Trabajadores denuncian mala ejecución de medidas en el Poder Judicial frente a la pandemia

Mientras el COVID-19 continúa expandiéndose en todo el país, trabajadores del Poder Judicial exigen mejor implementación de medidas para prevenir contagios al interior de las sedes judiciales.

 

Por Miguel Loayza

 

El 18 de mayo, una denuncia firmada por Franklin Quiroz Saldaña, presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, ingresó a la mesa de partes virtual del Ministerio Público. El documento solicita a la Fiscalía tomar las declaraciones de Mariano Cucho Espinoza, gerente general del Poder Judicial, y Carlos Dall’Orto de la Peña, jefe de la Oficina de Seguridad Integral, a fin de determinar “a los responsables” de la presunta situación de riesgo en la que se desempeñan los trabajadores, lo que habría derivado en un creciente número de contagios por COVID-19 en distintas sedes judiciales.

La denuncia señala que en diversas áreas del Poder Judicial no se habría cumplido con realizar pruebas de descarte al personal que ha ido incorporándose al trabajo presencial, ni se habría brindado material de protección óptimo a personas que ya se encuentran laborando, entre otras supuestas irregularidades.

“No se tomó en serio la dimensión de esta enfermedad. Por ejemplo, a los compañeros de seguridad, que están en constante contacto con el público, se les da mascarillas de un sol, desechables, para que las usen 24 horas; es sabido que esas mascarillas duran a lo mucho tres, cuatro horas, y luego no protegen nada, más bien favorecen el contagio. Son personas que ganan 1000, 1100 soles mensuales, y no pueden comprar mascarillas que en la calle cuestan más de cuatro soles”, señaló el denunciante a Justicia Viva.

 

 

El 16 de marzo, luego de que el Gobierno decretó la cuarentena en todo el país para prevenir una rápida expansión del COVID-19, el Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, mediante la cual suspendió las labores en la institución y especificó los juzgados que continuarían brindando servicios de emergencia. Asimismo, el Consejo Ejecutivo aprobó el Plan de (COVID-19) en el Poder Judicial, según el cual todos los juzgados en funciones debían adherirse a “las prácticas saludables difundidas por el Ministerio de Salud (MINSA)”.

La denuncia presentada ante la Fiscalía por los trabajadores, sin embargo, refiere que, luego de 70 días de estado de emergencia, en diversas sedes judiciales no se ha logrado seguir los lineamientos y protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno. Ello habría ocasionado el cierre de varias sedes judiciales y el traslado de otras, según el escrito.

“La Corte de Lima Norte cerró su sede principal por ocho días, hasta el domingo 24, porque hubo un brote. En el Callao, la mesa de partes de turno permanente ha sido trasladada por similar motivo. Hay diversos lugares donde se está dando brotes de Coronavirus porque no se implementaron las medidas sanitarias de manera adecuada”, indica Quiroz.

El dirigente asegura que otras medidas tomadas al inicio del estado de emergencia, como que se permitiera el ingreso de algunos litigantes a las sedes judiciales o que se realizara audiencias en ambientes pequeños, si bien fueron luego corregidas, contribuyeron a la situación actual.

En su denuncia, Quiroz indica que, de comprobarse la comisión de delitos, estos serían los de “atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo” y “violación de medidas sanitarias”, tipificados en el Código Penal.

El caso ha sido derivado a la Cuadragésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima. La fiscal provincial Irma Díaz Livaque dispuso la apertura de investigación preliminar en la Dirincri por el plazo de 30 días.

Justicia Viva se comunicó con Mariano Cucho para conocer su versión sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores, así como sobre la denuncia interpuesta por la Federación, pero pidió canalizar las interrogantes a través de la Oficina de Imagen del PJ. La encargada de la Oficina de Imagen se comprometió a respondernos luego de comunicarse con Cucho; al cierre de esta edición la respuesta continuaba pendiente.

 

Riesgo en la carceleta

Javier* accedió a conversar con Justicia Viva el mismo día en que su padre fue cremado, víctima de COVID-19. “Este tema me ha tenido absorto. He corrido más de 25 días con mi papá desde que hiciera fiebre a fines de abril. No hemos podido salvarlo”, comenta.

