Se mete por la venta (Diario Uno)
Noticia publicada en Diario Uno el 10/10/19
Hoy se realizará una sesión plenaria en el Tribunal Constitucional y podría revisarse el pedido de Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien insiste con que se el tome juramento a pesar de que su elección fue impugnada.
El Tribunal Constitucional ha convocado para hoy a una sesión plenaria, en la cual se pondría a discusión la solicitud de Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien la semana pasada solicitó que se le tome juramento como nuevo magistrado constitucional “sin más dilación ni trámites”.
Como se recuerda, la elección de Ortiz de Zevallos, primo hermano del entonces presidente del Congreso y hoy presidente de la comisión Permanente, Pedro Olaechea, se llevó a cabo dentro de un proceso de selección enrarecido, al punto de que carga con el peso de haber detonado la disolución del Congreso al tomarse como rechazada la cuestión de confianza.
Pare el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el hecho de que se haya incluido la solicitud de Ortiz de Zevallos en la agenda del pleno constitucional no significa que dicho pedido vaya a ser aprobado. “Es un pedido que el señor Ortiz de Zavallos hace sin ningún tipo de sustento legal; es un pésimo comienzo para alguien que reclama ser miembro del TC, que empiece su gestión malinterpretando la ley y la Constitución y desconociendo los procedimientos legales a los que está sometido el TC”.
Rivera consideró que los magistrados constitucionales deberán rechazar la solicitud debido a que existen normas claras que indican que solo tras la publicación de la resolución de designación por parte del Congreso -en el diario El Peruano- puede contarse el plazo para la juramentación.
Además, advirtió que la resolución legislativa que Ortiz de Zevallos anexó a su pedido consigna dos hechos cuestionables. “El primero, es que hay una votación que no se ha consumado, pues si bien es cierto que el Congreso votó, también es cierto que hay una o dos impugnaciones, y eso tendría que ser resuelto por un próximo Congreso”, indicó.
“Y en segundo lugar, una parte de la resolución establece qué magistrado tiene que salir para que ingrese Ortiz de Zevallos, cuando todos hemos visto que eso jamás se votó ni se acordó, por lo que es técnicamente una leguleyada que solo la puede haber perpretado el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, sobre quien en algún momento tendrá que caer una responsabilidad legal”, aclaró.
El jurista indicó que bajo esas consideraciones, los miembros del TC “no pueden aceptar de ninguna manera la integración de Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado, porque el hecho concreto es que hay normas que él está desconociendo y porque es parte de maniobra política que fue el último manotazo de ahogado que dio el antiguo Congreso de la República”. “Es realmente grave que se quiera imponer sobre la ley, sobre procedimientos que no se han cumplido, y sentarse nada menos que en la posición de juez constitucional”, agregó.
Los desamparados
El abogado de IDL, también se manifestó respecto a las demandas de amparo presentadas por los excongresistas Marisol Espinoza y Ángel Neyra. “No proceden estos amparos, debido a que el código procesal constitucional establece cuáles son las circunstancias para declarar la inadmisibilidad de un amparo. Nadie puede reclamar el derecho a ser congresista, ese derecho no existe, y cuando hay una disputa entre dos poderes públicos, no procede ningún amparo”, afirmó.
Por tanto, señaló que no tendría que ser el TC sino el propio Poder Judicial quien desestime de plano tanto la demanda de Marisol Espinoza, “que debe estar más preocupada por sus problemas legales en Chiclayo”, como el presentado por Neyra o algún otro excongresista.
Pedido absurdo
Respecto al pedido planteado por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al presidente de la República Martín vizcarra, a fin de que sea él quien presente una demanda competencial ante el TC, Rivera señaló que le parece contradictorio y llama la atención que el Defensor del Pueblo haga un pedido de esa naturaleza, “porque estaríamos en un escenario en que el Presidente de la República presenta una demanda contra el Presidente de la República”.
“No tiene ningún sentido; creo que los que están promoviendo esto deben ser conscientes de que acá hay un problema de carácter legal y constitucional también. La Constitución dice que el que aprueba la demanda competencial es el Congreso de la República. El hecho de que el señor Walter Gutiérrez se haya convencido de que él no puede presentar este asunto no justifica que pueda pedirle eso al Presidente”, añadió.
En esa línea, consideró que el debate sobre el tema está cerrado. “Me sorprende que se discuta tanto sobre este asunto, que se declare tanto desde los excongresistas, pero que nadie presente nada. Hay una ineptitud no solo política, sino legal y jurídica impresionante”, concluyó.