Reacciones internacionales frente a Ley anti-ONG ponen en evidencia los niveles de censura y persecución contra la sociedad civil en Perú
Ha habido una fuerte reacción por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y en la región. “También ha habido pronunciamientos de instancias oficiales como las Naciones Unidas a través de cuatro de sus relatores que, desde junio del año pasado mandaron una carta oficial al Estado peruano en la que indicaban que la propuesta de cambios a la Ley APCI podía generar una violación de diversos derechos humanos, y por eso tenía que ser debidamente consultada con las ONG y con los beneficiarios de los proyectos que estas manejan”, sostiene Cruz Silva, abogada del IDL.
Los relatores son: Gina Romero, Relatora Especial de las NNUU sobre libertad de reunión y asociación pacíficas; Irene Khan, Relatora Especial de las NNUU sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y Ben Saul, Relator Especial de las NNUU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Cruz Silva añade: “Además, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las NNUU sobre la independencia de magistrados, podrá identificar problemas en esta Ley anti-ONG, y debería pronunciarse próximamente sobre lo relacionado a las libertades de expresión, de opinión o de asociación, y también sobre el acceso a la justicia por parte de las víctimas, y el derecho a defender los derechos humanos por parte de los abogados y a ejercer su profesión manteniendo su independencia. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varios países que son socios de cooperación con Perú ya han manifestado su rechazo a esta ley porque contravienen los estándares internacionales de derechos humanos”.
La lista es larga: se han pronunciado organizaciones ciudadanas internacionales que promueven la defensa de los derechos de los pueblos indígenas o de personas que han sido víctimas en escenarios de violencia ocuridos durante las décadas de 1980 y 1990, y durante las protestas sociales en 2022 y 2023. Además, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) manifiestan en un comunicado que “ se trata de un mecanismo de censura y control estatal que limita el derecho de las ONG a operar de manera independiente y sin injerencias indebidas, en un contexto donde muchas de estas organizaciones cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente. Representa una amenaza directa a derechos fundamentales”.
Cruz Silva se refiere a un aspecto muy preocupante: las ONG están encaminadas a que les ocurra lo mismo que en Nicaragua y Venezuela, donde se dieron normativas similares. Por ejemplo, las multas altísimas que establece esta ley – que pueden llegar a los tres millones de soles – y que serán producto de sanciones definidas arbitrariamente po la APCI, las ponen en peligro de desaparición.
Finalmente, la abogada sostiene: “Es muy difícil demandar en un escenario donde hay oleadas conservadoras y movimientos antiderechos, además de sistemas que están en camino de convertirse en fascistas. Estas manifestaciones internacionales nos indican que no estamos solos, y que tenemos el derecho a defender derechos humanos. Por eso valoramos y agradecemos estas voces protectoras que nos dan alguna esperanza”.