Se viene la antirreforma de justicia
El Congreso ha instalado una comisión multipartidaria que tendrá 90 días para presentar una propuesta de reforma del sistema de justicia. La preside María del Carmen Alva, no agrupada, pero vinculada al bloque de partidos aliados al Gobierno y que promueven la impunidad. Otro de sus integrantes es Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que ya adelantó una de sus propuestas que consiste en el cese de los fiscales supremos, y que, paralelamente, ha impulsado una campaña de desinformación que culpa a los jueces y fiscales como los culpables de la situación de violencia que hoy vive el país.
En las décadas pasadas han habido varios intentos de intervenir el sistema de justicia. Al respecto, la abogada del Área de Justicia Viva del IDL, Cruz Silva, manifiesta: “El sistema de justicia es visto como el principal enemigo de estos poderes antijusticia, y por eso aparecen estas amenazas que no son nuevas en el Perú. Se dieron -y se dan- en escenarios de corrupción, cuando las personas investigadas por ese sistema de justicia son las que están en el poder. Eso pasó en los años de 1990: Alberto Fujimori promovió una reforma que supuestamente iba a ser técnica, pero resultó política. Sometió a los jueces y a los fiscales a las comisiones especiales que controlaron el Poder Judicial y el Ministerio Público. Así eliminaron la independencia del sistema judicial, y sacaron de sus cargos a muchos operadores de justicia. Posteriormente, la misma dictadura promovió una reforma para reducir el quorum de las sesiones, que les permitió, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional de entonces tomara decisiones referidas a la inconstitucionalidad de procesos o normas para su beneficio. El manejo del quorum es una táctica que utilizan los regímenes que quieren violentar el sistema de justicia”.
Una década después se produjeron otras propuestas de reformas impulsadas por el partido fujimorista. En el año 2017, el congresista Héctor Becerril impulsó medidas que “fortalecían” al Consejo Nacional de la Magistratura, y que terminaron siendo una fachada para darle más poder o blindaje a una institución que estaba comprometida con el poder político. En el año 2018, IDL Reporteros publicó que Becerril había sostenido reuniones con Guido Aguila y otro consejero para que estos favorecieran con su voto a un postulante a la presidencia del CNM. Y, finalmente, otra reforma que no ha sido archivada es la que promueve Gladys Echaíz, ex Fiscal de la Nación vinculada al aprismo, que, entre otras medidas, plantea que desaparezca la Junta Nacional de Justicia porque en su momento este organismo estuvo fiscalizando a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según la abogada Cruz Silva, “las reformas fallidas que buscaron violentar la independencia judicial son los antecedentes de lo que hoy nuevamente está tratando de hacer el poder político: conformar una comisión de reforma que es muy cercana a los actores de justicia elegidos por ellos mismos. Una prueba de ello es la foto que se acaban de tomar con los miembros de Tribunal Constitucional, en un escenario en el que el sistema de justicia está investigando a los operadores políticos en casos como Lava Jato, los audios de la vergüenza, o el caso Valquiria, entre otros. En realidad lo que buscan es lograr impunidad y cooptar las últimas instituciones que podrían hacerle contrapeso al poder político”.
En la región ha habido un retroceso que ha permitido que se implementen antirreformas impulsada por grupos antidemocráticos en el poder, como la que se pretende para el Perú. “En Guatemala las antirreformas expulsaron al exilio a más de 70 operadores de justicia hace algunos años. En El Salvador, Bukele comenzó una antirreforma que cesó en el cargo a varios magistrados supremos. En México y en Venezuela se reformaron los sistemas de justicia a través de una elección popular de magistrados que ha violentado su independencia porque se terminó politizando. Algo bueno en medio de esto, es que los jueces latinoamericanos se han asociado para denunciar los atropellos que se están cometiendo contra el sistema de justicia. Un ejemplo la da la Federación Latinoamericana de Magistrados a la que pertenece el juez peruano Ordóñez, que estuvo en la audiencia de la CIDH el año pasado», puntualiza Cruz Silva.