Un río que busca proteger a sus afluentes como sujeto de derechos. ¿Cómo beneficia esta sentencia a otros pueblos?

Un río que busca proteger a sus afluentes como sujeto de derechos. ¿Cómo beneficia esta sentencia a otros pueblos?

 

Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal

 

Hace un mes, la jueza del juzgado mixto de Nauta emitió una sentencia muy importante para el Perú. Se trata de la sentencia que declaró al rio Marañón y sus afluyentes como titular de derecho. Como se sabe, el río Marañón goza de especial significancia por ser el segundo río más largo del Perú y la fuente hidrológica del río Amazonas. El Marañón tiene una diversidad terrestre y acuática única1, y fluye por territorios de pueblos indígenas, así como por muchos poblados ribereños que dependen de este río2.

 

¿El Marañón es el único río que ostenta la calidad de titular de derecho?

No, cuando la jueza ordena en su sentencia declarar al río Marañón como titular de derecho, también dispone otorgar esta titularidad a sus afluentes, otorgándoles los mismos derechos que se le reconoce al río Marañón. ¿Qué significa esto? Que la sentencia declara, además, como titulares de derecho a los ríos Puccha, Pomabamba, Chusgin, Criznegas, Llaucano, Chamaya, Cenepa y Santiago, afluentes del alto Marañón por la margen izquierda; Utcubamba, Chiriaco y Nieva, por la margen derecha; y Huallaga, Pastaza, Tigre y Morona.

Lo que significa que estos ríos también ostentan la calidad de sujetos de derecho, y son representados por las organizaciones indígenas que habitan en toda la cuenca del río Marañón, en sus 1400 kilómetros de trayecto, y que “atraviesa nueve departamentos peruanos a medida que fluye hacia el norte a lo largo de casi la mitad de la columna vertebral andina del país antes de girar hacia el este y descender hacia la llanura Amazónica”3.

 

¿Qué implica este reconocimiento, y cómo beneficia esta sentencia a otros pueblos indígenas que viven en la cuenca del río Marañón?

El Tribunal Constitucional (TC) ha considerado al medio ambiente “equilibrado” como un sistema de elementos interrelacionados4. En este sentido, los elementos bióticos, abióticos, sociales, culturales, y los ecosistemas del medio ambiente “no deben entenderse desde una perspectiva fragmentaria o atomizada, vale decir, en referencia a cada uno de ellos considerados individualmente, sino en armonía sistemática y preservada de grandes cambios”5. Además, “[e]l ambiente es concebido como el medio en el cual se encuentran contenidos todos los factores que hacen posible la existencia humana y la de los demás seres vivos. Por consiguiente, alude a todas las condiciones e influencias del mundo exterior que rodean a los seres vivientes y que permiten –de una manera directa o indirecta– su sana existencia y coexistencia”6.

Esta interrelación está protegida por el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que establece: “El derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente”7. A su vez, este derecho obliga al Estado a “abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana”8 y de “mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute”9.

La interrelación de la cual habla el TC y la facultad que tienen todas las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera armónica es el punto principal para que otras organizaciones indígenas, además de la Federación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana10, tengan no solo la calidad de defensores/as y guardianes del rio Marañón, sino también el derecho de exigir al Estado la protección de sus ríos (afluyentes del Marañón) de todo tipo de contaminación que no se limita a la contaminación por los derrames de petróleo.

El río Santiago es un claro ejemplo de lo que queremos señalar. Actualmente, este río está siendo contaminado por la presencia de la minería ilegal, en la provincia de Condorcanqui, región de Amazonas. La presencia de los mineros ilegales, que continúan sacando mineral en las márgenes del río Santiago y utilizan mercurio y otras sustancias tóxicas, está afectando seriamente la salud de la población, que tiene como única fuente de agua bebible las aguas de este río. A ello se suman los constantes derrames de petróleo ocasionados por la falta de mantenimiento del ONP, y la actualización del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), pero no solo existe una afectación de la persona humana como tal, sino una afectación que va más allá de las teorías antropocéntricas. Estamos hablando de la afectación de un río, del medio ambiente y todos sus componentes.

En ese entender, y de acuerdo al mandato emitido por la jueza del juzgado de Nauta, ¿cómo se benefician los otros pueblos indígenas con esta sentencia?

  1. Consulta previa y consentimiento previo libre e informado para los pueblos indígenas de la cuenca del Marañón:

El Estado peruano, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, está en la obligación de realizar un proceso de consulta previa, y obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas que viven en la cuenca del río Marañón y sus afluentes, y que serán afectados directa o indirectamente con la aprobación de este Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).

