Taller sobre el rol de los procuradores públicos dirigido a miembros de las Juntas Vecinales

Taller sobre el rol de los procuradores públicos dirigido a miembros de las Juntas Vecinales

El área de Seguridad Ciudadana realizó, el pasado 27 de agosto, un taller dirigido a miembros de las juntas vecinales de distintos puntos de nuestro país. El abogado Luis Purizaga disertó acerca de  las funciones de la Procuraduría General de la República y el rol de los procuradores públicos.

El expositor explicó el origen y las características de este ente rector del sistema de defensa jurídica estatal. Esta institución mantiene y preserva la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional.

También se desarrolló  la figura de los procuradores públicos: funcionarios que tienen a cargo la defensa de los intereses del Estado en todas las actuaciones que la ley permita, en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo. Los procuradores públicos, excepto los regionales y municipales, son designados por el Presidente de la República mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, y eventualmente por el ministro del sector correspondiente; para ello, previamente, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado realiza la evaluación respectiva del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1068 para el nombramiento en dicho cargo. Este Consejo es el ente colegiado que dirige y supervisa el Sistema, teniendo la atribución de planear, organizar y coordinar la defensa jurídica estatal, así como la de orientar y evaluar la organización de las actividades de las Procuradurías Públicas. La presidencia del Consejo es ejercida por el ministro de Justicia o su representante.

El Procurador General del Estado es designado por el Presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia, actualmente el cargo lo ejerce el doctor Daniel Soria Luján. Por otro lado, los procuradores públicos tienen como rol representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de la Defensa Jurídica del Estado.

Purizaga explicó que existen seis tipos de procuradores públicos: los sectoriales (ministerios, Fuerzas Armadas, organismos públicos, poderes del Estado, especializados, organismos constitucionales autónomos), los de las municipalidades distritales, los de las municipalidades provinciales, los de los gobiernos regionales, los anticorrupción (se encuentran establecidos por distritos judiciales, la creación de estos distritos judiciales es una facultad específicamente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial) y los Ad Hoc (creados desde el Ejecutivo para afrontar procesos judiciales específicos por su nivel de especialización y confidencialidad).

Asimismo, en la charla se revisaron algunos datos estadísticos, los cuales arrojaron que la carga procesal asciende a 1 056 180 00 casos en total. De los cuales, la mayor carga procesal se concentra en las procuradurías públicas sectoriales (490 169 00 casos). En el caso de los procesos arbitrales, que son procesos judiciales por temas de contratación pública llevados a cabo por el Estado y empresas privadas mayormente por construcción de obras, se encuentra  que existen un total de 2790 procesos en trámite, 780 en ejecución y 3032 casos archivados. A partir de estos datos, se observa que la carga de trámite es mayor al total de la carga de ejecución, lo cual llama la atención debido que esta situación es contraproducente para nuestro, ya que por cada arbitraje ganado recibe una reparación civil. La reparación civil es dinero que le reconoce en estos procesos judiciales y son sumas muy importantes de dinero. En ese sentido, las reparaciones civiles más importantes fueron recibidas por los procesos judiciales ganados por las Procuradurías Públicas especializadas, que a pesar que en procesos de arbitraje no representan nada, en general representan la mayor cantidad de dinero cobrado en reparaciones civiles por procesos judiciales tradicionales, lo cual refleja su buen desempeño.

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