¿Quién odia a las mujeres? Balance de la violencia de Estado en contexto de crisis

 Celinda Pérez y María Ramón

( IDL – Seguridad Ciudadana)

 Ha pasado ya algún tiempo desde que la crisis política alcanzó su cenit con los homicidios, hasta ahora impunes, de decenas de ciudadanas y ciudadanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. A pesar de que, parcialmente, nos encontramos frente a un reflujo de las movilizaciones, a la espera de que la coyuntura política vuelva a encender las calles, es importante tener en consideración algunas lecciones aprendidas durante estos meses. Una de ellas es la violencia de Estado, específicamente la violencia contra las mujeres, sobre la cual debemos ponernos vigilantes por sus fuertes repercusiones.

En efecto, fueron innumerables las escenas de represión durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Ciudadanos y ciudadanas, desde cada región del país, compartían en redes sociales –incluso a través de transmisiones en vivo– el ensañamiento con el que sus protestas eran reprimidas, a pesar de que la gran mayoría de ellas tenían un carácter pacífico. Al uso desmedido de la fuerza se le suman los insultos con tintes racistas y las descalificaciones con argumentos sexistas realizadas por representantes del Estado. Presentamos un balance sobre estos hechos que permite comprender sus graves implicancias.

Blancos fáciles: represión desmedida hacia madres con sus hijos

Es innegable que ha ocurrido una forma particular de ejercer represión contra las mujeres en este contexto. Una modalidad que se repite es el ensañamiento con las mujeres que llevan consigo a sus hijos. Esto puede observarse en unas imágenes compartidas el 8 de enero del 2023. En el video se observa a una mujer siendo golpeada por dos miembros de las fuerzas del orden en la ciudad de Juliaca: de pronto irrumpe su hijo de 14 años para intentar socorrerla; ante esto los policías viran los golpes hacia él. Desesperada, la madre les suplica a los efectivos policiales que paren porque es un adolescente de 14 años. Este hecho causó gran indignación de la población en las redes sociales.

De la misma forma sucedió con las mujeres aymaras de la delegación de Juli, el 2 de marzo del 2023, frente a la plaza San Martín en el Centro Histórico de Lima. A pesar de que ellas protestaban pacíficamente, con sus hijos a cuestas en sus llikllas, los agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas directamente al cuerpo y a menos de cinco metros de distancia, claramente contraviniendo los lineamientos que norman el uso de estos artefactos.

En el primer caso presentado, la mujer y su menor hijo ni siquiera formaban parte de las protestas. En el segundo caso, las mujeres habían elegido no dejar a sus hijos en Juli y movilizarse con ellos a Lima para ejercer su derecho a la protesta. Ellas no significaban ningún peligro inminente, sin embargo, fueron reprimidas violentamente junto a sus hijos.

El cuento de las malas madres: Yaneth Navarro y las mujeres aymaras

En esta línea de represión y violencia sistemática es importante mencionar el caso de Yaneth Navarro, acusada por supuestamente pertenecer a una organización criminal que “financiaba” las protestas. Estas imputaciones surgieron luego de que fuera detenida en las movilizaciones, y encontrarle 1916 soles y un cuaderno con una relación detallada de las donaciones destinadas a costear la recuperación de los heridos en las protestas, así como la alimentación u otras necesidades de las personas que venían de sus regiones a protestar. A ella se le impuso inicialmente prisión preventiva de 30 meses ya que, según la jueza Margarita Salcedo, haber abandonado su casa y sus hijos por protestar calificaba como motivo para asumir la inexistencia del arraigo domiciliario. En cambio, en el caso de Cirilo Jara sucedió lo contrario. Se trata de un varón manifestante detenido junto con Navarro, a quien se le dio comparecencia restringida, a pesar de que también se le encontró con dinero y una lista de gastos, y que también había dejado su hogar para protestar. En su caso, por ser varón, no se le declaró pérdida de arraigo.

Días después, el ministro de Educación Manuel Becerra reincidió en este doble estándar de discriminación que apunta directamente a las protestantes mujeres, cuando al dar declaraciones  se refirió a la presencia de madres que participaban junto con sus hijos en las protestas. El ministro dijo lo siguiente: “Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres; yo creo que tal vez en la extrema necesidad en la que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto, pero no puedo concebir a una madre exponiendo a sus niños al peligro”. Luego el periodista le repregunta: “¿Hay manipulación? ¿Habría ahí manipulación?”, y él responde: “ Pero por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos viendo, y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de la manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara”.

El trato diferente que se le da a Yaneth Navarro y a las mujeres aymaras que protestaban en Lima tiene dos objetivos claros: en primer lugar, se cuestiona el derecho a la protesta de las mujeres-madres al calificarlas como “malas madres”, puesto que habrían abandonado (en el caso de Navarro) o habrían expuesto al peligro (madres aymaras) a sus hijos. En segundo lugar, se justifica la violencia al plantearla como algo inevitable. En sus declaraciones, el ministro hace referencia a una violencia de la que estamos siendo testigos durante las protestas como algo propio de estas o provocada por azuzadores. Por tanto, se libera de toda responsabilidad a los agentes policiales que utilizan la fuerza de manera arbitraria y desproporcionada, y se traslada la responsabilidad a las madres aymaras por “exponer” a sus hijos.  Finalmente, no se puede pasar por alto el racismo detrás de la elaboración de analogías sobre las madres aymaras teniendo como referencia a animales. La animalización es una práctica racista recurrente.

