Siete claves para entender la criminalización de la migración venezolana en el Perú

Aldo Pecho Gonzáles

Para nadie es sorpresa que, tras siete años de migración masiva en el Perú, la población venezolana sea una de las más estigmatizadas, sin lograr plena integración en nuestra sociedad. Esto se debe a una serie de factores sociales, políticos y económicos analizados por diferentes especialistas. No obstante, algunas de estas problemáticas merecen una mirada más a profundidad, la que queda aún pendiente, que empiece a desgranar los porqués estructurales y las motivaciones de los actores involucrados de un proceso más delicado: el de la criminalización. No es este el espacio para un examen minucioso sobre este proceso, pero sí para arrojar las primeras luces a modo de ensayo sobre un fenómeno sobre el cual puede decirse mucho sin tocar a fondo. Aquí algunas razones.

1. Chivo expiatorio de la política peruana

Sin duda, la criminalización es el chivo expiatorio de la política nacional (y también internacional). Sean tiempos de elecciones municipales, regionales o nacionales, no existe espacio alguno que desaprovechen los políticos para relacionar la migración venezolana con la criminalidad por medio de cifras infladas, percepciones, generalizaciones o dichos sin sustento. Lo importante es que la criminalización se convierte en el punto de escape de los problemas nacionales más importantes: desempleo, informalidad, corrupción, crisis de representatividad. Así, la migración termina siendo un distractor útil sobre el que arrojar más leña en caso de que algún otro problema aflore.

2. Control sobre la población local a través del miedo

La inseguridad es un tema recurrente y lamentablemente real para la población local (y también venezolana) sobre la que deben vivir en el día a día. No obstante, también se ha convertido en la excusa perfecta para canalizar tanto recursos económicos (muchas veces tentados por la corrupción) como políticos (leyes de “mano dura”) para ejercer control social desmedido, sin respeto por los derechos humanos fundamentales, y acrecentar el poder coercitivo. El miedo así resulta útil y necesario de mantener para operativizar el control social, habiendo el temor de caer en autoritarismos mucho más desmedidos que terminan incluso rompiendo sus propias reglas.

3. La división social: migrantes venezolanos contra peruanos

Dividir es vencer (y gobernar). Acrecentar la rivalidad entre la población migrante y la comunidad de acogida resulta políticamente provechoso. Así, los problemas en común arriba mencionados (desempleo, informalidad, inseguridad, violencia, etc.) terminan siendo responsabilidad de unos o de otros, pero casi nunca de las condiciones puestas por el Estado o la clase política. La división es necesaria, puesto que asegura que no haya un frente en conjunto para reclamar lo que serían derechos de poblaciones que engrosan básicamente la clase trabajadora, ya que son vistas entre sí como competencia de la otra, sin ninguna bandera en común ni motivación en conjunto.

4. Estigma, bajos salarios y condiciones laborales deplorables

Y si hablamos de derechos de la clase trabajadora, uno de ellos es el tener ingresos dignos y mejores condiciones laborales. Esto no ocurre porque la criminalización profundiza las barreras de acceso de trabajo a los migrantes, llevándolos a aceptar solo aquellos empleos informales (“Tómalo o déjalo”), bajo riesgo de estafa y explotación, y con un pago realmente deplorable. El estigma que recae sobre ellos los convierte en sujetos condicionados (“Qué más quieres que te estoy dando trabajo, aquí nadie te aceptaría”) y por ello perfectamente explotables. Esta es una situación favorable para muchos empresarios, quienes se frotan las manos ante una clase trabajadora barata que empuja a la baja de salarios ante la creciente oferta de mercado.

5. La desmovilización de la población migrante

El estigma entre la población migrante es tan grande que se reproduce a sí mismo. Es posible oír entre las propias personas venezolanos frases como “solo un 10 % de nosotros se dedican a las malas artes [el delito], los buenos somos más”. Esta es una estadística descabellada, pero cuya representación es comprensible entre personas constantemente bombardeadas por discursos criminalizantes. Ello conlleva a una desmovilización por el reclamo de cualquier tipo de derechos (y ya no solo mejores condiciones laborales, sino también otros servicios básicos que debería brindar el Estado como salud, acceso a educación, facilidades administrativas), puesto que se tiene la creencia de que por ser extranjeros no deberían causar ningún tipo de “problemas”, “deben portarse bien” y no estar causando más molestias a las autoridades. Sin duda, una desmovilización efectiva.

6. Frenar el flujo migratorio sur-sur

La gran diáspora venezolana arroja casi 7 a 8 millones de personas que viven fuera de su país desde hace casi una década, producto de una crisis multidimensional. Frente a ello, y al verse rebasados por la gran cantidad de flujo migratorio, histórico en la región, los Gobiernos latinoamericanos empezaron a securitizar sus políticas migratorias imponiendo barreras administrativas y hasta militarizando fronteras para detener a la movilidad humana. Aun así, por ser fronteras sumamente porosas, el flujo migratorio no se ha detenido. No obstante, la criminalización se ha convertido también en una herramienta para frenar el flujo migratorio regional. Ante el maltrato, las escasas oportunidades e incluso las deportaciones, se busca enviar un mensaje a quienes todavía no migran: aquí no serán bienvenidos.

7. Presionar el retorno de migrantes y refugiados a Venezuela

Pero la criminalización no solo busca detener el flujo migratoria regional, sino también expulsar a la población migrante “sobrante” del territorio que se considera saturado, perturbado, invadido. En el caso peruano, tal como ocurrió a mediados del siglo XX con la gran migración andina y la conquista de Lima, se busca el retorno de migrantes mediante la disuasión coercitiva: mayor control policial, requisitorias administrativas, amedrentamiento, extorsión, acoso y maltrato. El mismo mensaje de siempre: aquí no son bienvenidos, váyanse.

Sin duda, este es un contexto sumamente perturbador y doloroso para cientos de miles de venezolanos que han llegado al Perú buscando no solo nuevos horizontes, sino que ayudan a forjarlo a un país que los exprime a punta de sangre, sudor y lágrimas. Estas son lecciones por pensar con mayor detenimiento de cara a los nuevos desafíos que la sociedad viene atravesando en esta última década y los procesos que aún afrontamos sin la responsabilidad (política y social) adecuada para ello.

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Este texto se enmarca en el trabajo promovido por el Proyecto Binacional “Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras”, financiado por la Unión Europea con el apoyo técnico de la UNOPS, bajo ejecución técnica de la ONG WeWorld y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Las instituciones aquí nombradas no se hacen responsables de las opiniones de los autores.