Y las horas siguen pasando: a más de un mes del asesinato de Quinto Inuma su familia sigue esperando justicia

Y las horas siguen pasando: a más de un mes del asesinato de Quinto Inuma su familia sigue esperando justicia

 Cristina Gavancho, abogada IDL

 El fatídico 29 de noviembre del 202, es un día que marcó la vida del pueblo kichwa de San Martín, de la Comunidad Nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu y de la familia del apu Quinto Inuma Alvarado. Ese día se materializaron las amenazas de aquellos que veían las labores de defensa territorial que el líder venía realizando desde el 201, como un obstáculo para sus actividades vinculadas a la tala ilegal, tráfico de tierras y narcotráfic. Ese día tres disparos a traición acabaron con la vida del líder, pese a todas las alertas y protección en papel con las que contaba.

 A más de un mes del asesinato del apu de Santa Rosillo de Yanayacu, no se tiene ningún detenido o investigado, pese a las promesas del Ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, quien al llegar a Tarapoto el 30 de noviembre, en compañía del Coordinador Nacional de las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Wayner Chávez Cotrina; del Viceministro de Orden Interno, Miguel Núñez; del comandante general de la PNP, Jorge Angulo; del jefe de la División de Investigación de Homicidios de DIRINCRI, Víctor Revoredo; señaló concretamente “(…) Estos enemigos del país tienen las horas contadas, los vamos a encontrar y lo pondremos a manos de la justicia, de tal manera que nuestro país pueda seguir manteniendo la paz y la tranquilidad”.

Las horas se siguen contando sin ninguna actuación efectiva, y la familia sigue clamando por justicia en un sistema que parece indolente, ajeno e ineficiente; que no toma en cuenta el riesgo latente de los comuneros y líderes de la comunidad Santa Rosillo que hoy están a la merced de los presuntos responsables que se pasean libres por el territorio de la comunidad, a quienes la lenta actuación del sistema de justicia pareciera que los favorece.

Quinto Inuma Alvarado dedicó su vida a la defensa del territorio de la comunidad Santa Rosillo, ubicada en el distrito de Huimbayoc de la provincia de San Martín, en una zona infestada de personas y organizaciones criminales que se dedican a actividades vinculadas con economías ilegales (tala, tráfico de tierras y narcotráfico) y donde la comisaría más cercana se ubica a más de doce horas para llegar a la comunidad. El territorio de la comunidad estaba sometido a serias amenazas, y para hacerle frente organizó actividades de vigilancia y defensa de los bosques comunales que existen en su territorio.

A través de su labor de vigilancia, Quinto Inuma pudo constatar la presencia de actividades ilícitas en la zona, y siempre informó a las autoridades del sistema de justicia: había puesto más de 13 denuncias por destrucción de bosques para que se investigue la presunta comisión de delitos ambientales en su territorio comunal, pero no hubo resultados importantes, pues la lejanía y el acceso a la zona de la comunidad siempre fue un limitante para el acceso a la justicia ambiental efectiva.

Estas presuntas actividades serían llevadas a cabo por personas que también residen en la comunidad (colonos) y que incentivan la desunión de esta, y que han generado retrasos y demoras en el procedimiento de titulación de la comunidad nativa,. Por ello el apu intensificó las actividades de defensa territorial para lograr la tan ansiada titulación del territorio.

Las consecuencias de su enfrentamiento a las actividades ilícitas que se venían realizando en el territorio de la comunidad fueron una serie de atentados desde el año 2018 contra él y su familia para amedrentarlo y que renuncie a su lucha. Por ese motivo solicitó la activación del procedimiento de alerta temprana de defensores de derechos humanos[1], que fue activado más de cinco meses después por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución Directoral N° 003-2021-JUS/DGDH, en la que el Estado peruano se comprometía a implementar acciones de protección que incluían:

 

  • La comunicación con las autoridades competentes para la oportuna protección policial.
  • Visita pública por parte de funcionarios de la Dirección General de Derechos Humanos con la participación de otras entidades del Estado (Ministerio del Interior u otras), para reunirse con los miembros de la comunidad nativa, así como con las autoridades locales y regionales para sensibilizar sobre la situación de riesgo que afrontan las personas defensoras de derechos humanos avocadas a la defensa del ambiente o de sus tierras comunales.
  • Informar al Gobierno Regional de San Martín sobre la preocupación institucional por la seguridad jurídica del territorio de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu y el procedimiento que permitirá el saneamiento físico legal de su territorio.

Todas estas acciones a la fecha siguen en espera de implementación y no pudieron proteger al apu Quinto Inuma, quien en vida tocó todas las puertas posibles para poder tener paz en su comunidad , pero que no pudo ni siquiera tener protección policial. Así fue como el fatídico 29 de noviembre esas amenazas se materializaron y terminaron con su vida, con total aquiescencia del Estado que pese a las alertas y denuncias no implementó efectivamente ninguna medida de protección. Es más, en vida el apu esperaba la visita de los ministros a su comunidad, y sorprende que recién después de su asesinato aparecieron los recursos que le decían que no habían para llegar a la zona.

Hoy al menos la familia, la comunidad y el pueblo kichwa esperan que el sistema de justicia responda en forma célere, y no permita que el ambiente de impunidad que se respira en Santa Rosillo de Yanayacu permita que se asesine a otro comunero más, pues hoy están a la voluntad de los presuntos responsables del asesinato del apu y se pasean libremente por la comunidad amedrentando y amenazando a los comuneros que aún se encuentran en el lugar a la espera de esa justicia que no llega.

El caso de Quinto Inuma debe servir como un punto de quiebre y reflexión sobre cómo ha funcionado el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos, pues nunca se hicieron efectivas las medidas de protección. Ante su asesinato el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú deben cumplir su rol de identificar, investigar y buscar que se sancione a los presuntos responsables con la mayor celeridad posible. Es sorprendente cómo a más de un mes del suceso la familia siga esperando por una justicia que día a día parece más lejana.

La pregunta que nos hacemos ante esta situación es: ¿qué necesita el Ministerio Público para solicitar alguna medida contra los responsables? Esperemos que no sea otra situación lamentable pues el escenario de riesgo en la comunidad aumenta cada día que pasa.

 

 

 

 

[1] En el marco del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos a cargo de MINJUS.

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