Relator Especial ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas presenta informe sobre tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas: resonancias para Perú
El 13 de octubre de 2025, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Albert Barume, presentó su primer informe provisional a la Asamblea General, en cumplimiento de la resolución 51/16 del Consejo de Derechos Humanos. Su informe destaca los desafíos que viven los pueblos indígenas en relación con sus territorios, en especial la falta de seguridad jurídica sobre ellos y conllevando desde la violación de sus derechos fundamentales hasta la criminalización por parte de los Estados.
En abril del 2025, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM), envió sus contribuciones para el informe que preparó el Relator Especial, Identificación, Documentación, Demarcación, Registro y Titulación de las Tierras de los Pueblos Indígenas: Prácticas y Lecciones Aprendidas. Esta contribución puede leerse públicamente por primera vez aquí.
La CODEPISAM resaltó el largo proceso que sufren las comunidades indígenas para alcanzar la seguridad jurídica de sus territorios ancestrales; la fragmentación de los mismos por títulos que excluyen sus bosques; la falta de armonización de normas y jurisprudencia internacional que protegen los derechos de los pueblos indígenas a nivel de normas que reglamentan los procesos de titulación de sus territorios; el no abordaje de casos de superposición de derechos otorgados a terceros cuando se realiza la titulación en el país en forma tardía, y los retos que enfrentan por el paradigma de la conservación excluyente con creación de áreas naturales protegidas (ANP) sin consentimiento previo, libre e informado; entre otros.
Resonancias del informe del Relator en Perú
El Relator reafirmó el carácter inherente y permanente de los derechos territoriales de los pueblos indígenas donde los procesos de demarcación, registro o titulación son declarativos de derechos preexistentes, y donde los derechos territoriales incluyen definitivamente la propiedad.
Haciendo eco a lo planteado por la CODEPISAM, recomienda que los Estados deberían reconocer en sus marcos jurídicos nacionales los derechos de los pueblos de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo mecanismos de ejecución sólidos y eficaces, con una adecuada asignación de recursos financieros, y que se eliminen las barreras burocráticas, procedimentales y administrativas que obstaculizan la realización de los derechos relacionados a la tierra, territorios y recursos.
“La creciente demanda mundial de tierras de los pueblos indígenas está provocando un aumento de su criminalización. Es importante reconocer que coexisten dos realidades. En primer lugar, la mayoría de los pueblos indígenas viven ahora en lo que queda de sus tierras ancestrales tras haber sido expulsados durante décadas. Al no tener territorio o tierras a las que volver, están respondiendo cada vez más a nuevas amenazas e incursiones contra sus tierras. En segundo lugar, la demanda mundial de pueblos indígenas está impulsada por los mercados de carbono, la expansión de las áreas protegidas y otras medidas de conservación hasta el 30% del territorio nacional, la transición a la energía verde y la fiebre por los minerales raros”.
Presentación del Relator Especial durante la Tercera Comisión, 13ª sesión plenaria – Asamblea General, 80º período de sesiones.
Por ello, el relator advierte en estos contextos que sin salvaguardias más sólidas, estas iniciativas podrían resultar en la expansión de zonas protegidas excluyentes, afectando negativamente los derechos de los Pueblos Indígenas. El Relator Especial ha recibido informes de casos en los que se han ampliado zonas protegidas hacia tierras indígenas sin respetar normas internacionales, como el requisito del consentimiento libre, previo e informado. Esto subraya la necesidad de garantizar que las medidas de conservación respeten los derechos de los Pueblos Indígenas y sus territorios tradicionales.
El informe tiene mucha relevancia cuando los pueblos indígenas, a través del litigio estratégico, han llevado a las cortes al Estado Peruano cuando han visto violados sus derechos territoriales. Tal es el caso de las ANP y donde la narrativa del Estado en las audiencias judiciales realizadas ha sido siempre la invisibilización y que las comunidades se “crearon después” del otorgamiento de los derechos dados a terceros. En ese sentido el Relator es contundente en señalar que «la falta de ocupación, uso o posesión actual no invalida las reclamaciones de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, ni excluye su derecho o el carácter prioritario de la recuperación de la propiedad«.
