¿Y quiénes velan por la Policía? Una situación que ya debe cambiar
Área de Seguridad Ciudadana del IDL
El sistema de salud en la Policía, en estos últimos tiempos, ha demostrado ineficiencia y desatención, sumado al desabastecimiento de medicinas, entre otros problemas logísticos y de servicios. Estos eran temas siempre pendientes en la agenda, y debían ser atendidos de manera inmediata. Sin embargo, vemos que los resultados han sido otros. Hoy en día, la pandemia envuelve y trasluce cómo estamos en el sector salud; la realidad se nos muestra crudamente. Pensamos que con los cambios en el Ministerio del Interior y la Policía íbamos a producir un mejor escenario, pero las cosas siguen igual de mal.
Para empezar, el ministro del Interior Gastón Rodríguez Limo cambió al ascendido comandante general de la Policía, general Max Reinaldo Iglesias Arévalo, y en su reemplazo colocó al general Héctor Loayza Arrieta como nuevo director general sin dar ninguna explicación al país. Así, hubo dos jefes de la Policía en una semana. Pero también realizó otros cambios importantes, e igual de inesperados, como los pases al retiro de los generales Jorge Pérez Flores, José Baella Malca, Max Iglesias Arévalo, Jesús Ríos Vivanco, José Pozo García y José Cueva Velarde.
Las expectativas se hicieron presentes. Imaginábamos que con estos ingresos y salidas se podría atender de manera inmediata algunas de las necesidades más urgentes para un momento de emergencia como este. Y nos referimos específicamente a la atención de los policías contagiados por la COVID-19.
La realidad lamentablemente sigue siendo la misma. No es necesario profundizar en la información para conocer la situación de abandono en la que se siguen encontrando los efectivos policiales, quienes luchan día a día contra el avance de la pandemia en las calles, con el elemento adicional de vivir con la incertidumbre no solo de poder ser contagiados ellos, sino también sus familias. Sobre esta situación de la Policía, ya habíamos dado mayores detalles en una anterior publicación. Es una pena que el panorama no haya cambiado mucho. Los esfuerzos que hasta el momento se vienen emprendiendo siguen siendo insuficientes.
La cantidad de policías infectados y fallecidos no es nada alentadora. Hasta la fecha, el ministro del Interior Gastón Rodríguez declaró en medios que la cantidad de policías fallecidos por COVID-19 ascendía a 106 efectivos, mientras que más de 6000 han sido contagiados.[1] Esta tendencia no parece detenerse y las cifras siguen en aumento.
Muchos efectivos han llegado a los establecimientos de salud pensando en tener una atención rápida y eficiente, pero no ha sido así. Pidieron apoyo a su institución sabiendo que si se les internaba quedarían aislados, sin poder ver a sus familiares, y a pesar de eso se les ha abandonado, brindándoles poco o nula atención. Tan solo en el Hospital de la Policía se puede observar cómo los profesionales de salud en primera línea corren por los pasadizos intentando salvar sus vidas.[2] Aunque allí también ellos tienen una lucha aparte.
Cada día, médicos intensivistas, neumólogos, enfermeras, técnicos de salud, entre otros, se esfuerzan por salvar la vida de sus pacientes, pero también contra el propio contagio de la enfermedad. Y en estas circunstancias, no se les proporciona la indumentaria ni los recursos adecuados. Por ejemplo, las mascarillas N95 escasean, por lo que se tienen que usar mascarillas dobles de tela que son virtualmente ineficaces dentro de entornos como hospitales y centros sanitarios. En cuanto a otros implementos básicos de bioseguridad, la situación es igual o hasta peor. Los lentes protectores, guantes de nitrilo, gorros, chaquetas, pantalones o botas quirúrgicas, que deberían ser entregados cada doce horas, muchas veces demoran un día o más, o hasta semanas, en poder renovarse. Evidentemente, esto solo incrementa los riesgos y posibilidades de contagio intrahospitalario.
