TC admite demanda de inconstitucionalidad contra modificación a ley forestal, que promueve la deforestación y deja impune a economías ilegales en la Amazonía

TC admite demanda de inconstitucionalidad contra modificación a ley forestal, que promueve la deforestación y deja impune a economías ilegales en la Amazonía

 

Este martes, 2 de julio de 2024, se dio a conocer que el Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao contra la Ley 31973, conocida como la ‘Ley Antiforestal’, criticada ampliamente por promover la deforestación, la degradación de los bosques y la impunidad de delitos forestales en la Amazonía peruana. La norma, además, vulnera la gobernanza y los derechos de poblaciones indígenas.

La admisión de esta demanda es resultado de un esfuerzo de la sociedad civil, aliados estratégicos y especialistas en la materia, quienes, con sus aportes, facilitaron su elaboración. Desde la sociedad civil organizada y organizaciones de pueblos indígenas, ya se han hecho esfuerzos para explicar por qué la ‘Ley Antiforestal’ generaría efectos graves en el medio ambiente de nuestra Amazonía.

Asimismo, estas preocupaciones han sido recogidas por órganos internacionales, como el relator de Pueblos Indígenas de la ONU, quien advirtió a Perú que dicha norma incentiva el despojo y tala en tierras indígenas, además de fomentar la impunidad de actividades ilegales en los bosques y aumentar la violencia contra defensores de derechos indígenas. Desde la Unión Europea también se ha desmentido la supuesta justificación para la modificación de la ley forestal.

 

Ley 31973 promueve deforestación y desconoce existencia de los PIACI

Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que la ‘Ley Antiforestal’ busca desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). “Tanto la ley antiforestal como la ley anti-PIACI tienen la misma matriz, que es abrir las puertas de la Amazonía para llevar adelante actividades como la actividad forestal, la actividad maderera, la actividad petrolera, entre otros, y que podría dar pie también al incremento de la minería ilegal, que viene aumentando bastante en el país en la Amazonía”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, subrayó que se trata de una norma que pone en riesgo la regulación de actividades extractivas en la Amazonía. “Lo que hace esta norma es desregular el sector ambiental, el sector forestal, y ese espacio lo ocupa la minería ilegal, madereros, traficantes de tierra, cocaleros, narcotráfico, empresas de palma aceitera, y estos grupos están desplegando economías ilegales que están destruyendo tejido social. Esta norma lo que hace es desregular, alimenta ese repliegue [del Estado], le quita brazos al Ministerio del Ambiente”. sostiene.

En ese sentido, según el decano del Colegio de Sociólogos de Lima, Majed Velásquez Véliz, el principal problema con esta ley es que podría causar conflictos entre comunidades amazónicas y campesinas. “La falta de un proceso de consulta previa y consentimiento es un problema crítico, ya que este proceso es esencial para asegurar que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y sus opiniones sean tenidas en cuenta antes de la aprobación de cualquier proyecto o legislación que los impacte directamente”, remarcó.

 

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