  1. Participación en la conformación de los consejos de cuenca y consejos de cuencas interregional:

Todas las organizaciones indígenas, incluida las comunidades nativas cuyos ríos han sido reconocidos como titulares de derechos, deben participar activamente en la conformación de los consejos de cuencas y/o consejos de cuencas interregional. Esta participación incluye participar en la administración y conservación de los recursos naturales con capacidad de decisión, conforme lo establece el artículo 15.1 y 7 del Convenio 169 de la OIT, y el artículo 64 de la Ley de Recursos Hídricos. El estado está en la obligación de respetar e incentivar la participación de estos pueblos en la “formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

  1. El mantenimiento del Oleoducto Norperuano favorecerá a las comunidades nativas por donde atraviesan los ductos:

Como es de conocimiento público, las comunidades nativas siguen siendo afectadas por los constantes derrames de petróleo debido a la falta de mantenimiento del oleoducto Norperuano. Esta omisión constituye una afectación sistemática a las comunidades nativas que sufren constantes derrames de petróleo. Según un informe emitido por Osinerming, el problema de corrosión se debe a la falta de mantenimiento de los ductos a través de los cuales se trasporta petróleo. (Congreso de la República, 2017). Lo que significa que los pueblos indígenas cuyos ríos han sido considerados como titular de derechos se verán beneficiadas de las consecuencias del mantenimiento del ONP de ratificarse la sentencia en segunda instancia.

  1. Se reconoce nuevos derechos a los ríos, y cuya protección pueden ser exigidos por otros pueblos indígenas:

La jueza del juzgado de Nauta reconoce al río Marañón y sus afluentes nuevos derechos como fluir, brindar un ecosistema sano, fluir libremente de toda contaminación, a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, a la regeneración de sus ciclos naturales, a la conservación de su preservación, y recuperación, derecho a que se encuentren representados, derecho a que el Estado deba protegerlos legalmente.

  1. Se genera un caso que puede ser replicable en otras zonas donde se ha evidenciado la afectación de un río por contaminación:

No es un caso aislado, en el Perú el problema de la contaminación de las fuentes de agua se debe a múltiples factores. La falta de saneamiento de las grandes ciudades hace que los desaguas desemboquen a los ríos, la minería a gran escala e ilegal, los desechos de sustancias tóxicas, etc., bajo la anuencia de nuestros gobernantes está generando movimientos a nivel nacional e internacional cuyo objetivo es salvar las fuentes de agua.

La ciudad de Puno está siguiendo el mismo ejemplo con el río Torococha11, y otros pueblos que evidencien que los derechos de sus ríos están siendo vulnerados también pueden solicitar a través de un proceso judicial la protección de sus ríos y el respeto de sus derechos.

A modo de conclusión, al considerar el actual estado de crisis de los ríos en el Perú, resulta indispensable reconocer a todos estos ríos como sujeto de derechos, lo que facultaría a la sociedad en su conjunto, particularmente a sus guardianes directos, a tener legitimidad para exigir su protección frente a todos los posibles impactos que atenten contra su preservación y salvaguardar su existencia. Este reconocimiento permitiría además a otras Cortes, incluido el Tribunal Constitucional, avanzar progresivamente en la protección integral del medio ambiente, tal como se viene realizando en otros altos tribunales constitucionales a nivel mundial. También garantizaría la protección, conservación, regeneración, y mantenimiento todos los ríos implicados en este caso, y por ende el goce del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado y la protección a la biodiversidad para todos/as/, espacialmente para las futuras generaciones.

 

Referencias:

[1] Ver: https://www.internationalrivers.org/campaigns/mara%C3%B1%C3%B3n-river

[2] Enrique Ibarra. ‘El río Marañón, ¿fuente de vida y de energía?’. Natural Capital. Agosto 5, 2015. En: https://blogs.iadb.org/naturalcapital/maranon-river-a-source-of-life-and-energy/

[3] Fraser, Barbara. Marzo 2024. “The Marañón River and its tributaries”. EcoAméricas. Pág. 4

[4] STC N.° 0018-2001-AI/TC, f.j. 6

[5] STC N.° 0018-2001-AI/TC, f.j. 7

[6] STC N.° 0018-2001-AI/TC, f.j. 6

[7] STC N.° 03510-2003-AA/TC, f.j. 2.d

[8] STC N.° 0018-2001-AI/TC, f.j. 9

[9] STC N.° 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.d

[10] Demandantes en el proceso.

[11] https://www.idl.org.pe/poder-judicial-ratifica-emblematica-sentencia-que-ordena-detener-contaminacion-en-rios-afluentes-del-lago-titicaca/.

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