SERNANP incumple norma que autoriza demarcación de territorio indígena al interior del Parque Nacional Cordillera Azul

SERNANP incumple norma que autoriza demarcación de territorio indígena al interior del Parque Nacional Cordillera Azul

Olga Cristina del Rocío Gavancho León, abogada IDL

Antecedentes

Con fecha 7 de abril del 2022, en el diario oficial “El Peruano”, se ha publicado la Resolución Ministerial N°136-2022-MIDAGRI, la misma que modifica la Resolución Ministerial N° 443-2019-MINAGRI, que aprueba lineamientos para la demarcación del territorio de las comunidades nativas”. Esta norma en forma concreta modifica el artículo 6.6.6.b, que en su párrafo segundo ahora dispone:

“6.6.6 De las superposiciones

(…)

  1. Superposición con Áreas Naturales protegidas – ANP

Si en la fase de recopilación de información se advirtiese la existencia de áreas naturales protegidas dentro del territorio de una comunidad nativa, la resolución que apruebe el procedimiento de demarcación territorial señalará que la utilización de los recursos naturales existentes en aquellas áreas, se rigen por las normas contenidas en la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento; y demás disposiciones sobre la materia.

En la demarcación del territorio comunal no se monumentan hitos en el ámbito de un área natural protegida.

En cuanto a la inscripción registral, según los artículos 45 y 46 del Reglamento de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001- AG, son inscribibles las limitaciones de uso sobre los derechos que consten en cualquier registro público; por ello proceden dichas inscripciones en las partidas de los predios que se encuentren en el ámbito del ANP”.

En este marco y para cumplimiento de la citada norma, las organizaciones indígenas Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), y la Federación de los Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM), han organizado movilizaciones y publicado pronunciamientos desde junio del año pasado hasta la fecha a efectos que el Gobierno Regional de San Martín, la Jefatura del ACR-CE y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas cumplan la citada norma, y en consecuencia proceder a implementar la demarcación de los territorios comunales superpuestos dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la región San Martín, correspondientes al Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE).

Hasta la fecha la población indígena presenta como barrera de acceso a la titulación integral de su territorio, la omisión de parte de SERNANP y de la Jefatura del PNCAZ de cumplir con la norma que autoriza la demarcación de su territorio dentro de una ANP. (Ver video de movilización en documental “El despojo” en el siguiente enlace: https://www.forestpeoples.org/es/video/2023/el-despojo-documental)

Esta discusión, en este momento se iba debatiendo en la Mesa Técnica de Titulación de Comunidades Nativas y en la Mesa para la Gestión Integral del PNCAZ, en donde las organizaciones indígenas han exigido a funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, del Ministerio de Agricultura, y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Ambiente el cumplimiento efectivo de la citada resolución ministerial, ante la falta de otorgamiento de seguridad territorial que se dan a extensas áreas indígenas superpuestos a ANP, en el marco del  Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3) y que se empiezan a realizar sin cumplir las disposiciones vigentes y obligatorias relativas al procedimiento administrativo de titulación de comunidades nativas.

Sin embargo, pese a los compromisos avanzados en reunión del 4 de setiembre de este año, el SERNANP en reunión del 18 de setiembre se negó a cumplir con los mismos y colaborar en la demarcación del territorio de las comunidades nativas kichwas de Canayo, Callanayacu y Ricardo Palma, en una increíble muestra de la falta de respeto y profesionalismo en el diálogo sostenido con las organizaciones indígenas participantes, lo que motivó que las organizaciones indígenas se pronuncien manifestando su rechazo a tal actitud y comunicando a la opinión pública que el PNCAZ no genera participación efectiva real, y no cumple los criterios de gobernanza necesarios para haber sido premiados en la Lista Verde de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN).

No es la primera vez que SERNANP genera este rompimiento del diálogo, en enero del 2023 también se suspendieron las reuniones en razón a que los funcionarios de la citada institución se negaban a cumplir con el compromiso de iniciar la agenda con la demarcación de territorios indígenas al interior del PNCAZ, siendo a petición de los organizaciones indígenas kichwa que se retomará el espacio que fue condicionado justamente a la priorización de la agenda de la demarcación territorial que el SERNANP se negó a cumplir el último 18 de setiembre.

