Vecinos de Punchana aún exigen que se ejecute sentencia judicial por agua potable y saneamiento

Vecinos de Punchana aún exigen que se ejecute sentencia judicial por agua potable y saneamiento

Alan Benavides – IDL

Cientos de familias de los asentamientos humanos Iván Vásquez Valera y 21 de Setiembre, en el distrito de Punchana, a las afueras de la ciudad de Iquitos, continúan esperando que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional de julio que ordena que el Estado les provea de agua potable así como servicios de saneamiento para revertir la terrible contaminación que sufren en sus calles.

La sentencia del Tribunal Constitucional es de fines de julio y estableció treinta días hábiles como plazo para que los entes demandados, tales como el gobierno regional de Loreto, la municipalidad provincial de Maynas y la municipalidad distrital de Punchana, informen las medidas a tomar para revertir la contaminación en los asentamientos. Dada la obviedad de que en un mes no se va a poder construir las tuberías para que cada vivienda tenga un caño con agua potable, el ayuntamiento distrital ha contratado camiones cisterna particulares para que distribuyan agua gratuitamente a los vecinos. También se ha empadronado a las familias que demandan dicho servicio en sus casas.

Tras mesas de diálogo y acuerdos firmados entre los representantes ediles y las familias de los asentamientos, donde también se ha implementado el paso de camiones de recolección de basura por las tardes, no siempre se cumplen con los horarios pactados y las familias se quedan parados con los baldes esperando un vehículo cisterna que nunca llega ese día. Por su parte, el alcalde distrital Olmex Escalante, anuncia en redes sociales su acuerdo con SedaLoreto, la empresa estatal de agua potable dependiente del municipio provincial de Maynas, para el futuro abastecimiento. Vale señalar que actualmente dicho ente público se encuentra intervenido por el Ministerio de Vivienda por insolvencia financiera.

Al respecto, la oficina de la Defensoría del Pueblo remitió un oficio a fines de noviembre donde da cuenta que durante la última semana de dicho mes no pasó el camión para distribuir agua en ambos asentamientos Iván Vásquez y 21 de Setiembre y que el recojo de basura se daba apenas cada cuatro o cinco días.

“En el día de la Inmaculada yo fui a celebrar la eucaristía a la parroquia de estos asentamientos. Ahí al alcalde, en la homilía le dije que implemente la sentencia porque estamos hablando de derechos humanos básicos. El problema de agua potable no es simplemente que no tengan para beber o para cocinar para lavarse. Es que se fomentan enfermedades estomacales, de la piel. Aumenta la desnutrición, la anemia” recuerda el obispo viario apostólico de Loreto, Miguel Ángel Cadenas, sobre su último encuentro con el burgomaestre distrital. Sin embargo, no ha encontrado ninguna disposición por parte de otras autoridades de mayor rango. “Lo que viene a decir esta sentencia es que los que tienen responsabilidades públicas no hacen políticas sino que en el mejor de los casos lo que hacen es administrar lo que hay”. El religioso exige que la orden judicial se amplíe al Ministerio de Vivienda para que se ejecute un proyecto a mayor escala que surta de cañerías de agua potable a la totalidad de asentamientos humanos en Loreto.

Actualmente mil ochocientos vecinos conviven en el asentamiento 21 de Setiembre, fundado a inicios de 1998 mientras Iván Vásquez surgió a fines del 2003 y hoy cuenta con más de setecientas familias. Ambos integrados por descendientes de diferentes etnias indígenas amazónicas como matsés, kichwas, boras e incluso aymaras y desde luego mestizos, quienes llegaron ante la falta de acceso al derecho a la vivienda. Por décadas, un canal abierto de desagüe atraviesa el vecindario entre las casas, con hediondos restos provenientes del camal municipal del distrito de Punchana, donde se matan reses para obtener carne roja desde los años ochenta, así como también desechos del Hospital III de Iquitos perteneciente a la red de EsSalud.

Las juntas vecinales de ambas localidades entablaron a primera demanda de amparo en 2016 con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, contra el gobierno regional, la Dirección Regional de Salud de Loreto, las municipalidades provincial y distrital y también contra la Red Asistencial de EsSalud, ganando una primera sentencia del Juzgado Civil de Maynas en abril de 2019, la cual si bien absolvió a los dos organismos de salud mencionados, ordenó a los municipios y al gobierno regional proveer a los vecinos de ambos asentamientos de los servicios de agua y desagüe.

Ese mismo año las entidades demandas interponen apelaciones a la sentencia. El principal argumento esgrimido es que los vecinos de Iván Vásquez y 21 de Setiembre son ocupantes precarios sin título de propiedad, quienes se asentaron sobre terrenos no aptos para ser habitables por ser altamente inundables en la temporada de fuertes lluvias y aledaños al matadero de reses ya existente. En base a estas premisas, la Sala Civil de Loreto emitió una segunda sentencia en noviembre de 2020, la cual revocaba el fallo anterior y anulaba la obligación de los municipios y el gobierno regional de proveerles agua y saneamiento.

