Se busca ministro del Interior, disponibilidad inmediata

Stefano Corzo Vargas

De todas las canciones del repertorio nacional criollo hay una que indudablemente no pudo faltar en la “reunión de trabajo” del ministro Barranzuela.

El trío conocido como Los Chamas, oriundos de San Martín, popularizaron en 1954 una polka muy alegre titulada “Cómo te gustan los militares”. La letra narra el reclamo juguetón de un joven enamorado quién, frustrado ante la súbita obsesión de las muchachas de su barrio por los militares, decide lanzarles una advertencia:

“Los militares, sí, los militares
cómo te gustan, cómo te gustan los militares
Pero ten presente que en la próxima alborada
los militares te pueden dejar plantada.”

1954 fue la etapa final del Ochenio de Manuel Odría. Curiosamente, un régimen que significó el regreso del militarismo al Perú e inspiro, quizás, la mejor novela que ha escrito Vargas Llosa.

El día siguiente a la jarana del ministro todos amanecimos con un refrán similar en nuestras cabezas.

En el diario oficial El Peruano apareció publicada la Resolución Suprema N.º 191-2021-IN, norma del Ministerio del Interior (MININTER), que “Autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden Interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones a las Regiones Policiales de Lima y Callao”.

“El Perú no puede parar” fue la última frase que emitió Luis Barranzuela la mañana después del escandalo a los medios de prensa que lo esperaban afuera de su domicilio. Luego, se dirigió con rumbo desconocido a afrontar lo que ahora sabemos sería su destino: la deshonra.

 

¿Argumentos sin datos?

La Resolución Suprema publicada esta mañana contempla un considerando específico que forma parte fundamental de su argumentación:

“Que, de acuerdo al informe mencionado en el considerando precedente, en lo que va del año se advierte un incremento significativo del índice delictivo en dichas zonas, en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasa…”

El informe aludido en el anterior considerando (Informe N.º 129-2021-SCG-PNP/OFIPOI) se trataría de un documento elaborado por la Subcomandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) y remitido al despacho del ministro del Interior para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores mencionadas en la resolución.

Como parece haberse convertido en costumbre, el informe en cuestión no ha sido revelado al público.

En una situación anterior similar: en el 2003, el periodista Javier Casas presentó un habeas data solicitando al Ministerio de Defensa (MINDEF) un informe sobre las razones por las cuales se decretó un estado de emergencia durante ese año;  el Tribunal Constitucional falló a favor del demandante señalando que este tipo de información es de carácter público al considerar que “existe un legítimo interés de la ciudadanía por conocer las razones concretas por las cuales se decreta un estado de emergencia determinado”.

A pesar de este precedente, la PNP se ha convertido en una institución que tiene la extraña característica de no difundir o publicar las cosas que investiga.

Pero veamos que dicen los datos existentes contra los argumentos de la polémica resolución.

Empecemos con aquellos recolectados sistemáticamente por el INEI y publicados semestralmente en sus boletines de seguridad ciudadana.

El último boletín titulado Informe Técnico. Estadísticas de Seguridad Ciudadana (nov. 2020-abr. 2021 da cuenta de los siguientes cambios en el índice de victimización durante el periodo evaluado:

Población de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho delictivo, según región natural y departamento

	nov. 2019-abr. 2020	nov. 2020-abr. 2021	Variación porcentual
Provincia Constitucional del Callao	31.5	21.6	-9.9
Lima Metropolitana	31.6	23.2	-8.4
Lima*	20.5	18	-7.5

 

Fuente: INEI, 2021.

*Comprende el área urbana de las provincias de Barranca, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Cajatambo y Yauyos.

Como podemos ver, durante el periodo analizado, la victimización en las regiones destacadas en la resolución (Lima y Callao) no se ha “incrementado significativamente”, sino todo lo contrario, han experimentado una reducción constante a lo largo de ellas.

No obstante, la medición semestral del INEI termina en abril del presente año. Han pasado 7 meses desde que esos datos fueron levantados y, a lo mejor, estos han podido cambiar. Después de todo, cubren periodos de inmovilización total en dichas regiones como la cuarentena total decretada durante el mes de febrero de eset año. Evidentemente, dichas coyunturas pueden tener una influencia sobre los datos recogidos por el INEI.

Por lo tanto, veamos a continuación los datos recolectados en el registro de denuncias de la PNP:

Evolución de denuncias de delitos a nivel de Lima Metropolitana (2019-2021)

Fuente: PNP, 2019, 2020, 2021. Elaboración propia.

El gráfico anterior —que registra la evolución de las denuncias por delitos en Lima Metropolitana entre 2019 y 2021— demuestra que, efectivamente, ha habido un lento pero consistente incremento de las denuncias por delitos en la última mitad del 2021.

Los datos provienen de las solicitudes de acceso a la información pública que desde el Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL) realizamos periódicamente para nuestros informes y publicaciones. Para el 2021, solo contamos con información hasta el mes de agosto del presente año.

Este leve (pero constante) crecimiento de las denuncias, sin embargo, se debe entender más como una normalización de los indicadores delictivos que responden a la flexibilización de las principales actividades comerciales y no como una ola delictiva inédita.

Si comparamos los indicadores del 2021 y las proyecciones de los meses restantes con aquellos recogidos en el 2019, podremos ver que más bien hay una regularización de estos que corresponden, sobre todo, al levantamiento de restricciones durante la última mitad del año.

