Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen apertura de proceso penal contra expresidente Fujimori y sus ministros
El día de mañana, martes 14 de septiembre, – luego de tres meses- se reanudará la audiencia de sustentación de cargos en el caso denominado de las esterilizaciones forzadas, en la que el juez Rafael Martínez emitirá su decisión: si apertura o archiva el caso.
Esta audiencia de sustentación de cargos se inició el 1 de marzo y se prolongó hasta el 14 de junio del presente año. En dicho periodo se llevaron más de 32 sesiones y el juez Martínez escuchó la sustentación de todas las partes involucradas en el caso. Esta audiencia se realizó con la participación de intérpretes en quechua, que garantizó que las victimas – en su mayoría quechuahablantes- pudieran escuchar las audiencias en su lengua originaria.
Al sustentar su denuncia penal, el Ministerio Público señaló que existen suficientes elementos de convicción sobre la forma compulsiva en la aplicación del programa de las denominadas AQV, que recurrieron a incentivos y/o amenazas. Además, realizaron festivales y campañas de anticoncepción quirúrgica, privilegiando este método más allá de cualquier otro deplanificación familiar. Establecieron metas programáticas sobre la cantidad de mujeres que deberían ser esterilizadas, que se convirtieron en cuotas de captación al ser operativizadas por el personal de salud en sus diferentes niveles. También precisó que las condiciones en las que se llevaba a cabo el mismo acto quirúrgico eran inadecuadas (locales no adaptados , personal de salud poco capacitado, ausencia o deficiencia en el seguimiento posterior a la intervención quirúrgica, nula o poca información sobre el método AQV, etcétera).
Este caso comprende a 1316 víctimas que provienen de al menos 10 departamentos del país y esta sustentada en 182 elementos de convicción, entre testimonios de víctimas, testimonios de médicos de las zonas en las que ocurrieron los hechos, oficios, memorándum, actas, historias clínicas, informes defensoriales, informe del Congreso, entre otros. Los involucrados en este caso son el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, sus ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco y otros funcionarios, acusados de ser autores mediatos del delito de lesiones graves seguida de muerte en agravio de María Mamerita Mestanza Chaves y otras, y del delito de lesiones graves en agravio de las otras 1310 víctimas.
El Área de Defensa LEGAL del IDL expresa lo siguiente: “Han transcurrido 25 años y las agraviadas continúan exigiendo justicia y reparación. Es el momento de que el juez Rafael Martínez abra un proceso penal para que las víctimas no pierdan la esperanza de obtener justicia y que se sancione a los responsables de los graves delitos que se cometieron en contra de ellas.