Ya nadie se acuerda de la Junta Nacional de Justicia

Por: Luis Miguel Purizaga

Se dice que alguien realmente muere, no cuando deja físicamente este mundo, sino cuando las personas cercanas a él o que lo conocieron en vida, poco a poco lo van olvidando. Es por esto que la existencia está asociada directamente con el recuerdo y la memoria. Con la reforma del sistema de justicia está ocurriendo algo parecido.

La estamos dejando morir. La estamos olvidando. De nada ha servido que el Congreso de la República haya sacado rápidamente una Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, o se haya creado una Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, o un Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Todas las leyes que creaban estas nuevas instituciones ya han sido promulgadas y publicadas, lo cual en teoría es muy bueno y, sin embargo, esto es así sólo si nos movemos en el mundo de la teoría y creemos que por el solo hecho de que existen estas normas legales, ya tenemos asegurada y en marcha la reforma del sistema de justicia.

Lo que está ocurriendo en la práctica es totalmente distinto

La realidad es que, en la práctica, la implementación y la existencia de todas las instituciones del sistema de justicia mencionadas, dependen de la creación de la Junta Nacional de Justicia, que, como ya todos saben, es la institución que reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Los miembros de esta Junta deben ser elegidos por una Comisión Especial creada exclusivamente para tal fin.

¿Quiénes conforman esta Comisión Especial con tan importante encargo? Pues las cabezas de las instituciones más representativas del sistema de justicia: la preside el Defensor del Pueblo, y le siguen el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República. Se suman a estos cinco, dos rectores, uno de una universidad pública y otro de una universidad privada.

Un proceso de selección fracasado y una comisión especial fantasma

Para resumir los hechos, a lo largo de todo el procedimiento de selección, los miembros de la Comisión Especial han demostrado no estar a la altura del encargo. El resultado de casi seis meses de labores ha sido una sucesión de muy malas decisiones, poca transparencia y cuestionamientos. Y esto ha ocurrido desde que se formó la Comisión Especial que tuvo un solo objetivo: elegir a los catorce miembros que conformarían la Junta Nacional de Justicia (siete miembros titulares y siete suplentes).

La cereza del pastel nos la brindó la Comisión al final de su fallido proceso de selección: el único miembro elegido resultó tener procesos judiciales en trámite, lo cual significaba un impedimento clarísimo para desempañarse en el cargo. ¿En qué momento nos enteramos todos los ciudadanos de este “pequeño” detalle el mismo día en que el elegido iba a juramentar al cargo?

Todos buscamos con la mirada entonces a la Comisión Especial. ¿Quiénes sino ellos nos podrían explicar todo el embrollo que tenía como protagonista al señor Patrón Bedoya (el elegido) caminando por el jirón Ucayali, luego de que se suspendiera su ceremonia de juramentación en el local de la Defensoría del Pueblo? ¿Quiénes si no los miembros de la Comisión Especial deben explicarnos las declaraciones de Patrón Bedoya cuando dijo que él había informado de la existencia de sus procesos judiciales en curso a la misma Comisión? Nos preguntamos si no lo escucharon o no le dieron importancia, porque fueron ellos mismos quienes le comunicaron que su juramentación ya no se llevaría a cabo hasta nuevo aviso.

Lo real es que esas explicaciones nunca llegaron. La Comisión Especial emitió un comunicado el mismo día en que se llevaría a cabo la ceremonia de juramentación, indicando que ésta se suspendería hasta verificar la existencia del proceso penal en curso de Patrón Bedoya, luego de los cual “adoptaría la decisión que corresponda”. (En realidad no tuvo que tomar ninguna decisión, ya que Patrón renunció al día siguiente, con lo cual la Comisión ya podía dar por finalizado el primer proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia).