Aun así, existen algunos indicadores —como aquellos relacionados a los delitos cibernéticos — que cada vez van más en aumento por condiciones específicas del contexto de la pandemia.

Situación sobre la cual, vale la pena resaltar, los militares en la calle poco o nada podrían hacer.

Hasta el momento, ninguna de las flamantes autoridades del nuevo comando policial se ha pronunciado al respecto de esta resolución. Ni el recientemente ascendido comandante general de la institución policial, el general PNP Javier Gallardo Mendoza, ni el nuevo subcomandante general, el general PNP Javier Bueno Victoriano —cuyo despacho, según la resolución, elaboró el informe en cuestión— se han pronunciado al respecto de este suceso.

Recordemos que parte de la cúpula policial fue cambiada recientemente, en uno de los últimos actos realizados durante la gestión del exministro del Interior, el abogado y exfiscal Jorge Carrasco Millones.

 

“Cómo te gustan los militares”

Históricamente, la caja de Pandora del populismo punitivo en nuestro país ha sido una muy fácil de abrir para nuestras autoridades y políticos.

La mano dura es la representación máxima de la falta de creatividad para solucionar los problemas de la inseguridad. Pero, paradójicamente, los arreglos efectistas calan hondo en nuestro país porque vivimos en la región más violenta del mundo.

Según el informe Estudio Mundial sobre el Homicidio  (2019) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el continente americano reúne el 37 % de los homicidios a nivel mundial, pero solo el 13 % de su población.

Tasa de homicidios en las capitales de América Latina y el Caribe en 2019

Fuente: Insight Crime, 2019.

La tasa de homicidios en el Perú no es tan alta como la de otros países de la región —Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, principalmente—, pero la percepción de inseguridad sí es una de las más extremas.

Para la última mitad del 2020 (julio-diciembre), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) calculó que el índice de percepción de inseguridad era de 82.9 a nivel nacional. Es decir, 8 de cada 10 personas afirmaban sentirse inseguras ante el riesgo de convertirse en víctimas de algún hecho delictivo y/o violento.

Si contrastamos este dato con el índice de victimización para el mismo periodo —es decir, la cantidad de personas que efectivamente fueron víctimas de un hecho delictivo y/o violento— veremos que un número considerablemente menor ha sido victimizado realmente: 21.6. O sea, 2 de cada 10 personas.

Pero esto no es algo nuevo.

En gran parte, la disparidad histórica entre la percepción de inseguridad y la victimización en el Perú se puede explicar por el efecto amplificador que tienen los medios de comunicación, en términos de forma y frecuencia, al difundir hechos violentos y/o delictivos en nuestra sociedad.

También podemos mencionar a la manera en cómo se mide la percepción de inseguridad en el país. Aunque esa es otra discusión.

Lo grave del asunto es que la conjugación de una prolongada falta de soluciones integrales a los asuntos de inseguridad y una duradera y desbordada percepción de la inseguridad casi siempre tienen como resultado la concesión de la población a soluciones de “mano dura”.

Cualquier opción severa es válida con tal de que garantice resultados inmediatos.

Y en el Perú, nuestra clase política nunca se han caracterizado por su creatividad para solucionar los problemas de la población. Todo lo contrario, el facilismo parece ser un requisito del cargo.

La pena de muerte para los criminales  y la militarización de la seguridad pública  siempre han sido las “viejas confiables” de mentes poco o nada inventivas. Por eso mismo este tipo de propuestas siempre abundan en épocas electorales.

 

¿Qué sigue ahora?

En un reciente informe postulamos, casi jocosamente, que la historia reciente del sector Interior y la de sus órganos adscritos (como la PNP) parece avanzar en base a escándalos y no, como uno quisiera suponer, en base a reformas o avances significativos.

Ha pasado exactamente una semana desde la publicación de ese artículo y, lastimosamente, nos hemos quedado sin ministro una vez más.

El MININTER ha pasado a convertirse en el ministerio no solo del escándalo, sino también de la improvisación, de la infamia y de la vergüenza ajena.

La resolución que hemos debatido y analizado en este texto es prueba de ello.

No obstante, existen matices importantes que no debemos dejar de lado. La colaboración de las fuerzas militares en las labores de orden público son una prerrogativa de la cual los Estados efectivamente pueden hacer uso.

Ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ni el Derecho Internacional proscriben el uso de la fuerza militar en estas circunstancias , aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sí sugiere contra su uso e involucramiento en temas de seguridad interna  considerando el historial de las dictaduras militares en la región.

Se podría entablar toda una discusión sobre la formación de nuestras Fuerzas Armadas en temas de derechos humanos y, pese a que los antecedentes más recientes no son favorables  para el argumento a favor de esta nueva resolución, estaríamos todavía fallando en ver el problema de fondo.

El asunto real es que sin un liderazgo verdaderamente capacitado en el sector Interior los paliativos, como el llamado a las Fuerzas Armadas, resultaran siendo siempre el “sebo de culebra” que se han acostumbrado a vendernos sobre la seguridad pública durante años.

El exministro Barranzuela vivió en carne propia las palabras casi proféticas de la canción de Los Chamas. Esperamos, por el bien del país, que el presidente Castillo no haga oídos sordos a su advertencia.