Caso Lucmahuaycco: la impunidad (Primera parte)
Lucmahuaycco es un pequeño caserío ubicado en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención en el Cusco. Es uno de los nueve anexos de la comunidad campesina Incahuasi. Según el Informe de la Comisión de la Verdad, “uno de los factores determinantes para la aparición de el PCP-SL en este lugar fue que colinda con zonas convulsionadas por la subversión, como la selva de Ayacucho y la sierra de Apurímac. En el año 1984 fue elegida por Sendero Luminoso para asentarse ahí, e intentó someter a sus pobladores amenazándolos y realizando crímenes extrajudiciales”.
LA CVR recoge un testimonio: “Antes de 1984, en Lucmahuaycco vivíamos tranquilos dedicándonos a la agricultura. Aproximadamente el 18 o 20 de mayo de ese año, ocurrió el primer ingreso de los terroristas a la comunidad. Convencieron a cuatro jóvenes para que sean los que se encarguen de captar a la gente en nuestra comunidad. Los nombres de estas personas son Lucio Orozco, Cirilo Días, Gregorio Delgado y Lino Alvites”. Según la CVR: “La mayoría de los pobladores rehuía la idea de participar en las actividades subversivas, pero los representantes de el PCP-SL los forzaban a asistir a sus asambleas y escuchar sus propuestas, llegando al extremo de ejecutar a algunos que se negaron a someterse a su mandato”.
Lo que este grupo subversivo no tuvo en cuenta es que en las zonas altas del Cusco la organización campesina era bastante fuerte. Había federaciones y comités de autodefensa que se organizaron justamente para impedir que SL ingresase al Cusco. En Incahuasi se formó uno de estos comités que no supo distinguir a los senderistas de los comuneros de Lucmahuaycco que eran víctimas de esa organización. Es por ello que los denuncian ante las Fuerzas Armadas y ante la Policía y piden que intervengan. “Los ronderos comunicaron a los militares de Andahuaylas y Quillabamba y a la Guardia Civil que en Lucmahuaycco se había formado una organización de el PCP-SL y que todos los miembros de la comunidad formaban parte de ella. Esto fue porque desde un tiempo atrás había rivalidad entre la comunidad de Incahuasi y la de Lucmahuaycco por las tierras”.
Ese año hubo dos intervenciones. La primera en setiembre por parte del Ejército, y la otra en noviembre por parte de la Policía. La primera fue en setiembre 1984: Debido a las denuncias de los ronderos de Incahuasi, el alto mando de base militar de Andahuylas y jefe del operativo, Roque Panqui Salaverry Pereyra, los tenientes Valdez y Figueroa y 20 efectivos del Ejército salen en helicóptero de esa base llegan a Apaya y de ahí se van a Lucmahuaycco. Hubo matanzas y desapariciones. El hecho se investigó primero en la Fiscalía de La Convención.
La segunda intervención se produjo el 26 de noviembre 1984. 20 efectivos de la ex Guardia Civil de la 44 Comandancia de Quillabamba recibieron las denuncias de los ronderos de Incahuasi sobre la presencia de SL. Llegaron a Lucmahuaycco y mataron y desaparecieron a más de 30 comuneros. Además detuvieron a 27 pobladores que intentaban huir, entre los que había dos menores de edad, cinco adultos mayores y varias mujeres. Ellos habían sido secuestrados secuestrados por SL y llevados a Cacahupampa para servir a los subversivos. Se los llevaron caminando desde Cacahupampa hasta la comisaría de Quillabamba. Se les inició un proceso por terrorismo y por haber participado en un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Firmaron la declaración siendo analfabetos y quechuahablantes. A partir de los testimonios recogidos por la CVR, y de la sentencia del juez que absolvió a los comuneros de Lucmahuaycco, se puede afirmar que el 26 de noviembre de 1984 no hubo ningún enfrentamiento entre el PCP-SL y los efectivos del orden. El magistrado sostuvo que los acusados eran inocentes. Se les investigó, procesó y absolvió.
En el año 2003 la CVR envía al Ministerio Público este caso para que se investigue y sea judicializado. Diez años después, se inicia el juicio en la Sal Penal Nacional, en Lima. El IDL participó en la defensa de Paulo Alarcón y Juan Azpur, y luego asume la defensa de los 35 agraviados. El juicio oral acaba en 2014 con la absolución de 20 policías, 12 ronderos y 5 militares por insuficiencia de pruebas.
Juan José Quispe, abogado de las víctimas sostiene: “El año 2018 la Fiscalía y el IDL interpusieron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Este órgano absolvió a los ronderos, declaró nula la absolución y ordenó que se haga un nuevo juicio. Indicó, además, que que se debían realizar pruebas de ADN y pericias antropológicas para determinar la vinculación de los familiares con los restos encontrados”.
Se inició un nuevo juicio contra los militares y policías de la 44 Comandancia de Quillabamba. En este segundo juicio el nuevo tribunal no siguió las indicaciones de la Corte Suprema: no pidió las pruebas de ADN, no llamó a los peritos antropológicos para que testificaran. A inicios de este mes, el tribunal absolvió a los policías.
El IDL ha vuelto a recusar a la Sala por no haber querido seguir las indicaciones de la Suprema. “Hemos recusado al tribunal porque no ha cumplido con la labor de sancionar y determinar las responsabilidades de los policías y militares que violaron los derechos humanos”, manifiesta el abogado.