¿Tenemos el balance realizado por la Comisión Especial después de este proceso fallido? Aún lo seguimos esperando, pero hasta que ese día llegue, nosotros compartimos con ustedes algunos datos importantes, que bien podrían ser tomados en cuenta para cuando ese balance se elabore:

1. El proceso duró aproximadamente unos tres meses. La Comisión Especial publicó un cronograma que se iniciaba el 24 de abril y concluía el 19 de julio.
2. Este cronograma fue publicado junto con las bases del concurso público de méritos. En estas bases la Comisión estableció qué tipo de examen de conocimientos se aplicaría a los postulantes.
3. El tipo de examen de conocimientos elegido por la Comisión fue uno objetivo, de opción múltiple, con cincuenta preguntas. Este examen debía ser cancelatorio de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la JNJ.[1]
4. Este examen de conocimientos recogió las áreas de conocimiento que la Comisión Especial consideró que era importante que todo postulante conozca.[2] ¿Cuál era el perfil de candidato que buscaba la Comisión? ¿Este perfil se construyó tomando en cuenta el diagnostico de por qué fracasó el extinto CNM? ¿No será acaso que como no tenían claro el perfil de candidato que buscaban, sus criterios de selección fueron completamente errados?
5. Como la primera evaluación de todo el proceso de selección fue el examen de conocimientos, de 113 postulantes válidamente inscritos que lo dieron, sólo aprobaron tres. Por eso el proceso de selección continuó solo con estos tres candidatos.
6. Frente a este resultado diversas opiniones (incluida la nuestra) le sugirieron a la Comisión no continuar con el proceso de selección, declararlo nulo, modificar las bases, sobre todo lo relacionado al tipo de examen de conocimientos para que no sea memorístico, que no sea de opción múltiple, que no tuviese preguntas trampa). Plantearon que era necesario llamar a una nueva convocatoria de postulantes. Era obvio que era necesario modificar las bases, e incluso hasta la misma ley orgánica. Y así se lo hicimos saber a la Comisión. Otros analistas y espacios de sociedad civil coincidieron con esta posición.
7. Esta sugerencia presentada a la Comisión tenía otro argumento de peso: ¿qué tipo de concurso público de méritos se puede llevar a cabo cuando se tienen que elegir catorce miembros y solo hay tres postulantes? ¿Acaso esos tres postulantes que quedaban serían elegidos de todas maneras? ¿Competirían acaso entre ellos por un puesto? No había claridad por ningún lado, la Comisión no respondía a los cuestionamientos, y contrario a lo que se le sugería, decidió continuar con el proceso de selección desoyendo razones.
8. La última evaluación del proceso –la entrevista personal– estuvo llena de subjetividades. ciertos miembros de la Comisión fueron más incisivos con sus preguntas con algunos postulantes. Esta clara diferencia fue tan obvia que incluso uno de los postulantes (Víctor Cubas) amenazó con denunciar al miembro de la Comisión, José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, debido a que sus preguntas deslizaban irregularidades e ilícitos que, de acuerdo a Cubas, eran hechos que jamás habían sucedido.
9. ¿Cómo es posible que, a pesar de tener solo tres postulantes en carrera, la Comisión Especial no haya podido ser capaz de detectar la existencia de un proceso penal en curso de uno de los postulantes? La cuestión se agravó cuando este postulante dijo luego que había comunicado de la existencia de este proceso penal a la Comisión. ¿Acaso consideraron este dato intrascendente o poco importante y que no habría un claro impedimento en las funciones que iba a desempeñar el postulante si resultaba elegido?
10. Por último, tenemos el costo de todo el proceso. Entendemos que la Comisión Especial tenía asignada una partida presupuestal para llevar a cabo el proceso de selección. ¿Cuánto de ese dinero se ha tirado literalmente al agua? ¿La Comisión tiene algún grado de responsabilidad en todo esto? ¿Por qué hasta ahora no dan explicaciones? ¿Dónde está la transparencia y la publicidad de los actos a los que hace mención el artículo III de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia?

