¿Puede el jefe del INPE  incumplir la sentencia del TC y no liberar a Fujimori?

¿Puede el jefe del INPE  incumplir la sentencia del TC y no liberar a Fujimori?

Juan Carlos Ruiz, Área de litigio Costitucional IDL

Consideramos que sí puede y que debe incumplir la sentencia del TC. En otras palabras, el jefe del INPE debe inaplicar normas, sentencias y evitar tomar decisiones, cuando estas colisionan con sentencias de la Corte IDH y con estándares fijados por la Corte IDH en su jurisprudencia, sobre pueblos indígenas, y en general sobre derechos humanos. Esto se llama control de convencionalidad.

¿Qué es el control de convencionalidad?

Todos sabemos que los jueces nacionales son también jueces de convencionalidad, es decir, son jueces que pueden y deben inaplicar normas y actos administrativos que vayan contra tratados internacionales de derechos humanos y contra la jurisprudencia de la Corte IDH. Esto está claro desde la sentencia Almonacid de la Corte IDH. (Ver Corte IDH, Almonacid Arrellano vs Chile, párr. 124.)

La Corte ha definido el control de convencionalidad de la siguiente manera:

“i) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte.

  1. ii) Debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública.

iii) Su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada autoridad. Por tanto, su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH.

  1. iv) La obligación que está siempre presente tras el control de convencionalidad es la de realizar un ejercicio hermenéutico que haga compatibles las obligaciones del Estado con sus normas internas.
  2. v) Es baremo de convencionalidad la normativa internacional y la jurisprudencia de la Corte IDH, tanto contenciosa como consultiva.
  3. vi) La obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios del derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales del Estado asumidas al momento de hacerse parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” .

 El control de convencionalidad lo deben hacer no solo los jueces si no todos los funcionarios públicos que no son jueces.

El fundamento de esta obligación la encontramos en dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de conformidad con el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, es vinculante para el Estado peruano.

Nos referimos a los casos de la Corte IDH Cabrera García y Montiel Flores contra México, 2010 (párrafo 225) y en el caso Gelman contra Uruguay, 2011 (párrafo 239).

“La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana 297. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” (supra párr. 193), que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alia, que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley”. (Corte IDH, caso Gelman contra Uruguay, 2011, párrafo 239).

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