¿Quién es José María Balcázar Zelada, el presidente de la Comisión Especial del Congreso que elegirá a los miembros del Tribunal Constitucional?

La elección del Tribunal Constitucional está en marcha. En la madrugada del 17 de setiembre, la propuesta del reglamento de esta elección, aprobada dos días antes, fue puesta a debate en el Pleno del Congreso. A diferencia del proceso anterior, la ciudadanía tendría la oportunidad de hacer sugerencias y aportes a dicha propuesta estando ya en debate ante el Pleno, lo que recorta considerablemente la discusión pública. La propuesta de reglamento es firmada por José María Balcázar, presidente de esta Comisión Especial.

Rosario Hurtado, Justicia Viva

El pasado martes 7 de setiembre se eligió al congresista José María Balcázar como presidente de la Comisión Especial que elegirá a 6 magistrados del Tribunal Constitucional, la máxima instancia que se encarga de velar por los derechos constitucionales de toda persona, y del control del poder. Completan la mesa directiva los congresistas Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular), como Vicepresidente, y Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), como Secretaria.

Balcázar llegó al Congreso de la República en las filas de Perú Libre, en medio de una denuncia por presunta apropiación ilícita cuando era decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), cargo que ejerció hasta diciembre de 2020.

Aparte de ser elegido para presidir la Comisión Especial que designará a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, Balcázar es el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Para una necesaria transparencia de la actual gestión del Parlamento, y el conocimiento de la ciudadanía sobre las nuevas autoridades, es relevante conocer algunos antecedentes de su trayectoria.

José María Balcázar Zelada es un abogado cajamarquino, del entorno cercano del presidente Pedro Castillo. Ha estado vinculado al Poder Judicial desde 1982, primero como vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; luego en el 2001, fue reincorporado y, en el 2002, ratificado.

En la Corte Suprema de Justicia

Pero su carrera como juez no solo se realizó en la zona norte del país. Llegó a ejercer en Lima, en la Corte Suprema de Justicia como vocal provisional en salas civiles y penales. En esta Corte, tuvo algunos cuestionamientos: en el 2005, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano que se encargaba de elegir y ratificar a jueces y fiscales, además de llevar adelante procesos disciplinarios con fines de investigación y de ser el caso, destitución (hoy esa labor la realiza la Junta Nacional de Justicia), le abrió un proceso disciplinario en el 2004. ¿Qué pasó?

Balcázar fue uno de los integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema que, el 26 de agosto de 2004, anuló un pedido de nulidad sobre un recurso de casación, que ya había sido declarado infundado el 29 de mayo de 2003 y, además, declaró insubsistente todo lo actuado en el proceso después de esa fecha.

Para agosto de 2004, el caso ya estaba resuelto desde el 30 de mayo de 2003 en la misma Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, con el voto dirimente del vocal Hugo Molina, confirmando el fallo de la primera y segunda instancia. Y con la resolución, de la que fue parte Balcázar, quedaba anulado este fallo que definía el juicio.

De esta manera los magistrados, incluyendo el actual congresista, y de acuerdo al CNM, violaron el principio procesal que prohíbe resolver un idéntico pedido más de una vez. Esta conducta genera incertidumbre jurídica, al ser contraria a los principios de la función de un juez y a los derechos de las personas que van a las cortes en busca de justicia.

La controvertida excarcelación de los Wolfenson

Mientras el proceso disciplinario continuaba, conformó la Primera Sala Penal Transitoria como vocal provisional, junto al cuestionado juez Robinson Gonzáles Campos; además de los magistrados Pastor Barrientos, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo.

El 7 de julio de ese año, la Sala ordenó la excarcelación de Alex y Moisés Wolfenson, investigados por corrupción debido a sus vínculos con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. Se liberó a los hermanos, dueños del diario La Razón y El Chino, por exceso de detención preventiva.

Los magistrados aplicaron una ley inconstitucional. La ley 28568 equiparaba un día de detención (arresto domiciliario) con un día de prisión efectiva. De esta manera, la condena de 5 años a los Wolfenson se redujo a 5 meses, ya que se validó como prisión efectiva los 32 meses que pasaron bajo arresto domiciliario. Esta figura puso en riesgo los procesos anticorrupción, ya que los procesados y condenados por estos delitos, pudieron usarla para su beneficio.

Sin embargo, algunos días después y en medio de la crítica, el 22 de julio, esta misma Sala, donde Balcázar era vocal provisional, se retractó de su decisión, declarando nula su propia resolución y dejando sin efecto la excarcelación de los anteriores propietarios de los mencionados medios de comunicación.

Resolución, donde la Sala se retractó de su decisión, declarando nula su anterior resolución, anulando la excarcelación de los hermanos Wolfenson. (Haga click para ver el documento completo)

Al año siguiente, en el 2006, el CNM propone su destitución por el caso disciplinario que tenía pendiente, por violar el principio procesal que prohíbe resolver una idéntica petición más de una vez y por anular una sentencia de su misma Sala. Apeló esta decisión, pero su pedido de reconsideración no se resolvería hasta el 2009, cuando se declara fundado en parte, acreditando la responsabilidad del magistrado, pero se recalca que no amerita una sanción de destitución, sino una menor.

También, en ese momento, solicitó la anulación de su destitución ante el Tribunal Constitucional. La respuesta de esta institución llegó en el 2008, cuando declaran su solicitud infundada.

Balcázar regresó a Lambayeque, donde siguió ejerciendo su labor como magistrado hasta el 2011, año en que el Consejo Nacional de la Magistratura decide no ratificarlo en el cargo, debido a la conducta del 2003, cuando emite una resolución contraria a la que resolvía el mismo caso, y por la misma Sala.

La resolución está firmada por los integrantes del CNM Gastón Soto Vallenas, Luis Maezono Yamashita, Luz Marina Guzmán Diaz, Pablo Talavera Elguera y Máximo Herrera Bonilla.

Balcázar presentó una acción contra esta decisión, pero fue declarada improcedente.

Resolución de no ratificación de Balcázar (Haz click para leer el documento completo)

Presunto desfalco en el Colegio de Abogados de Lambayeque

En el 2019 fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), cargo que ocupó hasta diciembre de 2020. A los pocos meses de desempeñar dicho cargo, dos funcionarios del colegio de abogados, Yuri Díaz Jaime, vicedecano; y Rosa Elena Pizarro Piscoya, directora de Economía, lo denunciaron por presuntos malos manejos, porque habría tomado decisiones institucionales sin consultar al Consejo Directivo.

Actualmente es investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo desde abril de 2021, por el presunto delito de apropiación ilícita de 900 mil soles. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Osores Padilla. Ante esta denuncia, Balcázar ha señalado que ya se habían investigado estos hechos, por lo que confía que ésta será archivada.

Según Díaz Jaime, el actual congresista habría derivado dinero de los diplomados que realizaba el ICAL a dos cuentas personales en Caja Trujillo, y habría cambiado el estatuto para que los decanos puedan abrir cuentas en entidades financieras a nombre propio.

El actual decano Carlos Martínez pidió a Balcázar que se acercara al ICAL para aclarar los ingresos de dinero a sus cuentas personales. Por su parte, el actual congresista ha entregado la Medalla de Oro del Decanato, que recibió durante su gestión.