El presidente de la Comisión Especial se pronuncia (tarde y mal)

Hasta aquí los hechos que deberían ser tomados en cuenta en el balance que la Comisión Especial nos debe a todos los peruanos. No se crea que luego de todo este proceso fracasado, los miembros de la Comisión guardaron un mutis total acerca del tema. En lugar de que, como correspondía, salieran los siete miembros de la Comisión a dar explicaciones, el único que dio la cara fue su presidente, el Defensor del Pueblo.

Walter Gutiérrez dio declaraciones a los medios el 14 de julio, indicando que la ley de creación de la JNJ “es muy rígida” respecto al modo en que establecen “los pasos para la evaluación, las etapas, los tiempos” que tiene la Comisión Especial para seleccionar a los miembros. “Tiene demasiados lastres para esta comisión especial”, consideró Gutiérrez.[3] Por estas razones consideró que era necesario que la ley orgánica de la JNJ sea modificada, a fin de llevar a cabo una elección óptima.

¿Acaso no les llama la atención a todos ustedes que Gutiérrez recién diga que la Comisión Especial no puede hacer bien su trabajo por culpa de la ley orgánica de la JNJ? Muchas organizaciones, incluyendo al IDL, dijimos en muchas oportunidades que la ley debía de modificarse porque no ayudaba a garantizar que se eligieran a los mejores para el cargo de miembro de la JNJ. Lo dijimos muchas veces. ¿Acaso Gutiérrez hizo eco de este pedido? ¿Lo tomó siquiera en cuenta? Ahora resulta que parece que recién ha descubierto que era necesario modificar la ley, luego de haber perdido tiempo y dinero. Sobre todo tiempo para que la Junta Nacional de Justicia pueda entrar ya en funcionamiento y pueda, entre otras cosas, revisar los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios llevados a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura anterior.

Peor aún: El 12 de junio Gutiérrez presentó un proyecto de ley al Congreso para modificar el plazo para la elección de los miembros de la JNJ. El plazo inicial era de 90 días calendario. La propuesta de Gutiérrez era ampliar el plazo 90 días más. El Congreso aprobó el proyecto y dio luz verde a esta ampliación.

¿Gutiérrez hizo mención a alguna otra modificación necesaria en la ley? ¿Mencionó acaso que había otras disposiciones en la norma que iban a significar un lastre al momento de llevar a cabo el segundo proceso de selección de miembros de la JNJ? La respuesta es no. No hizo mención a ningún otro pedido de modificación en la norma.

Es más, Gutiérrez sustentó su pedido indicando que la ampliación del plazo les permitiría perfeccionar el proceso, y enmendar y superar los errores que hubieran tenido en el primer concurso. A su vez, José Luis Lecaros explicó que las bases podrían variar ya que se llevaría a cabo luego un nuevo concurso. “Asimilaremos errores y no los volveremos a cometer. Daremos más oportunidad a nuevos postulantes, especialmente mujeres y abogados reconocidos de provincias. Uno de los errores por corregir en el nuevo proceso de selección serán los exámenes escritos. Se ha criticado que la prueba fue ‘todista’, es decir, para los abogados que conozcan todas las ramas del derecho. La próxima será mixta: 25 preguntas generales, con temas que deben conocer todos los miembros de la JNJ, y 25 preguntas de la especialidad del postulante, es decir, habrá cuestionarios sobre derecho Civil, Penal y Constitucional. El postulante elegirá uno de estos para responder”[4], agregó.

En este análisis llevado a cabo por los señores Gutiérrez y Lecaros no se hace mención alguna a los “lastres” que tendría la ley y que impedirían que la Comisión Especial lleve a cabo correctamente su trabajo. Un mes después, Gutiérrez cambiaría de opinión y diría que era necesario volver a modificar la ley orgánica de la JNJ.

