Solicitan medidas cautelares al Poder Judicial para detener las operaciones de la empresa Ocho Sur P

Solicitan medidas cautelares al Poder Judicial para detener las operaciones de la empresa Ocho Sur P

 

La Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente ha solicitado al Poder Judicial la suspensión inmediata de las actividades depredatorias de la empresa Ocho Sur P que tiene plantaciones de palma aceitera en Nueva Requena, Ucayali. El pedido fue dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a través de una solicitud de medidas cautelares.

Este caso inició en mayo de 2015 con la denuncia presentada por miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Entonces, la empresa palmicultora Plantaciones de Pucallpa S.A.C. había arrebatado al menos 7 mil hectáreas de bosques primarios que pertenecían a los indígenas, los cuales no tardaron en deforestar para cultivar palma aceitera a gran escala.  La empresa Ocho Sur P. es la nueva propietaria de la plantación.

Años más tarde, en 2017, la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali identificó que se había cometido delitos ambientales y contra la administración pública a través de una organización criminal, en la cual han participaban también funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali y traficantes de tierras.

En suma, se trata de uno de los casos más escandalosos en los que confluyen  la corrupción, la deforestación y las amenazas contra defensores indígenas de la Amazonía.

Cabe señalar que la misma Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales solicitó medidas cautelares contra Plantaciones de Pucallpa S.A.C. a fines de 2018, las mismas que le fueron otorgadas en su momento por el Poder Judicial. Sin embargo, dicha decisión jamás fue ejecutada por causa de las constantes evasivas de la empresa.

Igualmente, la empresa ha logrado evitar las sanciones del Ministerio de Agricultura y Riego. Sigue operando, aun cuando hace algunos meses se le desaprobó su Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA). Tampoco han importado las múltiples denuncias por los abusos ambientales y sociales que ha venido cometiendo durante los últimos años, incluso durante el actual contexto de pandemia, según ha señalado organizaciones indígenas como la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali.

La nueva solicitud identifica cómo las actividades de Ocho Sur P. han continuado contribuyendo al incremento de la deforestación en Nueva Requena, dentro del territorio de Santa Clara de Uchunya. En ese sentido, es urgente que el Poder Judicial ordene su paralización, no solo para proteger el patrimonio forestal del país, sino fundamentalmente para salvaguardar el territorio indígena y frenar el incontenible avance del tráfico ilegal de tierras en la región.

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