Tras 20 años de lucha, el gobierno peruano ignora a los pueblos indígenas y niega la creación de la reserva Yavari Mirim
Este viernes, 5 de setiembre de 2025, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) han emitido un contundente pronunciamiento en el que expresan su profundo rechazo a la decisión del Estado peruano de no aprobar la categorización de la Reserva Indígena Yavari Mirim. La decisión, tomada con ocho votos en contra y cinco a favor por la Comisión Multisectorial PIACI, representa un grave retroceso en la protección de los derechos y la vida de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
El comunicado subraya que la negativa del gobierno se produce a pesar de la presentación de un «Estudio Adicional de Categorización de la Reserva Indígena Yavari Mirim» que contenía más de 20 años de lucha y 113 nuevas evidencias antropológicas, incluyendo 25 asentamientos, malocas y purmas, confirmadas por imágenes satelitales de alta resolución. Estas evidencias demuestran la existencia de pueblos como los Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina), ya reconocidos por el Estado.
Asimismo, las organizaciones denuncian que la Comisión Multisectorial ha actuado «bajo una clara consigna contra los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), desconociendo sus derechos fundamentales». Además, señalan que esta acción constituye una grave irregularidad debido a que ya existe un reconocimiento formal de la existencia de estos pueblos en el área. La falta de protección efectiva los expone a riesgos de vida e integridad por actividades ilegales como el crimen organizado, la tala ilegal y la deforestación.
En el comunicado también se condena la «injerencia política indebida» del congresista Juan Carlos Celis Mori, quien ha promovido iniciativas anti-PIACI. Las organizaciones critican el «nefasto Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR» que busca modificar la Ley PIACI, lo cual representa un «grave retroceso normativo y una amenaza directa a la vida y continuidad de los PIACI».
La decisión de la Comisión Multisectorial agrava una situación que se arrastra desde hace años. Hace seis años, el Poder Judicial ordenó la creación de cinco reservas indígenas para proteger a los PIACI, pero el Estado ha incumplido su mandato. A pesar de que la sentencia del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima quedó firme en 2023, solo se han establecido tres de las cinco reservas ordenadas. Las reservas de Napo-Tigre y Yavarí Mirim continúan postergadas, una situación que expone a estos pueblos a amenazas constantes.
Esta falta de acción ha sido agravada por campañas de desinformación promovidas por congresistas como el fujimorista Jorge Morante, quien impulsó un proyecto de ley para desconocer la existencia de los pueblos en aislamiento. En febrero de 2025, el Ministerio de Cultura suspendió las sesiones de la comisión encargada de reconocer la reserva Yavari Mirim, un territorio solicitado hace 20 años por las organizaciones indígenas, dejando sin protección a los pueblos que dependen de él.
«El día de ayer la Comisión Multisectorial tenía la obligación legal y moral de aprobar los estudios adicionales de categorización para establecer la reserva indígena Yavari Mirim, sin embargo primaron los intereses económicos. Hace más de 20 años que las organizaciones indígenas vienen luchando para que se establezcan las reservas indígenas para proteger a los PIACI, en este caso la reserva indígena Yavari Mirim», sostiene Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal.
«Lamentablemente, los ministerios de Energía y Minas y de Agricultura, y el GOREL fueron los primeros en oponerse. Esta actitud pone en grave riesgo los derechos de los PIACI, pero además hay un desacato de una sentencia emitida por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima que ordenó la protección de los PIACI y el establecimiento de la reserva indígena Yavari Mirim», añade.
Frente a este escenario, el Instituto de Defensa Legal (IDL) reafirma su total apoyo a la postura de las organizaciones indígenas que defienden los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), urgiendo al Estado a cumplir su obligación de proteger sus vidas y territorios ancestrales.