¿Qué le espera al sector Interior luego de la crisis?
Stefano Corzo/ IDL- Seguridad Ciudadana
El viernes pasado se cumplieron exactamente seis meses desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del país. Seis meses que lejos de ser la luna de miel prometida se asemejaron más a un divorcio lleno de infidelidades, fracasos y disputas por la tenencia de los hijos. La última traición —quizás la que determino el final inevitable de la relación— fue la renuncia del exministro del Interior, Avelino Guillén, ese mismo viernes.
Durante semanas, el exministro Guillén tenía una conversación pendiente con el presidente Castillo. Una conversación que para cualquier relación resulta incomoda y movilizadora: ¿existe otra persona?
La pregunta que rondaba la cabeza del exministro había sido objeto de reportajes e informes en diferentes medios de comunicación por casi meses. Guillén seguramente sabía la respuesta, pero esperaba la oportunidad de confrontar directamente al presidente antes de tomar una decisión con respecto a su cargo; como quién necesita mirar a los ojos de la otra persona para saber si la mentira es verdadera y así poder dar resolución al asunto.
Ahora sabemos que este escenario nunca se dio. El presidente Castillo hizo todo lo posible para evadir la desagradable conversación que le esperaba y Guillén terminó renunciando.
Lo que vino después es la noticia del momento. El tercer gabinete conformado por el presidente es el peor de todos. Una verdadera manifestación de lo que sabíamos también representaba Castillo: un populismo que no termina de ubicarse entre el pragmatismo y la improvisación política mezclado con una peligrosa dosis de un conservadurismo digno de los sectores más religiosos y patriarcales de nuestra sociedad.
Pero la crisis política que actualmente atraviesa el país empezó en el sector Interior. Un sector que, durante los últimos años, atraviesa también una crisis interna. Por ello, vamos a repasar brevemente los principales sucesos recientes de esta cartera.
Una ola delincuencial azota Lima y otros cuentos
Desde hace varios meses, uno de los temas que más ha llamado la atención de los medios y de la opinión pública ha sido la situación de la seguridad en Lima Metropolitana.
Incluso antes del ingreso de Avelino Guillén a la cartera del Interior se debatía la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en las labores de control y vigilancia. De hecho, una de las últimas acciones en el vergonzoso paso del exministro Luis Barranzuela por el MININTER fue la aprobación de la Resolución Suprema N.º 191-2021-IN, que “Autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden Interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones a las Regiones Policiales de Lima y Callao”.
Luego de asumir el cargo a inicios de noviembre del año pasado, el nuevo ministro Guillén fue invitado a una mesa de trabajo organizada por el exministro de Defensa, Walter Ayala. El objetivo de la mesa era buscar la ratificación de la Resolución Suprema N.º 191-2021-IN. Esto nunca ocurrió.
Lo que sí sucedió, sin embargo, fue la cantaleta en coro de un conjunto de medios de comunicación que reclamaban a las autoridades hacerse cargo de los problemas de la inseguridad en distintas partes de la capital. Diariamente, los noticieros difundían titulares como “Crece ola de delincuencia en Lima” o “¿Lima y Callao en emergencia por ola de delincuencia?”.
El propio alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, se presentó ante el Congreso a inicios de año para solicitar que se declaré en estado de emergencia a su distrito y se convoque a las Fuerzas Armadas para que puedan apoyar en las labores de seguridad allí.
La pregunta cae por su propio peso: ¿estamos realmente inmersos en una ola delincuencial sin precedentes?
Los datos, al menos aquellos suministrados por el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), parecen indicar lo contrario.
Fuente: PNP, 2019, 2020 & 2021. Elaboración propia.
De acuerdo al SIDPOL, el registro de denuncias de delitos para Lima Metropolitana en la totalidad del 2021 es mayor al 2020, pero menor al 2019. Es decir, conforme se han ido flexibilizando las restricciones impuestas al inicio de la crisis sanitaria la criminalidad se ha ido regularizando con sus niveles prepandemia. Pero, incluso así, en ningún mes del 2021 se han alcanzado los niveles del 2019.