Pocos meses después, el Instituto de Defensa Legal interpone recurso de agravio constitucional, elevando la causa al Tribunal Constitucional y logrando la sentencia favorable de julio de 2023. Además de emplazar a las instituciones demandadas a cumplir con la instalación de agua y saneamiento, sino que además insta a otras entidades como la Defensoría del Pueblo, los ministerios de Vivienda y del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (OEFA) que depende del segundo, la Autoridad Nacional del Agua y la Presidencia dl Consejo de Ministros, para que participen en supervisar el cumplimiento.

Pero el punto más importante de la sentencia del Tribunal es el reconocimiento de una serie de derechos constitucionales de los vecinos de ambos asentamientos, vulnerados por las actuales condiciones en que viven. Principalmente se reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado, contenido en el artículo 2 inciso 22 de la Constitución peruana, así como el derecho al acceso al agua potable contenido en el artículo 7A de la misma carta magna.

“No es posible que a estas alturas del milenio que un porcentaje muy alto de la población de Loreto carezca de servicios básicos. Loreto es el departamento con peor cobertura de acceso al agua potable y esto pasa por políticas públicas, por inversión pública” acota el obispo Miguel Ángel. “Lo que suele ocurrir en estos lugares es que ha población descartable y lo que les sucede a ellos no tiene interés para las instituciones públicas”.

“Cuando llovía se desbordaba, se anegaba totalmente y se hacía un río. Para salir teníamos que pasar así hasta la mitad de nuestra pierna caminando para ir al mercado. Era un sufrimiento” recuerda Marixsa Manuyama Laulate, ex presidenta de la junta vecinal de 21 de Setiembre. Cuando al término de la temporada de lluvias quedaba acumulada tierra desplazada por la inundación de aguas servidas, la usaban para tapar el canal, impedir la salida de malos olores y hacer una suerte de puente por donde caminar que duraba unos días.

“Ahí estoy viviendo veinte años” prosigue la ex dirigente. “Tenemos que esperar que llueva para poder juntar”. Cuando no les queda otra opción, las familias tienen que comprar el agua en balde a un sol. “Ponte a diez soles diarios ¿Cuánto crees que nos sale el agua? Bien caro”.

“Cuando llovía, esa agua olía horrible. Una pestilencia. Cuando mermaba, quedaban ahí en nuestra vereda, debajo de las casas botellas, basura” se queja Marixsa. “Cuando es verano, no se puede ni comer, ni respirar”.

“Salían heridas, comezones, hongos a los niños. Les daba diarrea” rememora con desagrado sobre las temporadas de crecida del canal. “Se bañaban ¡Imagínate!”.

Las casas en los asentamientos son elevadas con tablas, previendo las inundaciones de aguas sucias. “Si viviéramos al nivel, qué no estaríamos pasando”. Comenta que ante la inacción de la alcaldía, lograron que una empresa privada sea la que coloque sacos de arena para separar las veredas del canal.

“Estamos pidiendo el cierre del canal abierto que pasa por nuestro sector. Estamos pidiendo recojo de basura” aclara Willian Navarro Sajami, ex delegado vecinal del asentamiento Iván Valera. Afirma que comprar el agua en balde les sale mucho más caro que a los vecinos de la ciudad de Iquitos que sí cuentan con el servicio. “Tenemos veinte años de vivencia. No tenemos ni un metro de tubería”.

“A partir de las siete de la noche, sueltan desde el camal que matan a las reses, su sangre botan por ahí” explica sobre el canal de desagüe que termina en el río Nanay, el cual a su vez es afluente del Amazonas. “Trae dolencias, dolor de cabeza, fiebre, vómitos. Mayormente los que sufren son los niños y los adultos mayores”. Refiere que es lo más común que haya niños jugando pelota al lado de la corriente de aguas servidas, se les caiga el balón y sin dudar se sumerjan a recogerlo. “La gente ya se acostumbró”.

“No pueden utilizar el agua como tradicionalmente vienen haciendo las poblaciones amazónicas, que está asentada en los cursos de los ríos y utiliza toda el agua necesaria” refiere el sacerdote sobre el origen indígena de las familias de Punchana. “En estos asentamientos como tienen que comprar el agua y es cara, tienen que decir a sus hijos que no utilicen tanta agua para bañarse. Eso en pleno Amazonas es un sinsentido”.

Reunidos en un local de la Vicaría de Loreto, dependencia eclesiástica que también ha brindado apoyo a los vecinos en la demanda de amparo, Willian y sus compañeros evalúan qué medidas tomar ante el incumplimiento: “Tendremos que salir a las calles a protestar. Un derecho pedimos”.

“Si en este caso no se cumple, la población se va a levantar” advierte Marixsa. “Si no cumplen ¿qué otra cosa puede hacer la gente? Yo nunca estoy a favor de la violencia pero la gente también se cansa” reflexiona el padre Cadenas.

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