Violaciones sexuales en las diferentes regiones del Perú: ¿País de qué?:

Violaciones sexuales en las diferentes regiones del Perú: ¿País de qué?:

Aldo Pecho Gonzáles

IDL-Seguridad Ciudadana

Hace unos días, una serie de desafortunados eventos han llevado nuevamente a preguntarnos por la vulnerabilidad de las mujeres y menores de edad ante peligros como el delito de la violación y otros casos de violencia sexual. La mayor parte de los reflectores de los medios nacionales se han centrado en Lima, donde lamentablemente ocurren miles de casos cada año. ¿Pero qué viene sucediendo en las demás regiones del país? ¿Cuáles son los registros estadísticos sobre violación sexual en lo que va del 2020? ¿La pandemia ha detenido estos casos? El presente artículo pretende dar cuenta, brevemente, de la situación de violencia sexual en el Perú buscando descentralizar la mirada sobre las dinámicas e incidencias de este tipo de delito en diferentes regiones.

I

Madrugada del domingo 18 de octubre en Mollebaya, pequeña localidad a las afueras de Arequipa. Paul Franklin Machacca Huillca por fin llega a casa. Ebrio, se dirige al cuarto de su hija y le reclama por qué se ha alejado de él y ya no lo quiere. Ella le increpa y le dice que conoce su secreto, que es un monstruo. Ha visto los videos que tiene de su prima, menor de 13 años, guardados en su laptop. Videos de la niña desnuda, que le envía material sexual por chantaje y accede a tener relaciones por la fuerza. Machacca ni por asomo muestra arrepentimiento. Furioso golpea a su hija; la madre acude rápido a defenderla y también es golpeada.

            La hija termina llamando a la Policía. Machacca es detenido y acusado “por el delito de violación sexual de menor de edad y pornografía infantil” (fuente: Radio Yaraví). Con la declaración de su hija y el examen médico hecho a su sobrina, víctima de la violación, este hombre fue trasladado al penal de Socabaya. El Ministerio Público ha solicitado que se le den 9 meses de prisión preventiva. La acusación es tan grave que hasta podría recibir cadena perpetua, según establece el artículo 178 del Código Penal. Un caso de violación más se suma al registro. Y siguen siendo muchos más.

            Hasta antes de la pandemia, se estimaba que cada hora ocurrían 3 denuncias por violación sexual en el Perú. Es decir, 72 casos diarios: la mayoría mujeres, sobre todo menores de edad. El aislamiento social obligatorio no ha impedido que las denuncias en la Policía por violación sexual apenas se redujeran en -6.7 % hasta setiembre de este año, comparadas con las denuncias hechas hasta setiembre del 2019.[1] En cambio, delitos como los de tipo patrimonial (robo y hurto) sí han sufrido un mayor repliegue (-34.8 %), comparados con las fechas arriba señaladas. ¿A qué se debe esto?

            En el caso de los delitos patrimoniales, la reducción se debe a que la mayoría ocurren en vías públicas. Con una movilidad en notorio descenso por causa de la pandemia, la recurrencia de estos delitos ha sido menor, sobre todo si pensamos en escenarios con mayor vigilancia policial. En cambio, los delitos sexuales son cometidos en espacios privados y por personas conocidas o allegadas a la víctima (muchas veces sus propios familiares). El confinamiento ha obligado a que las mujeres tengan que convivir con sus agresores sexuales, en una situación de desprotección, estrés, miedo, ansiedad y agotamiento mental. No sorprendería tampoco que los subregistros de denuncias en realidad sean más elevados de los que comúnmente se suele ver. Este es un año atípico, y no por ello ha dejado de ser violento. Puede serlo peor.

II

Asentamiento humano Pueblo Viejo, en Tambopata. Un hombre que responde al nombre de Mao Lenin Santos Vera es detenido por agentes del Grupo Terna. Se le acusa de haber entrado a una vivienda, en Puerto Maldonado, y haber violado a una adolescente de 15 años, además de robar en el inmueble. La Policía encontró en su poder la réplica de un arma de fuego con la que al parecer amenazó a la víctima. La acusación es seria: se le ha dictado nueve meses de prisión preventiva y esperará a que se desarrolle el proceso en el penal de San Francisco de Asís.

