Muerte del juez Alfonzo Payano cuestiona protocolos del sistema de justicia para evitar coronavirus
Esta lamentable noticia pone sobre el tapete la eficacia de los protocolos que han implementado el Poder Judicial y el Ministerio Público dentro de sus instalaciones para evitar contagios por Covid19.
“La noticia del fallecimiento del juez superior Alfonzo Payano Varona de la Corte del Callao es una lamentable noticia que enluta el sistema de Justicia post estado de emergencia. Era un buen juez. Nuestras condolencias a su familia nuclear y a la familia judicial por tan lamentable pérdida ”, indica Juan José Quispe, del Área de Defensa Legal del IDL.
El abogado manifiesta que “con la muerte de Alfonzo Payano se quiebra por segunda vez el juicio del caso “Comando Rodrigo Franco”. El juez Payano Varona fue parte del Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, conformado por los jueces superiores Omar Pimentel Calle y Otto Verapinto Márquez, quienes estuvieron a cargo del segundo juicio oral contra el exministro aprista Agustín Mantilla y los presuntos miembros del denominado “Comando Rodrigo Franco”, acusados del asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral, Consuelo García y otros.
“Urge que se redoblen los esfuerzos para garantizar que se eviten los contagios entre el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y el Ministerio Público. Además, es necesario garantizar la vida de los litigantes y de los abogados que ya están retornando a presentar escritos al sistema de justicia, y de los que van a prestar declaraciones o acuden a juicio oral”, añade.
El Área de Defensa Legal del IDL propone que el presidente del Poder Judicial y del Ministerio Público privilegien el trabajo remoto de todos sus trabajadores, y los pocos que deban ir para hacer trabajos puntuales – como los que fotocopian los expedientes que entregan digitalmente a los litigantes – deben ir protegidos , hacerse la prueba del Covid19 y pasar por controles médicos.
Juan José Quispe sostiene que lo ideal es que se evite el funcionamiento del servicio presencial de justicia hasta que el virus esté en franco descenso, y que continúe el trabajo digital sin que se vulneren los derechos de ninguna de las partes procesales.