Ahora bien, ¿a quiénes beneficia realmente toda esta demora en la selección de los miembros de la JNJ? A los únicos que les conviene es los jueces y fiscales cuyos nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios adolezcan de indicios de graves irregularidades. El periodismo de investigación ya ha dado a conocer algunos casos que la JNJ deberá revisar como prioridad: la ratificación automática de Gonzalo Chávarry como fiscal supremo, el nombramiento de Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo, y de todos los demás magistrados relacionados con la red de Los Cuellos Blancos del Puerto, y cuyos nombramientos o ratificaciones se llevaron a cabo desde marzo del 2015 hasta julio del 2018. Recordemos que una de las tareas de esta primera JNJ será la revisión de todos estos procesos.[5]

La reforma del sistema de justicia, la reforma política y el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales  

Al inicio de este artículo mencionamos que la Junta Nacional de Justicia está muriendo porque ya nadie la recuerda. Está dejando de ser parte del debate en los medios, los mismos actores involucrados no hacen mención al nuevo proceso de selección de miembros.

Parece que luego de lo dicho por Walter Gutiérrez acerca de que es necesario que se modifique la ley orgánica de la JNJ, todo queda en la cancha del Congreso de la República. Si éste no lleva a cabo los cambios necesarios (que Gutiérrez tampoco se ha dado el trabajo de explicar), no será posible embarcarse en un nuevo concurso público de méritos.

Siendo ese el escenario al que la Comisión Especial nos ha llevado, veamos cómo está el Congreso: a estas alturas para nadie es un secreto la labor obstruccionista del Parlamento en relación a la reforma del sistema de justicia y la reforma política. Los proyectos de ley aprobados fueron desnaturalizados, alterados en su esencia y algunos dejados de lado.

De los seis proyectos de ley relacionados a la reforma del sistema de justicia se aprobaron cuatro, y como hemos visto, el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, depende de que exista y comience a funcionar la Junta Nacional de Justicia.

En el caso de la reforma política, el escenario no cambia mucho. Algunas de las leyes aprobadas fueron las de la paridad: el proyecto hablaba de una paridad de 50% hombres y 50% mujeres en las listas de candidatos para el Congreso, que terminó aprobándose en una proporción de 60% varones y 40% mujeres, a condición de progresividad en los porcentajes.

Se rechazó el proyecto de ley de eliminación del voto preferencial y, con ello, el efecto positivo de la ley de paridad se ve mermado. En el caso de la inmunidad parlamentaria, la propuesta del Ejecutivo de que la inmunidad sea levantada por la Corte Suprema terminó descartándose. En resumen, los proyectos de ley presentados fueron descartados o alterados en su esencia, y esto significaba que las propuestas de reforma se estaban haciendo a regañadientes en el Congreso, con poca o nula voluntad y sin un real interés de cambio.

El último capitulo de esta historia es el proyecto de ley para el adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo el miércoles pasado, que busca modificar el artículo 112 de la Constitución y que incorpora nuevas disposiciones transitorias especiales. Lo que se busca es adelantar las elecciones del Congreso y de la Presidencia de la República para el próximo año. El proyecto debe ser sometido a referéndum, previo debate en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso.

¿Aprobará el Congreso este proyecto de ley o lo mandará al archivo? ¿La mayoría fujimorista en el Congreso podrá conseguir los votos que requiere para archivar el proyecto? Si eso ocurre, ¿el presidente Vizcarra puede presentar una nueva cuestión de confianza y cerrar el Congreso? Como vemos la agenda nos plantea otras interrogantes y lo único seguro es que seguiremos escuchando cada vez menos acerca de la Junta Nacional de Justicia y de la reforma del sistema judicial. Parece que, así como en la vida misma, los proyectos y las reformas al sistema viven mientras se mantengan en el recuerdo.     

[1] Ver art. 90 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

[2] Los rubros son: Derecho constitucional y derechos humanos, sistema peruano de impartición de justicia, derecho administrativo y derecho administrativo sancionador, derecho civil y derecho penal, y gestión pública y gestión del talento humano.

[3] Ver: https://larepublica.pe/politica/2019/07/15/defensor-del-pueblo-ley-para-la-creacion-de-la-jnj-tiene-demasiados-lastres/

[4] Ver: https://elperuano.pe/noticia-comision-de-jnj-solicita-ampliar-plazo-del-concurso-80389.aspx

[5] Ver al respecto, la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.