            Puerto Maldonado se ha vuelto una ciudad muy violenta en las últimas décadas. Las dinámicas de la economía ilegal, la corrupción y el vacío de autoridad vienen convirtiendo a Madre de Dios en la región con la mayor tasa delictiva, de violencia familiar y violencia sexual de nuestro país. Hace tan solo unos meses dos casos fueron muy resonados. En el primero, un hombre ha sido detenido acusado de violar en reiteradas ocasiones y embarazar a su hijastra de 12 años. En el segundo, un trabajador del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el abogado Marco Antonio Rodríguez Javier, ha sido acusado de violar a una menor de 16 años en la localidad de Mazuko.

            Los casos de violencia sexual que se pueden citar son interminables a lo largo y ancho de todo el Perú. No todos alcanzan eco mediático. Hasta fines de setiembre de este año, la Policía ha recibido 5502 denuncias por violación sexual y 11 923 denuncias, en general, sobre delitos de violación contra la libertad sexual. Cada uno de estos casos representa una gran marca psicológica, moral, social y física para las víctimas y sus familias. Traumas que pueden quedar de por vida, y terminan siendo heredados a sus hijos por una cadena prolongada de violencia y afectaciones.

            Si bien en Lima Metropolitana lamentablemente ocurren miles de casos de violación cada año, es importante diversificar la mirada sobre lo que ocurre en todo el territorio nacional. El lente centralista muchas veces nos impide tomar conciencia de las dinámicas de un delito que no conoce barreras geográficas, sociales ni culturales. El siguiente mapa intenta esclarecer un poco este panorama. Allí se muestra la distribución de denuncias por violación sexual y la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes en las 25 regiones del Perú durante el presente año.

Fuente: PNP (2020) Elaboración: Fabrizio Oviedo (IDL)

III

Distrito de Obas, provincia de Yarowilca. Hace tan solo unos días, los vecinos respaldan la decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco. Se acaba de condenar de por vida a Fide Feliciano Chávez Huaranga por la violación sexual reiterada de su sobrina en esta localidad. Los hechos ocurrieron el 2018, cuando la menor tenía solo 13 años. Chávez se aprovechaba de su cercanía a la niña, quien visitaba su casa junto con su hermanita para ver televisión. Producto de esta violación tuvo una hija. Con la cadena perpetua a cuestas, ahora Chávez permanecerá el resto de su vida recluido en el penal de Potracancha.

            En esta misma región, Huánuco, que tiene una de las tasas de violación más altas del país, María fue violada por 4 hombres. Su tragedia no termina allí: funcionarios y autoridades gubernamentales no hicieron nada por atenderla y quedó embarazada por este abuso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió este año una demanda contra el Estado peruano por negarle atención a la víctima y no sancionar a los responsables. Estos hechos son muy frecuentes. Se calcula que más de 700 niñas, víctimas de violación, se han convertido en madres en lo que va del año.

            Los casos de violación colectiva son más comunes de lo que creemos. Más allá de la terrible noticia que generó un fuerte impacto e indignaciónpor la violación de cinco hombres contra una chica en Surco, han ocurrido otros casos también en las últimas semanas fuera de Lima. En Porcoy, Cusco, una señora de 59 años fue violada por 4 hombres; por lo menos 2 de los agresores eran sus sobrinos. La mujer no solo fue ultrajada, sino que la golpearon y la dejaron en un estado físico muy grave. Sus familiares realizan plantones exigiendo que se capture a todos los culpables y se les condene.

            Estos son solo algunos de los casos más conocidos sobre violación sexual y que han llegado a ser denunciados en la Policía. Hay muchos otros casos más que ni siquiera llegaron a esta instancia, pero podemos seguirle el rastro con data complementaria e imaginarnos un poco sus dimensiones. Hasta setiembre de este año, ya son 13 mil personas desaparecidas consignadas en el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED), de las cuales más de 8 mil son mujeres. ¿Qué ha pasado con ellas? Lo mismo ocurre con las llamadas recibidas en la Línea 100 del MIMP. Se registraron en total 181 051 llamadas por casos de violencia familiar (8 de cada 10 víctimas fueron mujeres), de las cuales 9779 denunciaron posibles casos de violencia sexual.

