Tribunal de Transparencia ordena entregar información sobre la gestión económica del Área de Conservación Regional Imiría

Tribunal de Transparencia ordena entregar información sobre la gestión económica del Área de Conservación Regional Imiría

El pasado 5 de enero, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Shipibo Konibo Xetebo (COSHICOX) contra el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU). A través de la Resolución N.° 004346-2023/JUS-TTAIP, el órgano resolutivo ordenó que el Gobierno Regional cumpla con entregar información sobre la gestión económica del Área de Conservación Regional Imiría (ACR Imiría) a lo largo de los últimos años. Para este fin se le otorgó un plazo máximo de siete días hábiles.

En un contexto en que las organizaciones del movimiento indígena amazónico han denunciado abusos en la gestión del ACR Imiría e irregularidades en su gestión económica, COSHIKOX tomó la iniciativa de solicitar información al GOREU y a la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali sobre el dinero ingresado anualmente por la jefatura del ACR Imiría y en qué ha sido gastado desde su creación en el año 2010. Este trabajo estuvo a cargo del Área Legal de COSHICOX en alianza con el IDL.

La primera solicitud de acceso a la información pública fue dirigida el 13 de junio de 2023. La segunda, ante la falta de respuesta y por petición de las comunidades y caseríos que integran el ACR Imiría, fue el 13 de octubre. Sin embargo, nuevamente el GOREU no cumplió con dar respuesta a la máxima organización representativa del pueblo shipibo-konibo.

De acuerdo con el marco legal vigente, en concreto el artículo 11.b del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27806), el GOREU debió responder en un plazo no mayor a diez hábiles. Al no cumplir con su obligación, COSHICOX interpuso un recurso de apelación ante el TTAIP el 6 de noviembre. Esta entidad pudo constatar que el GOREU no cumplió con responder la solicitud y tampoco al propio TTAIP, incurriendo en la violación del derecho fundamental de acceso a la información pública.

Las organizaciones y comunidades indígenas han venido denunciando por mucho tiempo el fracaso del ACR Imiría en la conservación ambiental. El lago Imiría está plagado de pescadores ilegales, la deforestación para el cultivo de hoja de coca viene incrementándose y el tráfico ilegal de fauna silvestre es un problema cotidiano. Por el contrario, la población indígena es excluida, maltratada e incluso criminalizada por el aprovechamiento de los recursos naturales de los cuales dependen para subsistir, o abiertamente por la defensa de sus derechos políticos y territoriales. En este contexto, la decisión del TTAIP abre una ventana única para la rendición de cuentas hacia las autoridades del GOREU que insisten en promover un modelo de conservación excluyente.

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