¿Qué pasa con el juicio oral del caso Violaciones en las Bases Militares de Manta y Vilca?

Hace más una año se inició un segundo juicio oral contra 13 militares del Ejército peruano que -conforme a la acusación fiscal – entre los años de 1984 a 1995, violaron a nueve pobladoras de las localidades de Manta y Vilca, ubicadas en el departamento de Huancavelica, en el marco de una nefasta política contrasubversiva,

El IDL ejerce la defensa legal de seis agraviadas. Por ello le pedimos al abogado Juan José Quispe un balance del juicio oral, que preside el tribunal conformado por los magistrados René Martínez Castro (presidente), Edhin Campos Barranzuela (director de debates) y Hanz Contreras Cuzcano.

“Lo positivo, de acuerdo a mi evaluación, fueron tres decisiones que tomó este tribunal : que el juicio sea público, a petición de las propias víctimas; que reciban un acompañamiento psicológico durante sus declaraciones en  el juicio; y que sus testimonios puedan ser escuchados en el quechua de la región Huancavelica, utilizando a intérpretes para las traducciones”.

El abogado del IDL considera que el tribunal actuó de manera acertada cuando se comprometió a respetar la perspectiva de género y el derecho a la igualdad y no discriminación de las víctimas.

Añade: “En el transcurso de juicio ha sido importante que se nos haya permitido a las partes interrogar sobre el contexto de los hechos.

Además, se ha respetadoel derecho a probar, sobre todo de la Fiscalía y de la parte civil. Se ha tenido el cuidado de no exponer a las víctimas a sus agresores”.

Le preguntamos a Juan José Quispe sobre lo negativo en este nuevo juicio oral: “Como consecuencia de la nueva estrategia desplegada por los abogados de los acusados, que persistentemente cuestionaban las decisiones iniciales del tribunal y la ofensiva feroz por sacarlos del caso vía recusación sin fundamento alguno, el tribunal tomó una decisiones con las que no estoy de acuerdo para ‘equiparar la balanza’”, explica.

A continuación explicamos los seis objeciones del abogado:

1.- Aceptó una avalancha de testigos presentados por la defensa de los acusados, muchos de los cuales son cuestionables, como convocar al expresidente Alberto Fujimori Fujimori para que declare que “nunca dispuso” una política de abuso de los derechos humanos de las victimas. ¿Cómo se llama a declarar a alguien que ha sido condenado por delitos con la categoría de lesa humanidad?

2.- Les permitió a los abogados de los acusados que cuestionen las preguntas formuladas por la parte civil y el Ministerio Público, que les parecían repetitivas, cuando se trata de preguntas de precisión y de contexto histórico.

3.- Están tratando a los acusados es como si fueran testigos. Les permitieron que solo acuda un grupo de acusados, porque el resto vive en lugares alejados, cuando la obligación procesal es que todos están obligados a asistir a cada una de las audiencias programadas.

4.- Les hacen preguntas que en muchos casos no van al fondo de la acusación fiscal –la violación sexual-,  sino  a corroborar un presunto “noviazgo”  entre los acusados y las agraviadas, como si se estuvieran inclinando a aceptar la absurda teoría planteada por la defensa de los imputados.

5.- No cumplen con otorgarle la necesaria celeridad al proceso, y esto obstaculiza el proceso de uno de los casos emblemático de derechos humanos. La situación se agrava porque lamentable una de las agraviadas padece una grave enfermedad, y quizás no pueda alcanzar justicia al final del proceso.

6.- No están cumpliendo con los horarios de inicio de las audiencias, ni con el tiempo de tres horas por audiencia establecido al inicio por ellos mismos.