Caso Quinto Inuma: cuatro personas reciben penas de hasta 35 años de prisión por el asesinato del líder indígena
Lima, 24 de agosto de 2026. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó este lunes a cuatro personas por el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, apu de la Comunidad Nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, ocurrido el 29 de noviembre de 2023. El tribunal impuso penas de entre 15 y 35 años de prisión y fijó una reparación civil de S/ 1 millón a favor de los familiares de Inuma y de Axeldina Barbarán Tapullima, sobreviviente del ataque.
Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión como coautores del delito de sicariato y del homicidio calificado en grado de tentativa cometido contra Axeldina Barbarán. Por su parte, Segundo Juan Villalobos Guevara recibió una pena de 28 años y cuatro meses, como coautor del delito de sicariato. Jerly Saboya Saboya fue condenado a 15 años como cómplice primario del mismo delito.
En tanto, Dedicación Vera Pardo fue absuelto por duda razonable del delito de encubrimiento personal. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada por las partes.
El Colegiado estableció además una reparación civil de S/ 1 millón. De este monto, S/ 750 mil serán destinados a los deudos de Quinto Inuma y deberán ser pagados solidariamente por los cuatro sentenciados. Los S/ 250 mil restantes corresponden a Axeldina Barbarán Tapullima, sobreviviente del ataque, y serán asumidos solidariamente por Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz.
Crimen contra un defensor indígena
Quinto Inuma fue asesinado mientras retornaba a su comunidad por la quebrada Yanayacu, luego de participar en el Encuentro Nacional de Defensores Ambientales en Pucallpa. Su embarcación fue interceptada y, durante el ataque, recibió disparos que le causaron la muerte. Axeldina Barbarán también resultó herida.
El asesinato ocurrió en un contexto de violencia y amenazas contra Santa Rosillo de Yanayacu, comunidad que había denunciado actividades vinculadas con economías ilegales y ejercía labores de vigilancia y defensa de su territorio. Entre 2016 y 2023, integrantes de la comunidad presentaron 13 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y tráfico ilícito de drogas. Al menos 30 integrantes de la ronda comunal fueron además víctimas de hostigamientos y agresiones físicas vinculadas con sus labores de defensa territorial.
El Estado conocía la situación de riesgo de Quinto Inuma antes de su asesinato. En febrero de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos activó un procedimiento de alerta temprana y dispuso protección policial a su favor y al de su hermano Manuel Inuma, debido a un riesgo calificado como alto. Sin embargo, la ejecución efectiva de las medidas en el territorio comunal estuvo limitada, entre otros factores, por la falta de recursos de la Policía Nacional para realizar patrullajes preventivos.
Un juicio de casi ocho meses
El juicio oral comenzó el 21 de enero de 2026 y se desarrolló durante casi ocho meses. En ese periodo se realizaron 31 sesiones, con la participación de 22 testigos y 13 peritos, además de la actuación de aproximadamente 76 medios probatorios documentales.
Uno de los momentos centrales del proceso ocurrió en marzo, cuando el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional se trasladó de Lima a Tarapoto para escuchar presencialmente a familiares y comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu. La medida respondió a un pedido de la familia Inuma para garantizar su acceso a la justicia con enfoque intercultural y constituyó un precedente en procesos vinculados con el asesinato de defensores indígenas.
Durante esas sesiones declararon familiares de Quinto Inuma, su hermano Manuel Inuma, actual apu de Santa Rosillo de Yanayacu, y Axeldina Barbarán, sobreviviente del ataque. Sus testimonios permitieron reconstruir las circunstancias del crimen y las consecuencias que tuvo para la familia y la comunidad.
La investigación y acusación fiscal estuvieron a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. En este proceso tuvo un papel destacado el trabajo de los fiscales Juan Alberto Orihuela Legonia y Paloma María Andaluz Queirolo, quienes participaron en el desarrollo de la investigación y en la etapa de juicio oral.
La condena de cuatro de los acusados constituye un paso importante en la búsqueda de justicia para la familia de Quinto Inuma, Axeldina Barbarán y la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. El fallo deberá ser evaluado ahora en las siguientes etapas del proceso, mientras las partes pueden ejercer su derecho a impugnar la decisión.
A casi tres años del asesinato, el caso deja además una pregunta que trasciende la responsabilidad penal individual: cómo garantizar una protección efectiva para quienes defienden sus territorios frente a economías ilegales y evitar que la violencia contra líderes indígenas vuelva a quedar sin respuesta.