Rechazan represión como opción ante grave conflicto social en Perú (Prensa-Latina)
Noticia publicada en Prensa-Latina el 28/03/19
Por Manuel Robles Sosa
Lima, 26 mar (Prensa Latina) Un jurista experto en conflictos sociales y una organización no gubernamental rechazaron la posible represión a la protesta de campesinos de Fuerabamba, en la región surandina de Cusco, que hoy cumple 51 días.
Tal posición fue expresada por el letrado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y por la organización Cooperacción, dedicada asuntos sociales y ambientales.
Coincidieron en criticar a miembros del gobierno y otros sectores que hablan de restablecer el orden ante el bloqueo campesino del transporte de minerales de la empresa MMG para su procesamiento en la costa a través de un camino que atraviesa tierras comunales, por lo que reclaman una adecuada compensación.
Ruiz señaló que el gobierno, en vez de promover el diálogo y la solución por esa vía, tiende a responder con medidas judiciales y represivo, como la detención de dos dirigentes comunales y dos asesores legales de los labriegos, lo que agrava el conflicto iniciado hace 51 días.
Criticó una reciente declaración de que se debe restablecer el estado de derecho y preguntó si este no fue afectado por el Estado, al autorizar, sin consulta previa, el proyecto minero y declarar carretera nacional a la vía que atraviesa tierras propiedad de los comuneros, para no compensarlos por ello.
‘Ellos están reclamando es la servidumbre minera, que la empresa minera tiene que pagar como derecho de paso cuando atraviesa una comunidad, como una suerte de compensación por usar el territorio de la comunidad’, explicó.
Añadió que, por su parte, ‘el Estado, en vez de responder políticamente, generando políticas públicas inclusivas y promoviendo el diálogo, responde penal y represivamente’.
El jurista rechazó que se acuse a los detenidos de crimen organizado y extorsión, utilizando un cambio del Código Penal que tipifica así los bloqueos de vías y señaló que equivale a penalizar las huelgas y otras acciones que se tomen para defender derechos.
Por su parte, un análisis de Cooperacción criticó que líderes empresariales y políticos y economistas neoliberales pidan al gobierno imponer el principio de la autoridad con el uso de la fuerza, en vez de establecer relaciones justas y de mutuo respeto con los campesinos.
Tras analizar las implicancias ambientales del uso del camino para transportar mineral, la entidad no gubernamental señala que ‘el Estado tiene que demostrar que defiende y concilia los intereses de todos los peruanos, sobre todo de los que tienen menos poder e información’.
Por ese camino se construirá un país en el que sus ciudadanos se respetan y viven en paz y ‘detener y enjuiciar a los líderes sociales no contribuye a la solución de estos problemas, solo los prolonga en el tiempo’, agrega.