Taller de capacitación a juntas vecinales: Fortalecer capacidades de control y fiscalización de la gestión pública
A raíz del compromiso adquirido por el IDL en el primer encuentro virtual entre el Área de Seguridad Ciudadana y los coordinadores de las juntas vecinales a nivel nacional, el pasado 31 de julio se realizó el primer taller de capacitación dirigido a miembros de las organizaciones vecinales con el objetivo de fortalecer sus capacidades de control y fiscalización de la gestión pública. Este taller fue dirigido por la coordinadora del área IDL- Justicia Viva, la abogada Cruz Silva, y se centró en el funcionamiento del sistema de justicia peruano.
La exposición se inició explicando que la justicia es un derecho humano fundamental amparado en la Constitución, y el acceso a ella es un principio básico del Estado de derecho, mediante el cual se ejercen otros derechos. En esa línea, la justicia debe ser célere respecto al cumplimiento de los plazos estipulados, debe ser independiente, tiene que propiciar la igualdad entre las partes, al acceder a ella se debe dar solución al problema presentado. Las razones de esa solución deben presentarse en la sentencia de tal manera que puedan ser entendidas fácilmente. Además de ello, la justicia debe estar cerca a la ciudadanía. Por ello, el acceso a la justicia permite la rendición de cuentas por parte de las autoridades que adoptan decisiones que afectan a toda la comunidad, ya que la ciudadanía tiene derecho a fiscalizar el accionar de los jueces. Finalmente, la justicia debe ser democrática, lo que significa que la ciudadanía puede exigir saber de qué manera los jueces han llegado a sus cargos o presentar alguna problemática para ser resuelta por ellos.
Otro de los temas expuestos, fue las funciones del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado considerado como un macro poder debido a que ejerce control sobre el poder legislativo y ejecutivo y, además, defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos. De acuerdo a la Constitución, “ejerce la potestad de administrar justicia, la que emana del pueblo, y la ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”. El Poder Judicial es autónomo en lo político, administrativo, económico y disciplinario. Los jueces y juezas ejercen sus funciones con independencia, con sujeción a la Constitución y a su Ley Orgánica. La competencia del Poder Judicial se extiende a todo el territorio peruano.
Es necesario entender al sistema de justicia como un escenario humano para poder comprenderlo y proponer soluciones colectivas a sus fallas, ya que el Poder Judicial en nuestro país ha perdido legitimidad. Los jueces deciden los casos que se presentan a la Fiscalía o la parte denunciante, es el guardián del derecho al debido proceso durante el desarrollo del caso, ejecuta la sentencia y en su decisión debe fundamentarse de acuerdo con la norma nacional e internacional vigente. Además, es jefe de su despacho, en otras palabras, es el responsable de la correcta actuación de su equipo de trabajo.
Respecto al control de los jueces, la coordinadora del área de IDL-Justicia Viva señaló que es necesario ejercer este como una herramienta esencial para fiscalizar sus acciones. Bajo esa perspectiva, podemos exigir se nos presente sus declaraciones patrimoniales y juradas de intereses para saber que los jueces no se están enriqueciendo ilícitamente en sus cargos. También existen herramientas como las tachas para evitar que malos elementos accedan a puestos de poder, por lo que, podemos decir que son herramientas que evitan y sancionan las malas praxis dentro del sistema de justicia.
Al terminar este primer taller, los miembros de las juntas vecinales pudieron conocer las funciones y competencias de los jueces, así como las herramientas de control y fiscalización de su gestión. En ese sentido, el papel que juega el control y la fiscalización contribuirá enormemente al fortalecimiento de la trasparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades, lo cual puede decantar en el aumento de la confianza institucional por parte de la ciudadanía, ya que se estaría garantizando su derecho al acceso a la información y se asegura el buen funcionamiento de las instituciones.