            El panorama se oscurece más si tomamos en cuenta que el 39.1 % de registros de personas desaparecidas y el 59.3 % de llamadas a la Línea 100 fueron hechas en las regiones de Lima y Callao. Esto quiere decir que el subregistro de denuncias y de solicitud de atención inmediata es más elevado en las regiones, en donde no existen los canales institucionales ni las plataformas de comunicación adecuadas como en la capital. Y probablemente lo mismo ocurra en los casos de violación sexual. Muchos de ellos se siguen cometiendo con total impunidad, ante la ausencia del Estado o con denuncias que terminan siendo desestimadas, culpando a las víctimas o dándoles la espalda.

IV

Contra la indignación de quienes se retuercen al escuchar “Perú, país de violadores”, y no quieren ver cifras que en cualquier parte del mundo resultarían escandalosas ni el nombre de su país manchado (total, a uno no lo violan), han surgido múltiples voces y respuestas. Una de ellas es el llamado a la empatía: “Piensa en tu madre, en tu hermana, en tu hija, ¿no tienes mujeres en tu familia?”. Es una retórica interesante que busca sensibilizar sobre la vulnerabilidad a la que cualquier mujer puede estar expuesta en nuestro país. Sin embargo, debo decir que su figura es incompleta. Las repercusiones de la violencia no solo deben mirarse desde el presente y hacia el futuro, en la probabilidad de lo que pueda pasar. También deben explorarse desde atrás, en las huellas que el pasado ha dejado en cada uno de nosotros. Ejercicio doloroso, pero revelador: es probable que muchos peruanos y peruanas seamos hijos de la violencia. Y no solo de quienes la han padecido, sino también de quienes la han ejercido. O de ambas.

            “¿Acaso tu padre es violador? ¿Acaso tu hermano es violador?”, algunos preguntan. Hurgar en la memoria familiar, tres o cuatro generaciones atrás (o quizá solo una o dos), en la familia nuclear o extensa, puede traernos más de una sorpresa. Y mirar más allá de nuestra familia, en nuestro barrio o comunidad también. “No, mi padre no es un violador, mi hermano tampoco, pero quizá lo haya sido mi abuelo, mi tío, mi amigo o mi vecino”. Claro que esto no tiene que ser solo un ejercicio de vergüenza, dolor y desagrado, de impresiones penosas sobre aquello de lo que no podemos sustraernos. Sí, somos hijos e hijas de la violencia. Sus testigos también. Pero no tenemos por qué seguir siendo sus padres. La tarea consiste en cortar esta cadena.

            Cuando se reconozca que la violencia sexual es un problema que nos ha signado como sociedad, y que viene dejando huellas indefinidamente, tendremos un paso más adelante para confrontarla. El siguiente paso es evidente, pero para muchos —sorprendentemente— muy difícil de ver: la violación es una de las expresiones más aterradoras de la dominación masculina, que atenta contra la integridad, libertad y dignidad de las mujeres. Y arrecia más cuando las condiciones estructurales en las que se encuentran terminan colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad. Hacia allí debe apuntar la atención del Estado, con un mejor ejercicio de descentralización de sus funciones.

            Cierro este escrito reflexionando un punto final importante: si bien existen grupos más vulnerables y propensos a sufrir las violencias, por sus condiciones de desigualdad social y espacial, el problema no es exclusivo de ellos. Lo que ha sucedido en Surco es una muestra de que la violencia sexual puede ocurrir en cualquier espacio social. E incluso hasta en las esferas de poder. Hace tan solo unas horas, el Ministerio Público de Quispicanchis, en Cusco, acaba de ordenar la detención preventiva de Esteban Mamani Ccallo. Este hombre, alcalde del distrito de Marcapata, ha sido acusado por tentativa de violación sexual. Según las investigaciones, “habría suministrado una extraña sustancia en una bebida alcohólica ofrecida a la mujer en el despacho de alcaldía” (fuente: Andina). Con tales hechos, no resulta sorprendente por qué se lucha en varios frentes para frenar estos abusos. Y efectivamente, esa lucha no termina.


[1] La suma de denuncias por delitos contra la libertad sexual apenas se redujo en -8.8 % si comparamos hasta setiembre de este año con setiembre del 2019.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

shares