¿Rondas campesinas?, sí; juntas vecinales también

Aldo Pecho Gonzáles/ IDL-Seguridad Ciudadana

Desde hace ya varios días, de manera alarmante, irresponsable y sensacionalista, algunos medios de comunicación y analistas políticos vienen refiriendo el peligro de que se implemente el sistema de rondas campesinas en las ciudades. Es verdad que el lenguaje ambiguo y poco claro del Gobierno y sus allegados no ayuda demasiado a esclarecer las políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana. Pero también lo es que apenas han pasado algunos días de la toma de mando y las exigencias (y críticas de por medio) son más políticas que otra cosa. Por supuesto que la experiencia de las rondas tiene mucho que aportar respecto a la lucha contra la inseguridad. Mas no es la única. También existen las juntas vecinales de seguridad ciudadana, con 24 años de experiencia y muy buenos resultados en las ciudades de todas las regiones del Perú.

Si las rondas campesinas llevan décadas de experiencia ganadas tanto en la lucha contra la inseguridad en el campo (inicialmente abigeato), e incluso aportando a la pacificación del país durante el período de violencia política (1980-2000), las juntas vecinales de seguridad ciudadana tampoco se quedan atrás en las ciudades. Formadas en 1997, en uno de los períodos más turbulentos de la vida urbana —algunos recordarán el crecimiento de la violencia juvenil, especialmente el pandillaje en los barrios populares por esos años—, su crecimiento ha sido exponencial hasta el día de hoy, abarcando toda una compleja red de ciudades e incluso poblados menores y hasta rurales a lo largo y ancho del país.

Hasta antes de la pandemia, la Policía Nacional del Perú —que es la entidad encargada de articular el trabajo y extender lazos comunitarios con estas organizaciones— tenía registrada 15 514 juntas vecinales vigentes con 177 985 miembros. Estamos hablando de una de las mayores organizaciones activas de la sociedad civil en general. Las juntas vecinales se encuentran presentes en las 25 regiones del Perú; y en Lima Metropolitana (conurbano de Lima y Callao), en sus 50 distritos. Además, se organizan en todos los niveles de formación territorial: barrios, distritos, provincias, departamentos y a nivel nacional, con representantes en cada instancia.

Con tamaña organización y recorrido en las ciudades, las juntas vecinales son actores reconocidos en el sistema nacional de seguridad ciudadana (revisar Ley N.° 27933). Y, por supuesto, uno de los primeros que deben ser tomados en cuenta por el entrante Gobierno.

El presidente Pedro Castillo —por cierto, el primer presidente que ha pertenecido a una ronda campesina en el Perú—, si bien puso énfasis en el papel de las rondas con respecto a la lucha contra la inseguridad, no fue excluyente en afirmar la participación de la sociedad civil en este proceso. Si algo se le podría remarcar a él y al ministro del Interior Juan Carrasco es la necesidad de visibilizar también el papel de las juntas vecinales en el discurso, y por supuesto en las políticas en materia de seguridad ciudadana que van a implementarse. Políticas en las que la Policía Nacional debe cumplir un papel fundamental para recuperar confianza y legitimidad con la ciudadanía, sin duda alguna. Y en las que tendrá que liderar (porque es su función) y articular el trabajo de estas organizaciones de apoyo.

Los fantasmas de quienes quieren ver el surgimiento de “milicias paralelas” fomentadas por el Gobierno no son más que discursos mal intencionados o que ignoran el papel fundamental de actores como las rondas campesinas y las propias juntas vecinales para buscar vivir con tranquilidad. Es más, en el caso de las rondas, han rechazado rotundamente los proyectos de ley que buscan militarizarlos y han pedido respeto a su autonomía. De hecho, en mayo de este año, la bancada fujimorista impulsó la aprobación de una polémica ley que busca su sujeción y permitirles el uso de armas, lo que fue rechazado por diversas organizaciones indígenas, agrarias y de rondas campesinas.

Lo que más bien quieren estas organizaciones sociales es acceder a un estado de seguridad ciudadana, sin la cual no se garantizan sus derechos humanos fundamentales ni tampoco una vida democrática plena. Por lo tanto, los discursos del miedo sobre ellos resultan lamentables, y más aún por parte de quienes tienen el privilegio de no temer, día a día, ser víctima de un asalto o que atenten contra su integridad en su comunidad o la propia puerta de su casa. Y es que frente a la desigual distribución de recursos —incluidos los que el Gobierno central y los Gobiernos locales han asignado durante décadas—, la propia iniciativa ciudadana es la que ha surgido para protegerse, y ahora reclama mayor reconocimiento y apoyo del Estado.

Desde IDL-Seguridad Ciudadana, por más de dos décadas, se vienen recogiendo, reforzando e incentivando las experiencias de las juntas vecinales y las rondas campesinas (sumado a ello, también de los comités de autodefensa) en diversas regiones del Perú. Estos tiempos de pandemia no han sido la excepción, y ya sea por medio de la virtualidad o hasta presencialmente venimos realizando reuniones y capacitaciones con las juntas vecinales. Lo mismo ha sucedido con las rondas campesinas en estos años, de las cuales guardamos sumo respeto y rescatamos el valioso aporte y la experiencia recogida en las zonas rurales.

 Si este es el momento para empezar cambios en el enfoque de seguridad ciudadana —y sí que resultan necesarios—, alejándonos de las represivas tesis de “mano dura” vigentes desde el retorno a la democracia, la participación de la sociedad civil resulta clave. Sin embargo, no se puede dejar de lado tampoco la importante y, por supuesto, central función que cumple aquí la Policía Nacional. Este es un tema de debate más amplio, pero desde ya —y desde hace muchos años— venimos impulsando aquí una estrategia de Policía comunitaria que recoja las demandas de protección de vecinos y vecinas, ya no desde la mera represión, sino desde la prevención y disuasión del delito, siempre de la mano con el trabajo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil. Un trabajo que, un sector de la Policía, para satisfacción de todos, ha venido cumpliendo. Y es que como reza ya la vieja frase de las juntas vecinales: “Seguridad ciudadana, compromiso de todos”.