Adicionalmente, deja claro que las áreas protegidas pueden afectar negativamente a los Pueblos Indígenas de diversas maneras, según el informe, con la i) expansión sin consulta previa, en algunos casos las zonas protegidas se han ampliado hacia tierras indígenas sin respetar las normas internacionales, como el requisito del consentimiento libre, previo e informado, resultando en la exclusión de los Pueblos Indígenas de sus propios territorios; ii) desplazamiento y desposesión, la creación de áreas protegidas puede llevar al desalojo forzoso de comunidades indígenas, privándolas de acceso a sus tierras ancestrales y recursos naturales esenciales para su supervivencia cultural y económica; iii) impacto en sistemas tradicionales, a través de reformas de los registros digitales de tierras y las políticas de conservación pueden amenazar los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra y las prácticas culturales de los Pueblos Indígenas; iv) criminalización, en algunos casos, los Pueblos Indígenas que defienden sus derechos territoriales frente a la expansión de áreas protegidas han sido objeto de persecución, amenazas y violencia; y v) exclusión de la gobernanza, los Pueblos Indígenas suelen ser excluidos de los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión de las áreas protegidas, lo que limita su capacidad para participar en la conservación de sus propios territorios. En ese sentido, el Relator es claro en sus recomendaciones a los Estados de que deben aceptar la ocupación y el uso tradicional de los pueblos indígenas como base suficiente para el reconocimiento jurídico de los derechos territoriales
Por otro lado, el informe también rescata la afectación creciente por la expansión de los mercados de carbono y la ampliación de las áreas protegidas, dedicándole una sección especial y cuestionando el enfoque mercantilista de los Estados en un auge también de políticas de transición verde.
De manera especial, el Relator rescata también la importancia de la meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En ella, y como por ejemplo el pueblo kichwa de la región San Martín lo viene reclamando, se reconoce que los territorios indígenas y tradicionales son una vía distinta para la conservación de la biodiversidad, por lo que urge la necesidad de reconocer y respetar los derechos de esto pueblos.
El informe también proporcionó un buen análisis de cómo la criminalización de los defensores de los derechos territoriales indígenas ha aumentado como consecuencia del reclamo justo de sus derechos. Este es el caso por ejemplo en el caso de la comunidad nativa kichwa de Puerto Franco.
Finalmente, el Relator llama a que los Estados reviertan esta tendencia de criminalización, mejorando sus mecanismos nacionales de protección de los defensores de los derechos territoriales indígenas.
Resonancias a nivel regional
El énfasis del Relator en los mercados de carbono y las áreas protegidas como impulsores de la demanda global de tierras de los pueblos indígenas se refleja a nivel regional, en toda Sudamérica, como ha puesto de manifiesto recientemente un Encuentro de Pueblos Indígenas sobre Mercados de Carbono. Impactos, Iniciativas y Resistencias, que tuvo lugar en la comunidad nativa Kichwa de Túpac Amaru en el distrito de Chazuta, región San Martín en Perú.
Desde Perú participó nutridamente el pueblo kichwa de San Martín, de las federaciones CEPKA, FEPIKECHA y FEPIKBHSAM, afectado por el modelo impuesto de áreas naturales protegidas como el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) y el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ). Y el pueblo Awajún (COMUAWUY) y la Nación Wampís (GTANW).
Por el lado de Bolivia estuvo la autonomía Guaraní Charagua Iyambae, la nación Monkoxɨ de Lomerío y la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas de Bolivia; de Paraguay, Comunidad El Estribo del Pueblo Enxet, Comunidad Nueva Promesa del pueblo Sanapaná y Red de Promotores Jurídicos Indígenas de la región Occidental; de Colombia, el pueblo Inga del medio Putumayo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo, la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Cofán y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – Pueblo Nasa. De Ecuador se hizo presente el pueblo Shuar.
El Encuentro permitió un fértil intercambio sobre casos de violaciones de derechos fundamentales, como al territorio indígena, por la creciente expansión de los mercados de carbono. También se compartieron estrategias de lucha para la recuperación y resguardo de los territorios afectados y se dieron pasos de una hoja de ruta común y red de solidaridad entre las y los asistentes. Finalmente, los pueblos, naciones y nacionalidades suscribieron la Declaración de Túpac Amaru.
A modo de reflexión
En conclusión, el informe del relator expone con claridad la complejidad de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas ante la expansión de los mercados de carbono y la imposición de áreas protegidas sin su consentimiento ni participación adecuada. Se evidencia que, pese a la creciente criminalización y vulneración de sus derechos, las comunidades indígenas continúan articulando resistencias y propuestas propias para la defensa de sus territorios y la conservación de la biodiversidad. El reconocimiento y respeto a sus derechos se presenta no solo como una cuestión de justicia, sino también como una vía fundamental para garantizar la protección efectiva de los ecosistemas.
Reflexionando sobre ello, resulta imprescindible que los Estados y la sociedad en su conjunto escuchen y valoren las voces indígenas, reconociendo sus formas de vida y gobernanza como alternativas legítimas y sostenibles para la conservación de la biodiversidad frente al avance de políticas mercantilistas. Los procesos de articulación regional y las declaraciones colectivas, como la de Túpac Amaru, muestran la fuerza de la solidaridad y la urgencia de cambiar el enfoque hacia uno verdaderamente inclusivo, donde los derechos humanos y la protección de la naturaleza vayan de la mano.