Como en la mayoría de casos, ni él ni su padre pudieron explicarse cómo ingresó el virus a la casa en que vivían. “Se cuidó bastante, nunca salía. Como familia hemos cumplido siempre las normas de cuidado en casa”, asegura.

Lo que sí sabe es que él mismo empezó con síntomas como dolor de cabeza y malestar días después de dejar de ir a su centro de labores, en uno de los Juzgados de Turno Permanente en Lima. A la carceleta llegaban los detenidos en flagrancia, y en el mismo lugar se llevaban a cabo las audiencias. Como parte de sus labores supervisaba el correcto funcionamiento de la plataforma de videollamadas Google Meet, a la cual se conectaba el juez, el representante del Ministerio Público, el abogado defensor y el detenido. Si había algún problema, cuenta, debía meterse a una estrecha carceleta para que el detenido pudiera hacer la videollamada.

“Nos daban mascarillas y guantes de baja calidad. Había un tema de exposición gravísimo, era un desastre. Siempre decían que el turno permanente era un foco de contagio. Uno bajaba con miedo”, afirma.

Javier fue uno de los trabajadores que dejó de laborar una vez iniciado el estado de emergencia. Sin embargo, a mediados de abril lo llamaron junto a una compañera para ir a apoyar unos días a la corte, hasta el viernes 17. “Esa semana, jueves y viernes, me tocó bajar a la carceleta. El INPE no se hacía cargo, llamaba al detenido para que firme el acta y te dejaban solo. Al detenido se le apagaba el celular y yo tenía que darle otro. La situación me daba estrés y era un dolor de cabeza”, sostiene.

Uno de esos días, según cuenta, un administrador les pidió asistir lo que restara del mes. Sin embargo, él y sus compañeros se negaron, y su juez los respaldó. El lunes 20 volvió a ir a la oficina para resolver carga laboral que quedó pendiente de la semana anterior.

Los síntomas de su padre empezaron poco antes de finales de abril, comenta. A los dos días, él mismo desarrolló fiebre, y el estado de salud de su padre empeoró de manera significativa. Junto con su madre y hermana, lo llevaron al Hospital de Ate y la prueba dio positivo. A él no le tomaron la prueba, pues le dijeron que sus síntomas no eran lo suficientemente graves.

“El médico que atendía a mi padre nos dijo que todos en mi familia debíamos estar con COVID-19, porque teníamos síntomas relacionados, como fiebre”, señala. Varios días después, su madre y hermana se hicieron la prueba molecular, que salió también positivo. Para entonces él ya no tenía síntomas de ningún tipo.

Javier reitera que los protocolos de cuidado en su familia eran sumamente rigurosos. Desde que se agravó la situación de emergencia su hermana, que trabaja en una clínica particular, no tuvo contacto con sus padres. Su hermano, que ya no vive con ellos, solo visitó un par de veces la casa y tampoco tuvo contacto directo con su padre. Solo él compartía espacios con él, y conversaban frecuentemente, pues ambos eran abogados.

“No podría acreditar que yo le haya pasado el virus a mi padre, pero yo estuve expuesto en el trabajo y he estado ahí con él”, sostiene. Califica como muy posible que lo haya contagiado durante los primeros días luego de haber adquirido el virus, “cuando aún era asintomático”.  E insiste en que, por el tiempo transcurrido entre el último día en que acudió a laborar y la aparición del COVID-19 en su casa, es muy probable que se haya contagiado en el trabajo. “No tenía exposición en otro lado, yo venía, me bañaba, estaba en casa, no salía. Es el único lugar donde tuve exposición”, asegura. Agrega que la ruta -ida y vuelta- del trabajo a su casa la realizaba en su auto particular.

“El trabajador debe ser tratado dignamente, deben darse todas las medidas para cuidarlos. Todas las vidas valen lo mismo”, señala.