No existe norma prohibitiva para demarcación del territorio indígena al interior de una ANP.

La restricción de los derechos territoriales de las comunidades nativas kichwa de acuerdo con lo señalado en informes y reuniones por especialistas del SERNAP, sólo se sustenta en una pobre interpretación literal de la Ley de ANP y reglamento, señalando en resumen que la Ley N° 26834 (Ley ANP) en su artículo 4, prescribe que Las Áreas Naturales Protegidas, (…), son de dominio público y no podrán ser adjudicadas en propiedad a los particulares”, como si las comunidades nativas se conforman por núcleos poblacionales que han aparecido después de creada una ANP.

No obstante, la citada norma se hace mención en forma aislada sin tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 89º del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que en su numeral 89.1 regula sobre los derechos adquiridos previos al establecimiento del ANP, tales como el derecho de propiedad o el derecho de posesión, prescribe que:

“El Estado reconoce los derechos adquiridos, tales como propiedad y posesión entre otros, de las poblaciones locales incluidos los asentamientos de pescadores artesanales y las comunidades campesinas o nativas, que habitan en las Áreas Naturales Protegidas con anterioridad a su establecimiento. En el caso de las comunidades campesinas o nativas vinculadas a un Área Natural Protegida, se debe considerar esta situación en la evaluación del otorgamiento de derechos para el uso de los recursos naturales con base a la legislación de la materia y los Convenios Internacionales que al respecto haya suscrito el Estado, en particular reconociéndose los conocimientos colectivos de las mismas.”

Los funcionarios de SERNANP no señalan de forma motivada la razones justifiquen la restricción del derecho a la propiedad comunal de las comunidades kichwa, en razón a que en virtud a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), el Estado solo podrá restringir el uso y goce del derecho a la propiedad siempre que las restricciones: a) hayan sido previamente establecidas por ley; b) sean necesarias; e) proporcionales y d) que tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática (Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay y otros), cuyos parámetros de interpretación son obligatorios según la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (FJ. 5 DE LA STC EXP. N° 03258-2010-PA/TC y otros), sumado a ello los incumplimientos del Convenio 169 de la OIT, que tiene el mismo rango de nuestra Constitución y es de obligatorio cumplimiento desde 1995; los funcionarios e informes presentados se limitan solo a decir que la Ley ANP prohíbe la demarcación de los territorios indígenas al interior de ANP, sin que exista párrafo alguno que señale tal restricción.

Conforme a la legislación peruana, una comunidad es reconocida como tal, a partir de que el gobierno regional de su jurisdicción emite una resolución reconociéndola como tal, convirtiéndose a partir de ese momento en una persona jurídica. Solo contando con tal reconocimiento, una comunidad puede solicitar la titulación de sus tierras. El problema con este procedimiento es el lento avance en la titulación de las tierras comunales, lo que a su vez ha generado que muchas veces se establezcan ANP sobre las tierras de comunidades que aún no han sido reconocidas como tales, lo cual dificulta la probanza de la preexistencia de sus derechos sobre el ANP en cuestión, entrampando así el procedimiento de titulación de sus tierras.

Por ello, consideramos que el citado artículo 89 del Reglamento de la Ley ANP, debe ser interpretado contestando a la pregunta ¿si el reconocimiento oficial del Estado de una comunidad nativa marcará el plazo para determinar la presencia de esta al interior de una ANP, con anterioridad a su establecimiento?

A fin de responder la citada pregunta, empezaremos diciendo que la existencia de las comunidades nativas no inicia con el reconocimiento formal del Estado, pues como bien ya ha señalado el Tribunal Constitucional “(…) la personería jurídica de los pueblos indígenas u originarios deriva de la ratificación por parte del Estado Peruano del Convenio 169 OIT que define el concepto, constituye el marco normativo que los regula y forma parte del ordenamiento jurídico nacional, conforme ya lo señalamos.

