Ucayali: estudio revela graves irregularidades y violaciones de derechos humanos en el Área de Conservación Regional Imiría
Una investigación del Instituto de Defensa Legal (IDL), publicada el último miércoles, 1 de abril de 2026, revela un escenario insostenible en el Área de Conservación Regional (ACR) Imiría, en Ucayali. El documento, titulado “Sin conservación y sin progreso: violaciones a derechos indígenas y campesinos en el ámbito del Área de Conservación Regional Imiría en territorio ancestral Shipibo Konibo”, concluye que en dicho espacio el modelo de conservación sufre una grave crisis de legitimidad frente a la población local y ha generado exclusión y conflictividad social.
El riguroso estudio (disponible para descarga en este enlace) documenta violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de esta población vulnerable. Mediante 33 entrevistas, el equipo liderado por el abogado Romario Chacón Vargas expone cómo el Gobierno Regional de Ucayali criminaliza las prácticas tradicionales de subsistencia de las comunidades originarias.
El ACR Imiría, creado en 2010 sobre más de 135 mil hectáreas en territorio ancestral del pueblo Shipibo Konibo, se superpone a comunidades nativas y caseríos con décadas de ocupación. Desde su origen, el área ha sido cuestionada por un proceso de consulta previa considerado irregular, lo que marcó el inicio de un conflicto que, 16 años después, no ha sido resuelto.
La desesperación local es palpable y creciente. «Los del ACR nos limitan en la pesca; ya no podemos hacer chacras grandes. Decomisan nuestras redes de pesca y luego las venden, cada vez tenemos menos opciones de poder salir adelante», relató con frustración un comunero anónimo de la comunidad nativa Caimito, cuya declaración fue recogida para la investigación.
Mientras se persigue a los habitantes originarios, se consiente el avance destructivo de economías ilícitas. La investigación confirma que decenas de colonos cocaleros, taladores ilegales y grupos menonitas deforestan cientos de hectáreas impunemente, sin que los guardaparques estatales intervengan o frenen la invasión territorial.
Sembrío de hoja de coca en el territorio de la CN Nuevo Loreto. Imagen extraida del estudio.
“Los pescadores vienen a envenenar los peces, sacan entre una y dos toneladas […] y el personal del ACR Imiría no hace nada para impedir su ingreso», declaró indignada una fuente anónima de la comunidad nativa Junín Pablo.
Además, la evidencia fotográfica del informe expone el avance alarmante del narcotráfico. Se han detectado pozas de maceración de cocaína y extensos cultivos ilegales operando libremente desde hace años dentro de esta área protegida, específicamente en los territorios de las comunidades indígenas Caimito y Nuevo Loreto.
Otra revelación crítica apunta al manejo financiero de millonarios fondos climáticos. La Autoridad Regional Ambiental se negó reiteradamente a transparentar los ingresos otorgados por la cooperación internacional, ignorando múltiples y formales solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los investigadores del IDL.
El caso más llamativo de este presunto desfalco es el «Proyecto Imiría», una fallida iniciativa de reforestación presupuestada en más de 18 millones de soles. Los testimonios confirman que decenas de comuneros trabajaron arduamente y nunca recibieron el incentivo prometido de 900 soles por hectárea.
El daño físico y económico quedó plasmado en algunos testimonios. «Al realizar ese trabajo me accidenté cortándome la pierna […] con tal de cumplir. Hasta ahora sigo esperando mi incentivo. Por eso digo que hay corrupción en el ACR», denunció un poblador anónimo de la comunidad Nuevo Loreto.
En la actualidad, la tensión recrudece porque las autoridades intentan imponer el nuevo Plan Maestro 2026-2030 sin consentimiento previo. Exactamente como ocurrió en 2010, el Gobierno Regional de Ucayali busca reemplazar la obligatoria consulta indígena por simples talleres informativos, intentando recolectar firmas de forma unilateral, vertical y absolutamente engañosa.
Grupo de manifestantes protestando frente a las instalaciones del ACRI en la CN Junín Pablo en marzo de 2026.
Estos constantes atropellos mantienen a los habitantes sumidos en el temor. Gran parte de los entrevistados exigió anonimato absoluto por miedo a graves represalias. Ellos reportaron constantes amenazas de denuncias penales emitidas por ingenieros estatales si intentaban cultivar sus tierras ancestrales para asegurar su comida.
Esta crisis estructural, además, ha desatado un dramático desplazamiento forzoso invisibilizado. Al estar prohibidos de aprovechar sus propios recursos naturales, numerosas familias y jóvenes indígenas huyen forzosamente hacia ciudades como Lima o Ica, perdiendo su invaluable identidad cultural y hacinándose en zonas urbanas precarias.
Así, todo apunta a que el esquema de conservación excluyente colapsó por completo en la Amazonía. «Nosotros ya no queremos más al ACR Imiría […] Como comunidad estamos apuntando a la exclusión del ACR Imiría, que se quede solo con los que lo apoyan, porque no nos traen nada», sentenció otro testimonio anónimo desde Caimito.
Frente a todo ello, el pueblo Shipibo exige reformas de fondo. Para frenar la devastación ecológica y sobrevivir, el estudio, en su apartado final, propone transformar el área en una Reserva Comunal cogestionada, o establecer un Área Ecológica Indígena gobernada con plena y verdadera autonomía territorial.
Poza de maceración de hoja de coca en territorio de la CN Nuevo Loreto. Imagen extraida del estudio.
Cabe añadir que el IDL comisionó esta exhaustiva radiografía porque, desde 2015, las denuncias de organizaciones en la zona del ACR Imiría no han cesado. Esto se documenta en el prólogo de la investigación, a cargo del responsable del Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos del IDL, Álvaro Másquez Salvador. Por el contrario, las violaciones a los derechos humanos parecen cada vez más graves. En ese sentido, resultaba urgente y esencial documentar el colapso de este modelo excluyente de gobernanza para exponer la realidad de las comunidades afectadas.
En definitiva, “Sin conservación y sin progreso: violaciones a derechos indígenas y campesinos en el ámbito del Área de Conservación Regional Imiría en territorio ancestral Shipibo Konibo” deja evidenciado que la situación en el ACR Imiría no puede continuar así. En tanto, la población demanda una intervención urgente de la Contraloría y el Ministerio Público ante evidentes indicios de corrupción sistemática.