracia, derechos humanos, participación ciudadana, políticas públicas, programas sociales, prevención del delito, igualdad de género, factores de riesgo, espacios públicos e inteligencia vecinal.

3.- La prevención de delito debe combatirse de manera intersectorial y sin duplicar esfuerzos, por medio del trabajo conjunto de alcaldes, comisarios con vocación comunitaria y la participación activa de agentes sociales, así como la participación del Ministerio de Justicia, Ministerio Publico, Educación, de la Mujer, Salud, Cultura y el IPD. Estas disposiciones deben ser propuestas mediante lineamientos de políticas públicas dirigidas por el Ejecutivo, pero contemplando las dinámicas territoriales y la capacidad de los agentes de cambio locales.

A problemas locales soluciones locales: las municipalidades deben generar programas de rehabilitación y recuperación urbana de carácter inclusivo para que la ciudadanía tome el control de los espacios públicos y eliminen a los factores e individuos que generan inseguridad. Así mismo debe promoverse políticas de incentivos como el descuento en el pago del impuesto predial y arbitrios para los vecinos que participen de manera activa en estas tareas.

Contar con una policía más cercana al ciudadano (policía comunitario), especializada en la investigación y, sobre todo, en la prevención de la violencia y el delito. Además, que esté dispuesta a rendir cuentas a la ciudadanía.

Reforzar las Oficinas de Participación Ciudadana con policías comunitarios, entre ellos mujeres, fortalecer programas y talleres preventivos enfocados a niños, niñas, adolescentes y mujeres en riesgo de violencia.

La principal estrategia que deben contener las políticas públicas de seguridad ciudadana que se diseñen y ejecuten durante los próximos años deben considerar la ciudadanía como agente de cambio, ya que es ella quien conoce su problemática y es la más interesada en que se les dé solución.

El gran reto de cualquier gobierno que quiera construir un país seguro es integrar de manera funcional y estratégica las experiencias y conocimientos que han brindado las juntas vecinales, las rondas campesinas, colectivos ciudadanos y voluntarios que apuestan por el país.

 Mejorar la distribución del presupuesto para la seguridad ciudadana a fin de aminorar las desigualdades sociales entre regiones y a nivel distrital, tomando en cuenta los indicadores de inseguridad. Igualmente, capacitar a las autoridades correspondientes para hacer efectivo su manejo de gasto y no retornen elevados porcentajes de su presupuesto anual.

 Exigir a las autoridades municipales que empleen estrategias de prevención del delito y la delincuencia a través de programas integrados que promuevan la cultura, el deporte y la recreación en espacio públicos a través de la coordinación de sus diversas gerencias y en coordinación con los ministerios correspondientes y la Policía Nacional del Perú.

 Exigir la capacitación de policías y serenos para mejorar la interacción con la ciudadanía en casos de infracciones, no a través de la violencia directa y el trato jerárquico, sino mediante acciones que reconozcan los derechos civiles y el respeto que se merece toda persona. Para ello debe implementarse capacitaciones obligatorias e incentivos que motiven a policías y serenos. 

 Crear un sistema único de videovigilancia que pueda estar interconectado a nivel local, distrital, nacional con la finalidad de que tanto la policía con serenazgo pueda trabajar de manera conjunta para combatir y prevenir los actos delictivos.