La propia Comisión de Expertos en Observaciones y Recomendaciones de la OIT, ha indicado que  “(…) al tomar nota de las figuras usadas para el reconocimiento de personería jurídica de un pueblo indígena y su respectivo registro, ha recordado el principio de reconocimiento de una realidad preexistente establecido en el Convenio a fin de que el trámite para dicho reconocimiento tenga carácter declarativo y no constitutivo” , por lo que cualquier mención a los derechos adquiridos de las comunidades nativas debe aplicárseles el artículo 89 del Reglamento de la Ley de ANP, dado que independientemente del reconocimiento posterior a la creación de una ANP, las comunidades nativas Kichwas que reclaman su derecho territorial han existido mucho antes de su creación, y es el criterio con el que debe partir cualquier interpretación que de esta norma se realice, la misma que no ha sido realizada ni considerada por el SERNANP.

Las instituciones públicas están obligadas a cumplir con la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos, por lo que las decisiones referidas a la interpretación aislada y antojadiza de la Ley de ANP y reglamento, no son justificación suficiente para que el SERNANP impida la demarcación de los territorios indígenas dentro de ANP.

Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos

Lo sucedido acontece pese a que el 28 de abril de 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD), envió una comunicación formal al Estado peruano, en el marco de su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, sobre las afectaciones a los derechos humanos y territorios del pueblo Kichwa y otros pueblos indígenas por el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su Proyecto REDD+. La carta del CERD se produce en respuesta a una petición formal presentada por organizaciones del pueblo Kichwa previo a su 107º período de sesiones, que tuvo lugar en agosto de 2022 en Ginebra.

En concreto, el CERD le solicitó al Estado peruano información hasta el 21 de julio de 2023, entre otros temas, sobre: c) Los mecanismos implementados para garantizar que los pueblos indígenas cuyos territorios y recursos naturales hayan sido o puedan ser afectados por la creación del Parque y la implementación del proyecto REDD+ sean debidamente consultados con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado; y d) Las medidas específicas adoptadas para proteger las formas tradicionales de vida y de subsistencia, así como el valor ancestral y cultural de los territorios indígenas afectados por el PNCAZ; por lo que el Estado se mantendría en omisión dada el actual contexto de seguir impidiendo la demarcación del territorio indígena al interior del PNCAZ.

En esa misma línea, el Informe de política del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd y Stephanie Keene de agosto del 2021, contraria a la actitud de SERNANP y el Estado peruano, ha establecido entre sus recomendaciones aplicables a todas las medidas de conservación, la siguiente:

“(13) Garantizar el  acceso  y uso de la tierra,  el agua, la vida silvestre,  las plantas y los  sitios sagrados por parte de los pueblos indígenas y otros titulares de  derechos rurales para la supervivencia, la subsistencia y los medios de vida comerciales a pequeña escala, con fines medicinales, culturales y espirituales , con arreglos específicos  establecidos a través de  procesos de  consulta inclusivos y  sensibles al género que están de acuerdo  con el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI).  Reformar la legislación de conservación y áreas protegidas según sea necesario para garantizar estas protecciones para todos los pueblos indígenas y otros titulares de derechos rurales cuyos medios de vida y culturas dependen de áreas designadas para la protección de la conservación”.

Pese a ello, con un discurso contrario a la posición de las instituciones que velan por los derechos humanos a nivel internacional, el SERNANP continúa realizando su labor con enfoques de conservación restrictivos o excluyentes con el objetivo de purgar las áreas de alta biodiversidad de los habitantes humanos, pese a que las comunidades nativas kichwas siempre han estado y han cuidado sus territorios al interior del PNCAZ.

Organizaciones indígenas presentan carta de cumplimiento para demarcación de sus territorios en ANP

A fin de usar los mecanismos legales para obtener el cumplimiento de la citada norma administrativa las organizaciones indígenas solicitaron mediante carta de cumplimiento, el día 15 de agosto del presente al MINAM, SERNANP y al jefe del PNCAZ, que haga efectivo lo dispuesto en el artículo 6.6.6.b de la resolución que regula los lineamientos para la demarcación del territorio de comunidades nativas al interior de ANP.

En los próximos días, con respuesta o sin la misma presentaran una demanda de cumplimiento a efectos de que se cumplan los lineamientos de demarcación de territorios indígena y puedan identificar el territorio despojado que hoy se encuentra al interior del del PNCAZ, sin perjuicio de considerar denunciar a funcionarios por la omisión y rehusamiento de funciones de las entidades públicas que se niegan a cumplir con la citada disposición normativa.

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