La cifra negra en el Perú, vale decir, la totalidad de delitos que ocurren, pero no son denunciados por diversos motivos es históricamente alta. Es lógico pensar que la pandemia de la COVID-19 elevó esta cifra de manera considerable, sobre todo, por el temor al contagio que podía ocurrir cuando una persona debía acudir físicamente a una comisaría para presentar una denuncia. No obstante, con las restricciones de movilidad impuestas (principalmente la cuarentena y el toque de queda) no es descabellado pensar también que estos factores contribuyeron a disminuir las incidencias delictivas, más aún en el caso de los delitos patrimoniales que son los más comunes en el país.
Esta explicación, no obstante, no parece hacerle justicia al reclamo válido de ciudadanos y ciudadanas que ven su bienestar diario afectado por la violencia y el crimen. Pero si los indicadores nos indican lo contrario, ¿entonces dónde radica el problema?
El infiltrado
Durante la ceremonia de reconocimiento de Javier Gallardo como comandante general de la PNP en setiembre del año pasado, el otro exministro del Interior, Juan Carrasco, declaró lo siguiente:
“Los cambios en el alto mando policial se hicieron respetando el cuadro de méritos y la institucionalidad de la Policía Nacional. Debemos empoderar y seguir fortaleciendo a la PNP y junto al nuevo comandante general haremos un buen trabajo”.
En los seis meses iniciales del gobierno de Pedro Castillo, hemos tenido tres ministros del interior, pero un solo comandante general. Si bien, este dato no es alentador, la permanencia de una autoridad en la cima de la Policía debería haber significado cierta estabilidad en la institución: la posibilidad de trazar un horizonte a corto y mediano plazo para definir el norte a seguir. Lamentablemente, con Gallardo al mando de la PNP, la historia parece algo completamente opuesto.
La fase inicial de la gestión de Gallardo fue discreta. El problema y posible punto de partida de la crisis actual en el sector se produce con el proceso anual de ascensos e invitaciones de pases al retiro iniciado en diciembre del año pasado para la institución policial. La lista presentada por el comandante general al nuevo ministro del Interior de entonces, Avelino Guillén, incluía una serie de recomendaciones cuestionables en todo sentido.
Algunos de los generales más reconocidos de la institución policial habían sido recomendados para pasar al retiro sin ningún tipo de fundamento por parte de Gallardo. Pese a las reiteradas observaciones impuestas por Guillén a la lista de Gallardo, este último insistió en los cambios. Su persistencia, ahora sabemos, se basaba en la estrecha relación que guarda con el presidente Pedro Castillo, cuyo respaldo hacía el excomandante general de la PNP parecía absoluto.
Pero la historia no termina allí. Entre setiembre de 2021 y enero del presente año la comandancia general de la PNP supuestamente ordenó el traslado de más de 1700 policías (en su mayoría suboficiales) para que pasen de dependencias importantes como la DIVIAC, pero también de las comisarias y unidades de control y prevención de las regiones policiales Lima y Callao a direcciones especializadas como la Policía de Carreteras. Esta orden de “resignación” o “cambios de colocación” de personal policial no tiene precedentes en la institución. Su efecto, como podría suponerse, ha sido el desmantelamiento progresivo del aparato policial destinado al resguardo de la seguridad en la capital.
Es decir, podríamos estar ante un escenario donde los problemas de la inseguridad en la capital no se agudizaron por culpa de la delincuencia, sino de la propia policía. Mejor dicho, del jefe absoluto de la Policía.
