Propuestas para una auténtica y urgente reforma policial

Los dramáticos sucesos de los últimos días en los que dos jóvenes perdieron la vida producto de la represión policial, cuando realizaban una marcha de protesta, ha puesto en cuestión el funcionamiento de la Policía y  su relación con la comunidad. De igual manera, se ha vuelto a poner en debate el tema de la reforma de esta institución. Desde el IDL consideramos que este proceso de transformación puede y debe empezar en este periodo. Ponemos a disposición de las autoridades y de la ciudadanía los puntos fundamentales de nuestra propuesta.

Sobre el perfil y el proceso de profesionalización de la PNP

1.         Redefinir el perfil de la Policía en función del rol que deberá ocupar en el Perú del Bicentenario, en el marco de la Constitución, el Derecho Internacional, la Ley Orgánica de la Policía y los estándares policiales internacionales.

2.         Modificar el régimen laboral 24×24 por uno que permita la mejor distribución del capital policial para labores de seguridad (posiblemente el 6×1), pero que este también contemple mayores beneficios para el personal de la propia institución. 

3.         Orientar la reprofesionalización y modernización de la PNP a un esquema de constantes capacitaciones y evaluaciones que facilite la especialización del personal.

4.         Crear mecanismos que eviten los ascensos y nombramientos arbitrarios dentro de la institución y que sobre todo se basen en criterios meritocráticos.

5.         Modificar la malla curricular de la Escuela de Oficiales y Suboficiales para incluir un enfoque transversal de derechos humanos en los contenidos formativos que prioricen un enfoque comunitario dentro de la PNP.

6.         Fortalecer los sistemas de recolección de datos de la PNP e integrarlos con otras bases públicas relacionadas a indicadores de crimen y delito para reforzar los esfuerzos de investigación criminológica de la institución.

7.         Capacitar a todo el personal policial en materia de derechos humanos, derechos de las personas detenidas, enfoque de género, derechos de los migrantes y situación de poblaciones vulnerables. Documentos como el “Manual de derechos humanos aplicado a la función policial” deben ser interiorizados por todo el personal en sus conocimientos prácticos y aplicativos.

Sobre los mecanismos de control civil institucional de la PNP y el trabajo en comisarías

1.         Establecer mecanismos eficientes de control civil institucional de la PNP. La inclusión de gerentes de SERVIR es un ejemplo de ello. Por otro lado, se podría establecer una Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana en el Congreso a fin de que pueda cumplir un papel constante de fiscalización.

2.         Promover un enfoque comunitario dentro de la policía que permita su reencuentro con las organizaciones civiles de base como juntas vecinales, rondas campesinas, comités de autodefensa, desde una relación horizontal y dialogante. La Estrategia Institucional Vecindario Seguro de la PNP es un modelo de ello que debe ser fortalecido. 

3.         Establecer criterios claros y específicos para la designación de oficiales como comisarios. Idealmente, deberán contar con experiencia en el manejo de la participación ciudadana, ser capaces de desarrollar estrategias de acercamiento con la comunidad, ser líderes en sus comunidades, así como en la comisaría. En resumen, deberán ser los mejores oficiales.

4.         Dinamizar el rendimiento de cuentas del trabajo policial que vienen realizando desde sus comisarías en temas de producción y prevención en seguridad ciudadana a la comunidad de manera transparente y mensual. El comisario debe publicar en los paneles q se encuentran en las comisarías información de interés para los ciudadanos sobre campañas, acciones cívicas, reuniones con vecinos e información de contacto sobre los servicios con los que cuentan en las comisarías.

Sobre los soportes institucionales de la PNP

1.         Fortalecer estrategias de prevención del delito y políticas de seguridad que no solamente dispongan de la PNP como su único recurso. La Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, que interviene sobre distintos factores de riesgo desde un enfoque multidisciplinario es ejemplo ello.

2.         Fortalecer la Dirección de Rondas Campesinas del MININTER. Brindar capacitación permanente a los ronderos en temas de resolución de conflictos. Idealmente, dicha dirección debería contar con la representación de líderes ronderos.

3.         Promover la participación ciudadana como política pública, que es una alternativa viable, legítima y oportuna y que se canaliza institucionalmente a través del trabajo conjunto con las Juntas Vecinales.

4.         Empoderar a las Juntas Vecinales a través de capacitaciones constantes en temas como derechos humanos, participación ciudadana, seguridad ciudadana, políticas públicas, programas sociales, prevención del delito, igualdad de género, factores de riesgo, espacios públicos, inteligencia vecinal y liderazgo vecinal.

Sobre el uso legítimo y proporcionado de la fuerza y el rol de la PNP en las protestas sociales

1.         Eliminar la posibilidad de celebrar convenios de seguridad entre la Policía y empresas extractivas, debido al impacto pernicioso que estos tienen en contextos de conflictos sociales, los cuales -como se ha documentado- han resultado en situaciones de violencia policial y graves violaciones a los derechos humanos. Para lograrlo, una posibilidad es la creación de un tributo especial para las empresas que, por sus características, requieran realmente de un servicio de seguridad pública diferenciado.

2.         Suspender el uso de armas de fuego letales y de armas no letales cuya utilización puede constituir grave amenaza para los derechos fundamentales a la vida y a la salud e integridad física durante la intervención en protestas.

3.         Aprobar un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.

4.         Garantizar una actuación adecuada de la Policía en contextos de protesta o movilización social acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se debe evitar el uso de malas prácticas como las detenciones arbitrarias que no solo afecta derechos fundamentales, sino también las garantías de un debido proceso. En dichos contextos, se requiere que el control del orden público no devenga en un uso ilegítimo de la fuerza policial, considerando los recientes acontecimientos vividos en el país.

5.         Derogar la Ley N°31012, Ley de Protección Policial, por ser inconstitucional y violar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dejando abierta la puerta para posibles excesos del uso de la fuerza e impunidad por parte de las fuerzas del orden.

Sobre el rol de la Policía en relación a los gobiernos locales

1. Debe garantizarse la participación de los gobiernos locales en la política nacional de seguridad ciudadana, para, de manera articulada, reducir los índices de violencia, y mejorar de esta forma la calidad de vida de la población.

2. Participación activa de los comisarios en los  Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC), tanto  en la elaboración, como en la  ejecución de los planes distritales a nivel nacional.

3. Establecer la efectiva ejecución del patrullaje integrado entre las comisarías y las gerencias de seguridad ciudadana de las municipalidades. Los comisarios, como jefes policiales, tienen que ser los responsables de dicha vigilancia. De igual manera, las municipalidades deben apoyar a la Policía con la logística (camionetas, motos, cámaras de vigilancia).