Tomando las calles: represión violenta en una lucha que va a continuar
IDL-Seguridad Ciudadana
Por segundo día consecutivo, el Perú cerró una jornada de protesta en diversas ciudades con un saldo de decenas de detenidos. La indignación se encuentra en las calles por el irregular proceso de cambio de Gobierno. Hasta ayer martes 10 de noviembre, la dirección del Ejecutivo solo estuvo a cargo de Manuel Merino, sin ningún gabinete de respaldo. Las medidas tomadas contra las protestas han sido una sola: represión violenta. Y la responsabilidad política, a falta de un ministro del Interior, no puede caer más que en manos del nuevo jefe de Estado.
En Lima, ciudad capital, las manifestaciones cubrieron diversas calles del centro desde tempranas horas. La concentración fue en la plaza San Martín y los policías han detenido el avance de las manifestaciones hacia el Congreso. En los jirones Azángaro, Lampa, Carabaya, Ucayali y Cusco, en horas de la mañana, se ha impedido el paso y se reprimió rápidamente con el uso de rochabús y bombas lacrimógenas. Por horas de la tarde, nuevamente en los alrededores de la plaza San Martín, se ha intentado atravesar el perímetro que da acceso al viejo damero. Esta vez empezaron las detenciones del Escuadrón Verde de la Policía, miembros del Grupo Terna. Detenciones que preocupan porque pueden prestarse a arbitrariedades o infiltraciones que intenten menoscabar la legítima protesta. Y por la noche, las manifestaciones ocurrieron entre la plaza San Martín, el paseo de los Héroes Navales y la avenida Wilson. El saldo: infinidad de bombas lacrimógenas, perdigones al cuerpo y por lo menos 26 detenidos fueron llevados a Dirección de Seguridad del Estado.
Han sido doce horas de protesta continua, en una jornada de lucha que se ha extendido por todas las ciudades más importantes del país. Al momento de asumir el cargo, Manuel Merino aseguró que en materia de seguridad ciudadana habrá “mano dura”. Una fórmula demagógica muy común a corto plazo, por cierto. Y sí que hemos visto que la ha aplicado. ¿Seguirán así los siguientes meses? ¿Se buscará criminalizar el derecho a la protesta, la libre asociación y circulación por las calles? ¿Este es el camino de la democracia y estado de derecho que afirman buscan consolidar?
Desde el IDL, rechazamos el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes del Estado. La represión violenta no puede lograr el control social en un país en crisis política, con fisuras legales y una clara ilegitimidad en el cambio de Gobierno. En toda América Latina se han dado muestras de que el movimiento social no va a permitir el control de facto ni ilegítimo del poder. Parece que el Perú no será la excepción. Sin embargo, la violencia para contener y reprimir el descontento social también es muy fuerte. Y contra la violación de derechos humanos y de derechos políticos de ciudadanos y ciudadanas estaremos en alerta.