Proyecto de carretera Urakuza-Huampami genera preocupación en El Cenepa
Las comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui, ubicadas en el tramo de la carretera que atraviesa los centros poblados de Urakuza y Huampami, en los distritos de Nieva y El Cenepa, en la región Amazonas, manifiestan que “uno de los impactos de esta obra es que puede fomentar las economías ilegales que ya existen en la zona como el tránsito de mineros ilegales y el ingreso de insumos para la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal”.
Estas preocupaciones las expusieron en la reunión en la que participaron el alcalde de Condorcanqui, Héctor Orlando Requejo, el alcalde de El Cenepa, Carlos Alberto Yagkikat, el alcalde de Imaza, Celio Montenegro Castañeda, los Apus de las comunidades nativas de El Cenepa, dirigentes de las Organizaciones del El Cenepa, y entes del Estado, como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Provías Descentralizado.
El presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Hortez Baitug, señaló que la primera consulta previa que se realizó no fue adecuada, pues no solo ellos no participaron, sino que no hubo un estudio que transparente los impactos. La información en el estudio de preinversión está desactualizada y no cuenta con un estudio de factibilidad.
Igualmente, la abogada del IDL, Rocío Meza, que estuvo en la reunión, afirmó que “la consulta que se llevó a cabo no cumplía con los estándares que establece la legislación internacional relativa a la consulta previa de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el proceso se debe volver a iniciar”.
Entre los acuerdos que tomaron estuvo la conformación la mesa técnica multisectorial que coordinará el inicio de una nueva consulta previa de este proyecto, en la que participará el Gabinete Indígena Awajún Wampis e Hispano, que cuenta con la presencia del Ministerio de Cultura. Además, coordinarán reuniones con el Ejecutivo y Legislativo en Lima y Condorcanqui, e integrar a la Mesa Técnica a la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, y la Contraloría General de la República.
Foto: CooerAcción