 

Devolución de materiales

Otro documento público da mayores alcances sobre el reclamo de algunos trabajadores del PJ por las condiciones en que se desempeñan. El 19 de mayo, Vanessa Aliaga Castillo, administradora de la Sala de Audiencias Penales de los Establecimientos Penitenciarios de Lima, envió un memorando dirigido a Adler Horna Araujo, gerente de Servicios Judiciales y Recaudación. En el oficio, la funcionaria informaba la devolución de unos artículos de protección de bioseguridad que había recibido un día antes, debido a que no cumplían con los estándares necesarios.

Los artículos devueltos fueron 20 mascarillas, cuatro overol talla L, cuatro protectores faciales y 200 guantes descartables. En el documento, Aliaga califica de “sospechoso” que en el acta de entrega figure que las mascarillas que recibió eran N95, cuando en realidad eran del tipo C-N95, “un producto distinto, de inferior calidad y sin nivel de protección”. Remarca que, dada la naturaleza del trabajo en las Salas de Audiencias, el personal debe contar con el mejor equipo de protección personal.

Se advierte también que la calidad de los guantes recibidos “es pésima”, pues se rompen con facilidad.

 

 

El memorando dirigido al gerente de Servicios Generales incluye fotografías y algunos detalles sobre las condiciones de trabajo en las salas de audiencias. Explica que contar con equipos de bioseguridad adecuados es fundamental, pues diariamente el personal comparte espacios con personas privadas de su libertad, que provienen de penales considerados focos de infección.

La remitente señala que es de conocimiento de la Gerencia General los casos de contagio del personal de las Salas de Audiencias Penales, y hace referencia al caso de una trabajadora que contagió a su hija menor de edad. Asimismo, indica que la inadecuada ejecución de medidas “revela un alto grado de indiferencia y desprecio por el valor de la vida de nuestro personal”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos internos

Desde el inicio del estado de emergencia el Poder Judicial anunció una serie de protocolos para prevenir los contagios al interior de las sedes judiciales [Ver nota de Justicia Viva]. A fines de marzo se confirmó el primer caso de contagio de un trabajador administrativo de la Corte Superior de Lima. Desde entonces diversas cortes, tanto de Lima como de otras regiones, han emitido resoluciones con medidas para proteger al personal de todos los niveles.

El 7 de mayo, en un oficio dirigido al Gobierno, el presidente de la institución, José Luis Lecaros, comunicó la necesidad de adquirir pruebas serológicas y moleculares, a fin de aplicarlas al personal jurisdiccional y administrativo que retorne a labores luego de la cuarentena -y cumplir así con la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA.

El miércoles 27 de mayo, en una transmisión en vivo por el canal digital Justicia TV, el presidente del PJ dio alcances sobre los efectos de la pandemia en el sistema de justicia, así como del plan de retorno a las actividades. De acuerdo a Lecaros, hasta el 26 de mayo, 51 trabajadores del Poder Judicial estaban contagiados de COVID-19, y 9 habían fallecido. Según indicó, dos de los fallecidos -un trabajador y un magistrado- desempeñaron labores presenciales una vez iniciado el estado de emergencia, pero precisó que no era posible establecer que se hubieran contagiado en las sedes del PJ. “Los otros 7 fallecidos no acudían a locales desde marzo, sus contagios no han sido por actividades judiciales sino particulares”, indicó.

Asimismo, sostuvo que se ha modificado algunos protocolos para reforzar la litigación y el trabajo digital. A partir del primero de julio, las labores se retomarán a través de una asistencia por turnos.

Antes del cierre de esta edición, Justicia Viva consultó al presidente de la Federación de Trabajadores sobre la información brindada por el presidente del PJ. Quiroz sostuvo que nadie negaba que se hubieran emitido disposiciones, “pero estas no se han cumplido en el día a día. Una cosa es lo que está en el papel y otra la realidad”. Además, sobre la cifra de contagios al interior de la institución señaló: “Los distintos gremios del PJ estamos en constante comunicación e intercambiando información. Solo en Lima la cifra podría ser mayor a 51, y es imposible que esa sea la cifra a nivel nacional”. La Federación indicó que se está reuniendo documentación para responder cada punto del mensaje dado por la institución.

 

*Para proteger la identidad de la persona trabajadora se ha mantenido su nombre en reserva.

**Foto de portada: Andina.