PRONUNCIAMIENTO

La ley APCI como garrote contra las ONGs

El pedido ilegal y abusivo del congresista Cueto

 El congresista José Cueto Aservi ha solicitado a la Directora Ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que sancione al IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por haber solicitado la elección de un nuevo Fiscal de la Nación interino, cargo que actualmente ocupa el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, investigado por la justicia en el caso de la organización criminal “Cuellos Blancos”.

El congresista Cueto cree que el Perú es un cuartel militar en el que no existen derechos constitucionales. Por ello, es importante recordarle que nuestra Constitución Política ampara el derecho de todos a la libre expresión (artículo 2,4), a participar en la vida pública (artículo 2.17) y a formular peticiones por escrito a la autoridad competente (artículo 2. 20) y también a luchar contra la corrupción. Esos derechos son inderogables.

El hecho es que el pedido del mencionado congresista tiene un tufo anti democrático porque él pretende hacer valer su posición de poder para utilizar la ley 32301 -ley de modificación de la ley de la APCI- de la manera más abusiva y burda posible contra las organizaciones de la sociedad civil que no pensamos como él.

Pero, además, constatamos que el congresista no lee las leyes que aprueba porque le pide a la directora de la APCI hacer algo para lo cual no tiene competencias. Por ello, su pedido no solo es ilegal, sino también inconstitucional porque pretende convertir a las entidades del Poder Ejecutivo -como la APCI- en una caja de resonancia de sus maniobras políticas y de sus intereses electorales.

En este caso el abuso, la prepotencia y la mediocridad del pedido se combinan con una ley anti ONG, aprobada por este congreso, cuyo único objetivo es hostigarnos y reprimirnos por cumplir con nuestra labor de fiscalización y denuncia de la corrupción, razón por la cual hemos cuestionado constitucionalmente su aplicación.

El IDL seguirá cumpliendo su labor para garantizar la vigencia de los principios y garantías fundamentales del Estado de derecho y para que las autoridades respeten los derechos de la gente. La libertad de expresión, la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia son piezas esenciales de aquel y bajo ninguna circunstancia pueden ser desconocidos o vulnerados.

Lima, 12 de noviembre de 2025