¿Quién está detrás de los artículos metidos de contrabando en la Ley anti-ONG que acaba de aprobar el Congreso?
A fines del mes de junio del año pasado se presentó el primer proyecto de ley anti-ONG que se redactó en base a seis proyectos del fujimorismo, Renovación Popular, APP, Perú Libre y Somos Perú. La propuesta contenía artículos abiertamente inconstitucionales y proponía algunas sanciones a las ONG. Ante la presión externa e interna, los congresistas postergaron la votación, pero la elección de Trump como presidente de Estados Unidos y la suspensión de los fondos de la cooperación internacional norteamericana terminó con los temores de la coalición de derecha en el Congreso de la República.
Finalmente, el 12 de marzo de este año se ha aprobado la ley que introduce nuevos artículos que no estaban en la anterior, y que fortalecen la capacidad represiva de APCI. De tres o cuatro sanciones que contenía la anterior, esta contempla alrededor de 25 sanciones con multas de hasta dos millones de soles.
Entre los artículos anticonstitucionales destaca uno que está hecho a medida para frenar el trabajo de las ONG de derechos humanos, ya que establece que las víctimas no podrán ser defendidos por los abogados de estas ONG si demandan al Estado peruano. La prohibición es explícita: no se pueden destinar recursos de los proyectos de cooperación internacional para defender a personas cuyos derechos han sido violados por agentes del Estado peruano. Por lo tanto, impiden que las ONG de derechos humanos realicen su trabajo de defensa legal como hasta ahora.
Según Carlos Rivera, director del IDL, detrás de la incorporación de estos nuevos artículos está el fujimorismo. El abogado sostiene que hay una línea de continuidad relacionada a la “Ley Rospigliosi”. Como se recordará, el Congreso aprobó una ley presentada por el congresista fujimorista que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2022, por la cual ningún hecho ocurrido antes de la fecha marcada puede ser tipificado como tal. “Pero no les está resultando como planearon. Hasta el momento hay 16 pedidos de prescripción y no han ganado un solo caso. Entonces ahora le ofrecen a sus clientes -los militares- resolver el problema de los derechos humanos con esta ley, obstaculizando la defensa legal de los casos”, afirma .
Además, el abogado sostiene que la alianza entre el fujimorismo y el Ejecutivo se fortalece con esta ley porque los casos relacionados a las muertes en las protestas de 2022 y 2023 involucran directamente a Dina Boluarte. Añade: “Si bien es cierto que no hay todavía un solo caso que tenga una acusación, pero en varios de ellos el Ministerio Público está incorporando en las investigaciones al Estado como tercero civil responsable».
En relación a las acciones legales, Carlos Rivera considera que la estrategia legal de las ONG ante esta ley debe considerar una acción de inconstitucionalidad porque es abiertamente ilegal, y está fuera del derecho internacional. “Es lo más inconstitucional desde las leyes de amnistía de 1995”, concluye.