Intervención a San Marcos

El 20 de enero se realizó la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objetivo de desalojar a las delegaciones de manifestantes provenientes de las regiones. En esta polémica operación también hubo acciones policiales que desbordaron el correcto procedimiento de intervención, incluso contra residentes de la vivienda universitaria para mujeres, ubicada dentro del campus. Los efectivos policiales forzaron y hasta rompieron puertas para ingresar a la residencia de estudiantes dentro del campus. Diversos canales de televisión transmitían cómo muchas estudiantes, algunas en pijamas, estaban visiblemente afectadas por la violenta intervención. Asimismo, al momento de ser liberadas, el grupo de mujeres que fue detenida declaró a la prensa independiente y narraron que algunos efectivos les hicieron tocamientos indebidos, incluso algunas denunciaron que habían sido desnudadas bajo pretexto de buscarles droga. En esa misma intervención también se detuvo a otras mujeres que formaban parte de una comitiva de provincia que se alojaban temporalmente en la universidad; una de ellas estaba embarazada y otra estaba acompañado por su hijo menor de edad.

A la violencia sexual y física se le sumó la violencia verbal. Se hizo viral el video de la oficial Yanina Zuta Ventura gritándole “cállate” a una de las muchas mujeres que habían colocado bocabajo y contra el piso en la intervención policial. Yolanda Enriques Vargas, mujer quechuahablante y huancavelicana, narró que en repetidas ocasiones se le gritó “calla, chola”. La agresión física y verbal fue innecesaria, ya que la intervenida no opuso resistencia y Yolanda solo buscaba defenderse de un acto injusto y vejatorio; por otro lado, llamarla chola fue un acto racista que finalmente quedó impune.

El régimen de Boluarte y los derechos de las mujeres

Todos los actos de represión descritos en este artículo han sido perpetuados hacia mujeres, específicamente mujeres quechuas y aymaras que ejercían su derecho a la protesta. Las declaraciones de uno de los ministros y las acciones de la Policía Nacional para “controlar” la protesta han revelado el profundo racismo de sus prácticas y la visión segregacionista que tiene el gobierno acerca de sus ciudadanos. No olvidemos la crueldad con la que se reprime en Juliaca, que evidentemente no es la misma con la que se reprime en Lima. De la misma forma, a las mujeres les ha tocado experimentar la represión policial a pesar de estar acompañadas de sus hijos –a quienes también se les ha vulnerado sus derechos–. Además, la represión ha venido acompañada de abusos de autoridad, incluso de acoso sexual. Condenar doblemente a una mujer manifestante por el simple hecho de ser madre revela el sexismo en la gestión del actual gobierno. Asimismo, el daño perpetrado al cuerpo de las mujeres por agentes de “seguridad” desacredita su capacidad de brindar un servicio correcto y amplía los espacios de inseguridad dentro de las instituciones estatales. No olvidemos que todo esto ha sucedido con la nula condena de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, entre otros, que deberían pronunciarse tajantemente en contra ante hechos de esa naturaleza.

En contextos fuera de la protesta, el accionar del gobierno también ha tenido tintes machistas y contrario a los derechos de las mujeres. En marzo, una joven falleció tras haber sido quemada cruelmente por su expareja en el Centro de Lima. La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, lejos de condenar la violencia machista, se refirió al juicio con el que las mujeres elijen a sus parejas. Nuevamente, como en el caso de las madres aymaras, no responsabilizan al que ejerce la violencia sino a la que ha sido violentada. Esto sucede en el marco de un trágico contexto actual para las mujeres: cada vez es mayor el número de casos de violencia contra la mujer y, sin embargo, estamos frente a un gobierno que, con su displicencia, se termina convirtiendo en el peor enemigo de las mujeres.

La violencia contra las mujeres tiene un desarrollo de larga data en este país, es por esto que desde el 2019 existe una Política Nacional de Igualdad de Género. Esta política pública tiene seis objetivos principales: reducir la violencia hacia las mujeres, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres, y reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.

La gestión Boluarte ha vulnerado más de la mitad de esos objetivos en el contexto de las protestas sociales, pero también fuera de este, con acciones tardías y comentarios inapropiados con respecto a serias vulneraciones de los derechos de las mujeres. Según la plataforma estadística del Programa Aurora, hasta el mes de marzo de este año, se contaban 49 casos con características de feminicidio y 64 casos de tentativa de feminicidio. Asimismo, las comunicaciones a la línea 100 de atención a la violencia familiar y sexual han alcanzado las 36911 consultas. La situación necesita de un gobierno que esté a la altura y actúe coherentemente, pero, además, que tenga el respaldo de la mayoría de la población. Difícil tarea para una gestión que tiene el 75% de rechazo de sus compatriotas.

Foto: SER

(Este artículo ha sido escrito con el apoyo de George Matienzo, del Área de Seguridad Ciudadana del IDL)