De igual manera, cuando el personal policial tiene que lidiar contra la expansión de la pandemia en las calles, se encuentran expuestos al contagio. Más aún cuando tienen que interactuar constantemente con la población, y muchas veces con infractores y delincuentes a quienes tienen que someter a control físicamente. Así, diariamente deben cumplir sus rondas por los mercados, paraderos, buses, locales clandestinos e intervenir incluso dentro viviendas, muchas veces lidiando contra gente violenta, e incluso con algunas personas que los amenazan con el contagio. Por ello, su día a día se convierte en una prueba de fuego. Y tras las duras jornadas, deben someterse también a evaluaciones médicas, mediante las pruebas serológicas para descartar el virus. Lamentablemente, en algunas regiones del país escasean estas pruebas y para cubrir las carencias los médicos tienen que improvisar con una tomografía axial, a fin de detectar síntomas parecidos a algún tipo de neumonía.
Esta crisis de recursos de atención y prevención ya vienen causando serios estragos en regiones como la Amazonía. Es el caso de la base antidrogas de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, donde se buscó distribuir personal de apoyo policial para Iquitos, una de las ciudades con mayores índices de contagio en el Perú. Pero antes de que pudieran viajar, el congresista de la región César González Tuanama pidió con mucha insistencia que se les hicieran pruebas rápidas. El resultado arrojó que 71 efectivos policiales dieron positivo. Ante esto, se tomó como decisión que cumplieran el aislamiento obligatorio, con los requerimientos de emergencia que la situación amerita.
Una semana antes, se había enviado un contingente policial de la Dirección de Antidrogas, también de 100 efectivos, que viajó desde Santa Lucia (Tingo María) hacia Iquitos. La pregunta es: ¿este primer grupo de efectivos también pasó por las pruebas necesarias para ser trasladados y luchar contra la expansión de la pandemia en la capital loretana? Porque si no ha sido así, y de tener un elevado número de contagios, se convirtieron lamentablemente más en un problema que en la solución.
Toda esta situación nos deja con el ojo puesto sobre el Ministerio del Interior, quienes deben tener como prioridad resguardar la vida, de la población en general y también de sus propios efectivos del orden. Por ello nos preguntamos: ¿si la salud de los policías es lo primero, por qué a diario suben las cifras de fallecidos y contagiados sin que se les brinde el resguardo adecuado? Un hecho injusto, sobre todo porque los reflectores mediáticos se han concentrado en los cambios de mando institucional, aunque esto resulta insoslayable, y no se presta atención a cómo se siguen perjudicando cientos y miles de personas, y sus familias, quienes luchan contra esta pandemia.
No hay duda de que resulta necesaria una restructuración de los hospitales y policlínicos de atención al personal policial a nivel nacional, mejorar la capacidad de gestión, administrar mejor los recursos y la lucha contra la corrupción, así como brindar más apoyo al personal de emergencia. Entendemos que desde el Gobierno se quiera mostrar tranquilidad para no generar pánico en la población, pero la realidad es insostenible. Se necesita emprender mejoras para la situación de la Policía y recuperar su alicaída moral en esta cuarentena. Se han dado a conocer los cambios en la Sanidad de la Policía, ahora a cargo del general Samuel Yépez Rondón, y un nuevo director del Hospital de Policía, esta vez a cargo del coronel Nagy Cabrera. Esperamos que puedan tomar medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salud y vida de nuestros efectivos.
Con la cuarentena extendida hasta el 30 de junio, algunas actividades económicas reiniciadas y ciertamente muchas ciudades que empiezan a ser desbordadas, el panorama que se presenta es todo un reto para nuestras autoridades. Las estrategias, en todas sus dimensiones, deben partir desde una perspectiva tanto organizacional como situacional. Por ello, el Ministerio de Interior debe actuar con inmediatez para la atención de los policías que se encuentran en primera línea, y particularmente para quienes pasan duros y críticos momentos en su salud junto con su familia. Hasta el momento, los cambios no han sido positivos. Esperamos que puedan hacerse tangibles ya para fortalecer nuestra seguridad y la de los propios efectivos. Y principalmente, por la vida de todos.
[1] Al respecto, ver la entrevista del ministro Rodríguez Limo en RPP el 21 de mayo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OS_C6V50HNM.
[2] Recientemente, la Comisión de Fiscalización de Salud del Congreso realizó una inspección del Hospital de la Policía en Jesús María donde se detectaron varias deficiencias. Para mayor información, ver el siguiente reportaje televisivo: www.youtube.com/watch?v=B9HTVcL9taE&feature=emb_title.