Pueblos Shipibo y Kakataibo plantean al Estado medidas urgentes para frenar la violencia contra defensores indígenas
Pucallpa, 28 de agosto de 2025. En un contexto de amenazas constantes por defender su territorio, organizaciones de los pueblos Shipibo Konibo y Kakataibo dieron a conocer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), mediante un oficio, lo que consideran un plan de emergencia: doce propuestas concretas para prevenir y proteger a defensores indígenas de derechos humanos en la región Ucayali. La comunicación se da luego de que, el 9 de julio pasado, en Pucallpa, representantes de comunidades consiguieran que el MINJUSDH se comprometiera a trasladar sus demandas a las entidades competentes.
El documento, además, firmado por el Consejo Shipibo Konibo Xetebo (COSHIKOX), la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo Konibo (ORGI) y la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (GIPKAP), con el acompañamiento técnico del Instituto de Defensa Legal (IDL), llega en un momento de enorme vulnerabilidad. Desde 2020, seis líderes kakataibo han sido asesinados y decenas de comunidades denuncian invasiones, amenazas y criminalización judicial por defender sus territorios.
Frente a ello, las propuestas presentadas buscan cerrar la brecha entre los compromisos oficiales y la realidad en los territorios. Una de las principales apunta al Ministerio del Interior: aprobar de una vez el Protocolo de Actuación Policial para la protección de defensores, pendiente desde hace años, y frenar la práctica de prefecturas y subprefecturas que, en lugar de proteger a las comunidades, terminan otorgando garantías a favor de quienes las amenazan. También exigen identificar y reforzar comisarías en puntos críticos como Callería, Yarinacocha o Aguaytía, crear nuevas bases en lugares de alto riesgo como Utiquinía, y asegurar que los policías reciban formación en derechos indígenas y pluralismo jurídico.
El paquete de medidas, sin embargo, no se limita al ámbito policial. Las organizaciones piden instalar puestos de salud en comunidades marcadas por la violencia, acelerar el saneamiento físico-legal de los territorios para evitar superposiciones con terceros y, en paralelo, articular una mesa multisectorial encabezada por el propio MINJUSDH que garantice la implementación de las medidas de protección otorgadas en el marco del Mecanismo Intersectorial a comunidades como Flor de Ucayali, Unipacuyacu, Yamino y Sinchi Roca I.
La carta también reclama acciones de justicia y transparencia: un informe detallado del Ministerio Público sobre el estado de las investigaciones por asesinatos y amenazas contra defensores, especialmente en el pueblo Kakataibo; y visitas multisectoriales que no se limiten a diagnósticos, sino que visibilicen y respalden a los defensores incluso cuando enfrentan procesos penales por su labor de resistencia.
Asimismo, otro bloque de propuestas apunta a fortalecer las capacidades comunitarias. Las organizaciones sugieren que Devida adapte sus proyectos de desarrollo alternativo con enfoque intercultural, sin que la burocracia municipal sea un obstáculo, y que se promueva un convenio interinstitucional entre el Gobierno central, el Gobierno Regional de Ucayali y las guardias indígenas para intercambiar información y articular estrategias de protección.
Finalmente, plantean que el Consejo Regional de Ucayali apruebe una ordenanza que reconozca oficialmente a las guardias Shipibo Konibo y Kakataibo como actores legítimos en la prevención de conflictos y en la defensa del territorio.
Cabe resaltar que todos estos pedidos forman parte de la reciente publicación ¿Cómo proteger en serio a las comunidades y organizaciones indígenas en peligro que defienden los derechos humanos? Reflexiones y propuestas para fortalecer la Mesa Regional de Ucayali, elaborada por Álvaro Másquez Salvador, responsable del Observatorio para defensores indígenas de derechos humanos del IDL, y disponible en este enlace.
“Nuestra solicitud se fundamenta en los derechos fundamentales a la petición y a la participación en la vida política del país que reconocen la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, en lo acordado políticamente por los representantes del sector Justicia y Derechos Humanos, otras entidades estatales e internacionales y las propias organizaciones indígenas y de la sociedad civil que participamos en la última sesión plenaria de la Mesa Regional de Ucayali, que se realizó en la ciudad de Pucallpa el pasado 9 de julio”, sostienen las organizaciones en su carta.
Ahora, se espera que el MINJUSDH cumpla con trasladar los pedidos a las entidades correspondientes, de acuerdo a sus competencias. Las organizaciones indígenas de los pueblos Shipibo y Kakataibo se mantendrán vigilantes para evitar que la violencia siga cobrando más vidas en la Amazonía.