Se activan cuatro frentes legales ante la crisis del sistema de justicia
Casos ante el Colegio de Abogados, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y pedidos de información, buscan abrir puertas para la protección de derechos humanos y la rendición de cuentas ética, que involucra a la Junta Nacional de Justicia.
En medio de los cuestionamientos que atraviesan diversos sectores por la violación a la independencia del sistema de justicia, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fomento de la Vida (FOVIDA) han activado cuatro frentes de acción para revisar decisiones y actuaciones vinculadas al proceso de selección del 2024 de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), la actuación ética de 5 abogados que se desempeñan como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y el actuar ético de 1 abogado que está a cargo de la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP).
El primer caso apunta directamente a cinco abogados que integran la JNJ, institución que tiene entre sus principales funciones nombrar, evaluar y controlar a jueces y fiscales titulares de todos los niveles. El IDL presentó ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) una denuncia ética relacionada con la violación de deberes éticos profesionales, ocurridos en la decisión que determinó que Patricia Benavides asumiera nuevamente como Fiscal de la Nación. El procedimiento quedó suspendido después que dos de los cinco denunciados obtuvieron una medida judicial. El IDL ha pedido al Comité de Ética del CAL que el trámite continúe respecto de los otros tres integrantes, Jaime De la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo; y se espera una respuesta.
El segundo frente está precisamente en el Poder Judicial. Los dos abogados, Gino Ríos y María Teresa Cabrera, que integran la JNJ que obtuvieron esa medida, presentaron un amparo para cuestionar el procedimiento ante el CAL. El IDL, como autor de la denuncia ética, pidió intervenir en ese proceso para defender su posición. La decisión judicial está pendiente.
El tercer caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. El IDL cuestionó el proceso mediante el cual fue elegida la actual JNJ por problemas relacionados con transparencia, debido proceso y participación ciudadana. La JNJ respondió llevando el conflicto al TC. Las partes ya fueron escuchadas en audiencia y el Tribunal tiene pendiente pronunciarse, sobre si el amparo del IDL continúa o no.
El cuarto frente está en el CAL y se refiere a una denuncia ética contra Juan Antonio Fernández Jerí, abogado que es el Jefe de la institución encargada del control disciplinario de fiscales, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. FOVIDA lo denunció por faltar a la ética de los abogados y el Consejo de Ética del CAL declaró fundada la denuncia; sin embargo, impuso únicamente una amonestación escrita, pese a que dicha sanción no corresponde conforme a ley. FOVIDA apeló, y el caso se encuentra actualmente pendiente de resolución ante el Tribunal de Honor.
Los cuatro procesos no tienen todavía una resolución definitiva. Precisamente por eso son relevantes: hay casos que aún están abiertos, recursos que deben ser respondidos y mecanismos institucionales que pueden y debieran avanzar, para la rendición de cuentas ante la violación de derechos humanos, y de la ética profesional, sobre todo de quienes integran una institución tan relevante para la promoción de la independencia del sistema de justicia, como lo es la Junta Nacional de Justicia.
Para el IDL, el desafío es que estos espacios no se cierren sin respuestas. Para la ciudadanía, el seguimiento de estos casos ofrece una herramienta concreta para conocer, vigilar y exigir que las instituciones de justicia rindan cuentas.