Seguridad Ciudadana: Ejecutivo debe impedir aprobación de ley que protege policías y viola normas constitucionales
El congresista aprista Jorge del Castillo ha presentado un proyecto de ley sumamente cuestionable que puede ser aprobada si el Ejecutivo no interviene y lo objeta. Se trata de la Ley 3846/2018-CR (ley que modifica las reglas procesales de detención en los casos de ejercicio de la función policial); la Ley 3860/2018-CR (ley que modifica el artículo 20 y 367 del Código Penal, que declara exento de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y que amplía las formas agravadas); la Ley 4027/2018-CR (ley que protege la labor de la PNP en su rol de garantizar el orden interno y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas; y la Ley 4351/2018-CR (ley que protege el accionar de la PNP en el ejercicio regular de su función constitucional contra la delincuencia, el crimen organizado y en defensa de la seguridad ciudadana).
“Ya el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo han emitido una opinión desfavorable a la propuesta contenida en estos proyectos de ley”, sostiene Elena Reyes, del Área de Seguridad Ciudadana del IDL.
Reyes sostiene que, si bien es cierto existe una alarma real por el incremento de la delincuencia, y la policía hace uso de sus armas de reglamento para repeler los ataques, son inadmisibles los casos en los que el descontrol y el uso abusivo de las armas han producido lesiones y muerte de personas, cuando la función policial justamente comprende el respeto por la vida e integridad de las personas.
“Estos proyectos de ley proponen que los efectivos policiales no podrán ser detenidos en casos de legítima defensa o si hubiera terceros en peligro. Sin embargo, la figura de la legítima defensa ya está contemplada en el Código Penal , y es el fiscal quien debe evaluar la detención y el juez quien deberá determinar si concurren todos los supuestos que acarrean la legítima defensa. Considero que esta propuesta sería discriminatoria frente a otros delitos”, sostiene.
Además, el Área de Seguridad Ciudadana opina que los postulantes a las Fuerzas Armadas y Policía deben ser evaluados rigurosamente, sobre todo en el aspecto psicológico, al igual que el personal policial. Añade: “Sobre todo si se contempla aprobar este tipo de leyes en las que se ablandan las penas y se les permite disparar sin mayores consecuencias”.