Torturas en Espinar: la tarde más violenta del conflicto

Torturas en Espinar: la tarde más violenta del conflicto

Noticia publicada en Wayka.pe el 04/08/20

Esta crónica reconstruye, con los testimonios de testigos que prefirieron mantener sus nombres en reserva, la tarde del pasado 22 de julio en las afueras de la ciudad de Espinar (Cusco), las horas más violentas de la represión policial contra la huelga indefinida que exige a la minera Glencore-Antapaccay un bono solidario para sobrellevar la crisis económica que generó la pandemia del COVID – 19. 

Por Álvaro Meneses

El humo se veía desde la Plaza de Armas de Espinar (Cusco) la tarde del pasado miércoles 22 de julio, casi a las 04:00.p.m. A una hora de distancia, según las referencias de los testigos, en los cerros cercanos al conocido panteón del pueblo de Tintaya Marquiri, se había desatado otro enfrentamiento entre policías y militares contra comuneros que se mantenían en huelga indefinida hasta que la minera Glencore-Antapaccay acepte otorgar un bono solidario de mil soles a las familias de la provincia de Espinar.

En esa zona, donde se encontraban reunidas un grupo de madres a cargo de la alimentación de los manifestantes, habían llegado las fuerzas del orden al ritmo de una emboscada. Al ver que robustos militares forcejeaban y empujaban a mujeres que -por sus edad y peso- apenas podían trotar, un grupo de manifestantes jóvenes salieron en defensa de ellas y fueron recibidos con balas de armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos.

Pese a las municiones y armamentos que permitieron a los militares ganar terreno y dispersar a los comuneros, fueron sus mismos recursos los que terminaron por hacerlos retroceder. El gas lacrimógeno y los perdigones que salían hirviendo al dispararse, encendieron los pastos de los cerros y desataron una oleada de humo que por la dirección del viento terminó cegando y ahogando a los mismos soldados y policías.

Los comuneros que estuvieron en ese enfrentamiento recuerdan: “los vientos estaban a nuestro favor”. Ese era el humo que se veía desde la Plaza de Armas de Espinar.

El infiltrado 

Luego de correr varios minutos hasta perder de vista a las fuerzas del orden, los comuneros se replegaron nuevamente y empezaron a contarse. ¿Faltaba alguien? ¿Había heridos? Sí, los había: un adulto y dos menores de edad llegaron ese día al Hospital de Espinar con impactos de bala en la pierna y el brazo, con orificios de entrada y salida, según confirmó la misma cirujana del lugar, Gloria Cárdenas Alarcón.

Con el temor y la desconfianza latente, los manifestantes identificaron a un oficial de la PNP infiltrado entre ellos, quien tras ser interpelado, dijo que venía del pueblo de Coporaque, pero que resultó proveniente de Lima, según comprobaron los comuneros en su DNI. “Por su contextura y la forma de ser no era de nuestros paisanos, era un señor alto, agarrado y blancón”, recuerda un testigo. “Y decidimos llevarlo a Espinar (ciudad) a entregarlo a las autoridades”, agregó.

El mismo comandante general de la PNP, Héctor Loayza Arrieta, confirmó el pasado domingo 26 de julio al programa Cuarto Poder que se trataba de un “sociólogo (…) oficial asimilado a la policía”, dedicado al trabajo de inteligencia.

Emboscada y tortura

Junto al policía infiltrado, decenas de comuneros se subieron en dos camiones de carga con destino a la ciudad de Espinar, donde lo entregarían a las autoridades. Faltando pocos minutos para las seis de la tarde, con el sol en descenso, desde algún lado de la carretera de la localidad de Cruzcunca, a un kilómetro del conocido Puente San Martín, surgieron disparos contra las llantas de un solo camión: donde iba el oficial detenido.

Mientras el camión disminuía la velocidad, una veintena de policías tomaron la carretera, apuntando al chofer con sus armas, disparando a las otras llantas que quedaban y gritando: “¡Bajen, perros de mierda!”.

“Ah, con tu huaraquita de mierda, vas a morir, perro de mierda”, gritaban las fuerzas del orden a los comuneros que aún llevaban sus huaracas en la mano, mientras los bajaban del camión para postrarlos boca abajo contra el asfalto. Entre los detenidos estaba la señora Gerardina Tunquipa Taipe (46), quien le dijo al policía que la jaloneaba que recién la habían operado, que tenga cuidado. “Ah, así operada has venido a la protesta, ¡échate, mierda!”, le respondió este.

Según los testigos del pueblo de Cruzcunca, uno de los comuneros puestos contra el piso fue Juan Carlos Quirita Llasa, a quien redujeron con balas al aire, puñetes, patadas y varazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “¡Trae gasolina para quemar a estos perros de mierda!”, gritó el policía que lo sujetaba, antes de que le alcancen una botella de plástico con gasolina.

Juan Carlos sintió caer la gasolina sobre su cuerpo mientras le repetían a gritos que lo quemarían vivo. La misma sensación vivieron sus compañeros, que al igual que él, fueron rociados con combustible cuando ya estaban reducidos con las caras pegadas a la pista.

A lo lejos, decenas de comuneros de Cruzcunca corrían hacia la escena de los hechos, alertados por los gritos y los estruendos de las balas que resonaban sobre la zona. Estos, sin embargo, fueron reprimidos con dos oleadas de gases lacrimógenos. Esa tarde, según los reportes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), diez personas resultaron heridas por impactos de balas de arma de fuego, perdigones y golpes con objetos contundentes.

Los responsables

Tras consultar con los testigos, Wayka pudo confirmar que el grupo de policías que detuvo y amenazó con combustible a los comuneros, estuvo a cargo del coronel Pedro Agustín Vargas Chilón, quien repetía a gritos: “¡Yo soy comando!”. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú prefiere mantenerse en silencio, pese a que se solicitó la versión de la institución.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el haberles rociado gasolina a los comuneros no solo sería tortura, sino también un intento de homicidio. «La policía no puede ejercer tratos degradantes o inhumanos contra la población civil durante la detención, ni en el trayecto, ni en la comisaría. Lo dice el código penal, la convención contra la tortura que el Perú ha ratificado», explica Quispe a Wayka.

Por su lado, el defensor legal de DHSF, Ramiro Llatas, cuestiona el papel de la Fiscalía en el conflicto de Espinar. «El Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación sobre estos casos de tortura, incluso hay trascendidos de mujeres víctimas de tocamientos indebidos, pero la Fiscalía sí investiga a los dirigentes, a la cirujana del Hospital de Espinar que confirmó comuneros heridos de bala», criticó Llatas.

Desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso se aprobó citar al ministro del Interior, Jorge Montoya, para que explique sobre el uso de armas de fuego contra los manifestantes en Espinar. Los casos de tortura, en cambio, no deberían cerrarse con una mera explicación.

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