Las plataformas periodísticas que revelaron esta grave situación —IDL-Reporteros y el Semanario Hildebrandt en sus trece, respectivamente— sostienen según las fuentes citadas que se habría generado un mercado ilegal de pases dentro del aparato del departamento de Movimiento de Personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía. En algunos casos, la recolocación de un suboficial habría costado alrededor de 5 mil soles. Lo más escandaloso aún es que los sobornos se habrían extendido también al proceso de ascensos del año pasado. El exsubcomandante general de la PNP, Javier Bueno, fue citado a la Comisión de Defensa del Congreso el viernes pasado para explicar la denuncia que hizo en su respectivo momento, alegando que en el caso de algunos oficiales habrían pagado hasta 25 mil dólares por ascender del grado de coronel a general.
El 31 de enero, en medio de la resaca política ocasionada por todos los cambios y movimientos de la última semana el Gobierno de Pedro Castillo dio por concluida la designación de Javier Gallardo al mando de la PNP. Solo el tiempo nos dirá si seis meses son suficientes para destruir por completo a una institución.
El monstruo de dos cabezas
La confrontación abierta que protagonizaron las personas al mando del MININTER y la PNP respectivamente a lo largo de los últimos meses son una prueba fehaciente de que el modelo bicéfalo que, en la práctica ha seguido esta cartera, es insostenible. El sector tiene la capacidad latente de, en cualquier momento y bajo las condiciones adecuadas, convertirse en un monstruo de dos cabezas.
La designación de Alfonso Chavarry, coronel de la Policía en situación de retiro, como el cuarto ministro del Interior en la era Castillo no es alentadora. Chavarry ha ocupado diversos cargos como la Dirección General de Seguridad Ciudadana del MININTER, ha sido gerente de Control y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y también ha sido jefe de la Región Policial Cajamarca, de donde es oriundo. Pero tan amplia como su experiencia son los cuestionamientos que ya pesan en su contra.
Por su parte, ante la destitución de Gallardo, el alto mando de la Policía ha sido reconfigurado una vez más. Dos de los generales que habían sido parte de la lista de Gallardo para ser invitados al retiro han asumido los puestos más altos de la institución: el teniente general PNP, Vicente Tiburcio Orbezo, es el nuevo comandante general (antes director de la Dirincri) y el teniente general Miguel Lostaunau Fuentes asumirá como estado mayor general (antes director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial).
Y pensar que la actual crisis fue originada, en parte, por un intento de pasar al retiro a los generales que ahora asumen los altos mandos de la institución policial es algo que todavía resulta indescifrable de comprender.
Los cambios suscitados en el sector se producen en el contexto de la declaratoria de un estado de emergencia en Lima y Callao que es el fantasma de la Resolución Suprema del año pasado que nunca se ratificó. Según el decreto supremo N.º 012-2022-PCM las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policía en el mantenimiento del control interno. Además, contempla también la suspensión de una serie de derechos constitucionales.
Si, como dicen algunas personas cercanas al entorno del presidente, existen dos Pedro Castillo entonces existe la posibilidad de que también hubiera dos Avelino Guillén.
La respuesta de la comunidad policial a los cambios en el sector es una llena de suspicacia. En redes, algunos de sus miembros jocosamente hacen referencia a que en la PNP no hay suficiente presupuesto para cambiar el cuadro de honor tan seguido. Aquella placa visible en entidades como comisarías y direcciones policiales que usualmente reposa en alguna pared y lista los nombres del alto mando de la institución.
En la película Tiburón de 1975, el protagonista le hace una observación a uno de los miembros de su tripulación luego de que estos se hayan aventurado mar profundo en búsqueda de la temible bestia marina. Al divisar, por primera vez, la magnitud y peligro que representa la criatura le dice, con pavor, al capitán de la embarcación: “Necesitará otro barco más grande”.
Considerando la incertidumbre que abunda en estos días, así como los cambios que seguramente vendrán en el sector, quizás sea el momento que la comunidad policial comience a considerar una alternativa similar.
Fuente de foto: EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (EUROPA PRESS).