Ministerio de Justicia realiza visita pública a Unipacuyacu para fortalecer protección de la comunidad frente a amenazas
El pasado miércoles, 13 de agosto de 2025, en una visita pública sostenida en la Comunidad Nativa Unipacuyacu (Codo de Pozuzo, región Huánuco), autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la Prefectura Regional de Huánuco, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público plantearon la posibilidad de que la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (GIPKAP) se incorpore al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MININTER) y asumieron el compromiso de explorar esta solicitud junto a las entidades estatales competentes.
La propuesta, surgida del diálogo directo entre el Estado y la asamblea comunal, busca reconocer y articular la experiencia de la GIPKAP como órgano de autoprotección territorial que la comunidad y el pueblo Kakataibo en su conjunto mantienen frente al narcotráfico y otras actividades ilegales que amenazan su supervivencia.
La delegación estatal, encabezada por Diego Reátegui Rengifo, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH, visitó el territorio de Unipacuyacu para socializar las medidas de protección otorgadas por el Ejecutivo a favor de la comunidad, a raíz de las amenazas de muerte denunciadas por dos autoridades comunales entre 2022 y 2023. En su momento, Unipacuyacu logró que el MINJUSDH emita dos resoluciones viceministeriales al amparo del Mecanismo Intersectorial de protección a defensores de derechos humanos.
Las actividades fueron dirigidas por el jefe de la comunidad, Marcelino Tangoa Maya, que contó con la asesoría legal del IDL.
En el comedor escolar de Unipacuyacu, comuneros y autoridades debatieron sobre cómo garantizar que las resoluciones viceministeriales —que incluyen mandatos al el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el MININTER y el propio MINJUSDH— se traduzcan en acciones efectivas, que sirvan a la comunidad para vivir con mayor seguridad y menos riesgos en su trabajo por la defensa de su territorio ancestral.
“Para nosotros ha sido importante esta reunión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque yo tengo una resolución viceministerial y no han cumplido con lo que está escrito. Lo que hemos exigido es que cumplan como está escrito en la resolución, porque nosotros aquí sabemos muy bien que esta comunidad no está titulada y hay muchos problemas. Y corremos riesgo como autoridad, como dirigente de esta comunidad”, detalló Marcelino Tangoa, apu de la comunidad Unipacuyacu.
Las instituciones presentes asumieron otros compromisos. Entre ellos, destacan exigir al MINAM y al Servicio Nacional de Fauna y Flora Silvestre (SERFOR) que realicen acciones de “supervisión ambiental”, como se indica en las resoluciones viceministeriales, para fiscalizar el estado de los ecosistemas en la zona y constatar la contaminación y deforestación que existen en el territorio comunal.
De igual manera, el MINJUSDH propuso involucrar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en las atenciones que demanda la comunidad por agua potable limpia. Como se conoce, Unipacuyacu ha denunciando la contaminación de sus ríos con metales pesados tóxicos por los desechos que arrojan los laboratorios de cocaína en la zona, dato confirmado por la Municipalidad Distrital de Codo de Pozuzo mediante exámenes de calidad del agua.
Director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH coordinó acciones con autoridades comunales.
Por otro lado, las autoridades comunales solicitaron al Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ucayali, un informe sobre el estado de las denuncias interpuestas por la comunidad desde la gestión del jefe Arbildo Meléndez en 2014 —asesinado por esta labor— por delitos ambientales y contra personas defensoras de derechos humanos.
“Consideramos valioso que el Ministerio de Justicia lidere el trabajo de implementar lo que ellos mismos han ordenado hace años para proteger a los pueblos que defienden derechos. Falta mucho por hacer, pero que estén aquí, que hayan reconocido la problemática de Unipacuyacu y aceptado su autonomía para defenderse es un valioso primer paso. Aspiramos a construir una experiencia de éxito en materia de personas defensoras, con el apoyo del ministerio y la comisaría de Codo de Pozuzo que se ha comprometido con el tema, y replicarla en otros casos para empezar a ver la luz al final del túnel”, afirmó Álvaro Másquez Salvador, asesor legal de la comunidad y responsable del Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos del IDL.
Para la comunidad, que aún espera la titulación de su territorio ancestral en medio de graves disputas con invasores, los acuerdos alcanzados representan un avance concreto en medio de un escenario de alta vulnerabilidad.